Víctor Fuentes
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el procedimiento exprés para despedir a soldados y cabos del Ejército que se ausentan de sus puestos por más de 72 horas.

La Segunda Sala de la Corte amparó ayer a un soldado del Primer Batallón de Fusileros Paracaidistas que causó baja definitiva de la Fuerza Aérea Mexicana en marzo 2018, tras la rescisión de su contrato de enganche por una ausencia injustificada de más de tres días.

En su primer pronunciamiento sobre este tema, los ministros fallaron contra el artículo 43 del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que establece el procedimiento para rescindir los contratos de enganche, por considerar que viola el derecho constitucional de audiencia previa.

Lo anterior, ya que no se contempla la notificación personal del inicio de procedimiento al soldado o cabo que está ausente de su unidad.

“El vicio de inconstitucionalidad de la disposición consiste en que en su diseño tiene preconfigurado que la ausencia del soldado o cabo ocurrió en un escenario de voluntad y que éste permanece separado de la vida castrense bajo esas mismas circunstancias (ilocalizable), de manera que resulta ocioso intentar notificarle personalmente el inicio del procedimiento”, explica la sentencia, elaborada por el Ministro Luis María Aguilar.

“Pero la realidad impone que pueden existir una multiplicidad de escenarios en los cuales el soldado o cabo no se ausentó como manifestación de renuncia material a su cargo y funciones, sino como resultado de cualquier otra circunstancia real y factible que le impidió presentarse en su unidad”.

Por ejemplo, los militares pueden tener un problema de salud, haber sido víctimas de un delito, o incluso estar privados de su libertad en instalaciones castrenses, por estar sometidos a un procedimiento disciplinario o penal, lo que es común en casos de deserción.

Con el amparo, la Secretaría de la Defensa Nacional tendrá que reinstalar al soldado José Alfredo Núñez Yépez, pagarle los salarios que dejó de percibir a partir de 2018 y, en caso de abrirle un nuevo procedimiento de rescisión, deberá respetar su garantía de audiencia y no aplicar el artículo 43 del reglamento.