La Federación debe dar libertad a los gobiernos estatales para intervenir en la logística del proceso de vacunación contra el Covid; con ello se evitarían deficiencias en el servicio y además, “seguimos en la postura de hacer compras directas del biológico, para que sea más rápida la inmunización de la población”, destacó el gobernador Martín Orozco Sandoval.

Ayer participó en la reunión de la Alianza Federalista, con sede en Monterrey, Nuevo León, donde los 10 mandatarios que integran la agrupación, se quejaron de la incertidumbre que existe en torno a la llegada del biológico a cada entidad y de la intromisión de los “Servidores de la Nación”, que nada tiene que hacer en este tema de salud pública.

Martín Orozco reiteró la disposición de los gobernadores para comprar directamente la vacuna, el problema es que no hay producción, y la que va saliendo ya está comprometida.

“No hay inconveniente en que el Ejército vigile la vacunación, pero se debe informar oportunamente de la llegada de los embarques a los municipios seleccionados, para disponer lo necesario, a fin de que sea fluida la aplicación de las dosis y no condenar a los adultos mayores a muchas horas de espera; hay quienes van a formarse desde la noche anterior y eso no se vale”.

Destacó que en diferentes entidades se observan graves problemas en el diseño y ejecución de la campaña de vacunación, por lo que urge la participación de los estados, que cuentan con la experiencia requerida para ello.

Los gobernadores cuestionaron acremente, que en dos meses el avance de vacunación en el país sea del 3%; y además se desperdicia el 20% del biológico, porque los frascos son para seis dosis y las jeringas que se usan, son para cinco.

Convocaron al Sistema Nacional de Salud a mantener una coordinación absoluta con los propios estados, para que la vacunación fluya, requiriéndose una planeación previa.

En otro tema, los mandatarios dieron a conocer la carta que enviarán al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que aceptan su invitación para formalizar un acuerdo por la democracia nacional, bajo la autoridad del INE; “que el Gobierno Federal no se inmiscuya en las elecciones”.

Consideran que debe evitarse desde el poder federal todo tinte electoral en programas sociales, el uso indebido de recursos públicos y la compra de lealtades.

Dejaron en claro que para la AF es inaceptable que se use a las instituciones de justicia para perseguir adversarios, someter o silenciar las críticas.

Se refirieron a la acusación en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a quien manifestaron su solidaridad y desacuerdo total contra su desafuero.

Señalaron que el fiscal general debe abocarse a investigar los delitos que asolan a la población y no distraerse en persecuciones políticas; y la autoridad fiscal no debe continuar con la guadaña.

No descartaron la posibilidad de que el caso Tamaulipas, sea el inicio de una embestida contra los gobernadores de la AF.