En campos opuestos están los que rechazan que haya algún proyecto para fusionar los servicios de salud y aquellos que reiteran que sí lo hay y que todo es cuestión de tiempo, lo cual no sólo confunde a la sociedad, sino que genera temor de que se pierdan derechos constitucionales.

Es un asunto que ya se ha tratado en Con Usted y que nuevamente se hace por la insistencia de algunos grupos de exigir “aclaraciones” sobre el tema, las cuales han ofrecido funcionarios de los organismos del sector salud al negar tal propósito.

A ciencia cierta se desconoce de dónde surgió ese rumor, porque ninguno de los que piden explicaciones lo señala, pero que podría tener su origen en la interpretación que malévolamente alguien le dio a lo que expresa el Programa de Acción del Partido Revolucionario Institucional, que en su Artículo 61 considera que en materia de política social, “la gran reforma es establecer un Sistema de Seguridad Social Universal, que haga vigentes los derechos sociales contenidos en la Constitución”, reforma que se integra de cuatro pilares: un sistema de salud universal, una pensión básica para adultos mayores, un sistema de protección alimentaria y un seguro de desempleo.

Como una negación rotunda a lo que se ha venido propalando está el compromiso que asume el PRI, como partido en el gobierno, de tener entre sus objetivos “fortalecer y modernizar las instituciones estratégicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE y sistemas estatales) y los servicios públicos de salud, así como mejorar los procedimientos y programas institucionales para el abasto suficiente y oportuno de medicamentos, el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento hospitalario y de consulta con alta tecnología”.

Mencionar un “sistema de salud universal” fue sacado de contexto para subrayar que el gobierno federal tiene previsto concentrar todas las dependencias de salud, guardándose de comentar que el Artículo 62 sostiene que “el PRI refrenda su compromiso de mantener y fortalecer el Seguro Popular, incluso aprovecharlo para extender y profundizar los servicios de salud hasta alcanzar su plena universalidad, poniendo énfasis en la medicina preventiva, al tiempo de elevar la calidad de los servicios médicos”.

Lo descrito se puede consultar en los Documentos Básicos del Revolucionario Institucional, aprobados en la XXI Asamblea Nacional Ordinaria y declarados constitucional y legalmente válidos por el Instituto Federal Electoral en sesión del 8 de mayo de 2013.

Se plantea que el PRI impulse una reforma al sistema de salud, con el objeto de hacer posible una reorganización que responda a las nuevas realidades económicas, sociales, demográficas y epidemiológicas de México y que en coordinación con el Congreso de la Unión se tengan leyes que garanticen el abasto de medicamentos al sector salud a precios justos.

De manera clara, el instituto tricolor contrae la obligación con la sociedad, de ser coadyuvante para que mejore el sector salud y que cada dependencia responda en el ámbito de su competencia a las exigencias de la esfera poblacional respectiva.

Aunque seguirá el estribillo de quienes se han encargado de falsear los citados compromisos, es importante machacar que no hay un solo documento que establezca el más mínimo propósito de aglutinar las instituciones de salud, lo que debe tener en cuenta la sociedad para no caer en la trampa política.

VERDADES QUE CALAN

En diversas entregas se ha señalado en este espacio del amodorramiento en que están los partidos políticos locales, que en cuanto termina una elección se tiran en la hamaca y ahí permanecen hasta que se acerca la siguiente, conscientes de que tienen seguro el salario. En ninguna empresa les pagan por hacerle al faquir, por ello se aferran a los cargos directivos y socarronamente esparcen culpas cuando la sociedad les da la espalda.

Para cubrir el expediente hacen alguna declaración “bomba”, que les asegure varios días de estar en los medios y así van transcurriendo los meses sin que se observe la mínima intención de programar cursos de capacitación político-electoral y partidista entre los militantes, por lo que ante este desconocimiento que hay y llegado el momento de elegir, no acuden a las urnas o lo hacen por una opción distinta.

En una reunión que tuvo lugar la semana pasada en el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral del Estado de México, especialistas en materia electoral plantearon que se necesita una reforma al INE que elimine lagunas legales y pueda resolver problemas con partidos y candidatos.

De lo publicado por El Universal destaca la postura del profesor-investigador y experto en elecciones de la Universidad Autónoma Metropolitana, Pablo Javier Becerra Chávez, al considerar vital reducir el financiamiento a los partidos y el gasto en política. Dijo que México es un país pobre con partidos ricos, “ellos no sufren crisis económica porque hay una fórmula prevista en la Constitución para calcular su financiamiento en función del padrón”.

Al tener el dinero garantizado no se preocupan “y no están estimulados para hacer una mejor política y mejores campañas”, apuntó, en cambio “si el financiamiento se vinculara con el porcentaje de participación de los ciudadanos en las elecciones y no con el padrón electoral, me parece que los partidos se esforzarían”.

Como dirían los arqueros, Becerra Chávez dio justo en el blanco, porque si el ingreso de los partidos se hace en función del número de votos que recibieron en la última elección, tendrían que trabajar a marchas forzadas las 52 semanas del año y no como lo hacen ahora en que tan sólo aquí se reparten alrededor de 40 millones de pesos y a la hora de contar los sufragios se tiene que sólo acude la mitad de los empadronados, aunque en los comicios federales pasados fue menos del 40%.

A nivel nacional se destina cerca de cuatro mil millones de pesos a los partidos, lo que naturalmente es un insulto para un país urgido de moderación en el gasto público y ante todo que ese recurso se destine para construir centros de salud, hospitales, escuelas, crear universidades y apoyar al sector productivo para que genere empleos, entre tantas otras necesidades que hay.

Si cada partido se sostiene con lo que reciba de cuotas de sus militantes seguramente que de los 10 que están actualmente en el redondel no quedarían ni cuatro, pero en lugar de trabajar para atraer el interés de los ciudadanos es más cómodo esperar la mesada, que les brinda tranquilidad por el tiempo que les duren los cargos, de donde brincan a puestos de elección popular y de ahí a otro en la administración pública, el caso es estar en la cresta de la vida cómoda.

En este sentido, es mucho lo que deben hacer los ciudadanos para que el cuerno de la abundancia tenga un sentido estrictamente social, que quienes ocupan un cargo público o partidista reciban un ingreso austero, con lo que se cumpliría el viejo axioma de que van “a servir, no a servirse”.

ES POR DEMÁS

Sí, por más que se gasten millones de pesos en embellecer la Plaza de Armas, llegado el momento de mostrarla a los visitantes, pues resulta que está peor que hace 50 ó 100 años, en que sólo se permitía un día a la semana la venta de productos agrícolas. Lo que hoy se tiene es una serie de negocios improvisados, tanto en la plaza como en la calle peatonal de José María Chávez y en el Jardín de los Palacios, que asemejan imágenes de los zocos que había en torno al primer Parián y el desaparecido Mercado Isidro Calera. Aunque duela, pero Aguascalientes está a años luz de las ciudades europeas, basta con sintonizar los canales de televisión para constatar “en vivo” cómo es la vida común en esos lugares y qué es lo que se tiene aquí.

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