Abel Barajas 
Agencia Reforma

CDMX.- El Magistrado federal Jorge Arturo Camero Ocampo, suspendido en octubre pasado para ser investigado por presuntas inconsistencias de más de 80 millones de pesos en su patrimonio, falleció este lunes en la Ciudad de México.

De acuerdo con impartidores de justicia, el Magistrado del Décimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa murió de cáncer en el páncreas y fue velado en la funeraria J. García López, del Pedregal, al sur de esta ciudad.

Originario de Cuernavaca, Morelos, Camero tuvo una carrera de más de 25 años en el Poder Judicial de la Federación, 23 de ellos como juzgador, y en el último año fue uno de los Magistrados que había votado en favor de suspender las obras del Aeropuerto de Santa Lucía.

De hecho, la última vez que participó en una sesión del Pleno, el 10 de octubre del año pasado, emitió su voto disidente para mantener suspendido en última instancia el proyecto de la terminal aérea por probables afectaciones al medio ambiente y por falta de consulta previa a comunidades indígenas.

El mismo día, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anunció que había suspendido al Magistrado para indagarlo por supuestamente ser parte de una red de corrupción al interior del Poder Judicial.

“Derivado de la política de cero tolerancia a la corrupción, ayer el Pleno del CJF determinó suspender un Magistrado del Primer Circuito por inconsistencias graves en su situación financiera”, dijo en aquel momento el Ministro Arturo Zaldívar.

Al día siguiente, el Presidente Andrés López Obrador celebró que Camero fuera separado del cargo y reveló que la investigación era por un depósito bancario de 80 millones de pesos, que presumiblemente no tenía explicación alguna.

Antes de ser suspendido, ya había señalamientos públicos contra el Magistrado.

Uno de ellos ocurrió en 2018 cuando varias publicaciones dieron a conocer que era dueño de una casa de 17.8 millones de pesos en Paseos del Pedregal, a nombre de su hijo, pero pagada al contado; no obstante, que sus ingresos anuales eran de 2.5 millones de pesos.

Poco después, fue acusado públicamente de proteger a uno de sus hijos, acusado de abuso a compañeros en el Colegio Westhill, cuyo dueño es el empresario José María Riobóo, esposo de Yasmín Esquivel, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.