Abel Barajas
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Simón Pedro de León Mojarro, ex titular de la Unidad de la Coordinación de Delegaciones de la Sedesol, hoy Secretaría de Bienestar, se convirtió en el segundo imputado que libra en una semana un caso de la “Estafa Maestra”.
Un juez federal en esta capital empleó ayer menos de 10 minutos para exponer y dictar su determinación de no vincularlo a proceso por una presunta contratación indebida de 124 millones 100 mil pesos a la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), en 2015.
Fernando Payá Ayala, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, resolvió que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó evidencias suficientes para procesarlo por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
Este es un caso donde la Sedesol entregó 124.1 millones a la UIEM por un servicio que ésta subcontrató por sólo 61 millones 222 mil 808 pesos y, a la fecha, se desconoce a dónde fueron destinados los restantes 62 millones 877 mil 192 pesos, según la FGR.
Apenas el pasado 26 de marzo, el propio Payá determinó no vincular a proceso a Francisco Javier Báez Álvarez, ex director de Programación y Presupuesto de la Sedatu, por una presunta contratación indebida de 185 millones de pesos a la Universidad Tecnológica Francisco I. Madero.
Ayer, el juez Payá encabezó una audiencia que inició a las 9:15 horas y culminó a las 12:39 horas. En los últimos 9 minutos desarrolló y emitió su veredicto.
El juzgador hizo suyo el argumento de Antonio Gómez Tenorio y Juan Luis Guzmán Escobar, abogados de De León, en el sentido que el convenio no estaba sujeto a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ni mucho menos a su Reglamento, contrario a lo sostenido por la FGR.
En la audiencia, Payá precisó que en su quinto párrafo del artículo primero, esta misma norma aclara que no es aplicable a los convenios suscritos entre las dependencias federales y las instituciones de las entidades federativas, como es el caso de la Sedesol y la UIEM.
Igualmente, dio la razón a los defensores cuando argumentaron que la norma aplicable al caso es un Acuerdo del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Bienes y Servicios de la Sedesol, emitido el 8 de noviembre de 2010, al cual efectivamente se apegó el imputado a la hora de firmar el convenio.
Antes de que se determinara su situación jurídica, De León Mojarro rechazó en la audiencia la imputación.
“Lamento mucho la imputación de la Auditoría Superior de la Federación, que califico de injusta, arbitraria e ilegal; en mis 43 años de servidor público, nunca he estado en este tipo de salas de audiencia”, dijo.
“Estoy con la conciencia tranquila, ante mi familia y, si me lo permite señor juez, también ante Dios”.
Este caso deriva del convenio de coordinación UCD/33901/010/2015, suscrito el 5 de marzo de 2015 entre la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en tiempos de Rosario Robles, y la UIEM.
Su propósito era levantar Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) en zonas rurales y urbanas con el objetivo de localizar a las personas en situación de pobreza extrema alimentaria en las 32 entidades federativas.
La FGR argumentó que De León Mojarro incurrió en una contratación indebida al suscribir este convenio sin realizar un estudio de mercado, privando al Estado de mejores condiciones de precio, calidad y financiamiento y, por ende, ocasionándole un perjuicio económico.
Luego de la resolución del juez, la Fiscalía anunció que se inconformará, por la vía de la apelación, en contra de la determinación de un Juez de Control.