Jesús Eduardo Martín Jáuregui

El Congreso de la Unión aprobó en días pasados la Ley Federal de Extinción de Dominio, un dispositivo que dota al gobierno de un mecanismo de represión que golpeará donde mas duele, en el derecho de propiedad. Derecho que por su naturaleza proporciona a quien la detenta seguridad, estabilidad, tranquilidad, no es casual que los regímenes totalitarios pretendan limitarla o condicionarla, en tanto que en los libertarios su respeto sea dogmático.

El derecho de propiedad no es un derecho que surja de la naturaleza, no reproduce relaciones que se den en ella, no establece vínculos con un bien, sino que se crean en relación con los miembros de una comunidad. Cuando alguien se apropia de un bien no cambia nada en la naturaleza del objeto, lo único que se modifica es la consideración de los restantes miembros de un estado. Los demás aceptan el derecho de uno de ellos de obtener un beneficio de un objeto de manera que excluye a los otros. Utilizarlo, apropiarse de sus frutos e incluso, eventualmente, disponer del bien. Maquiavelo daba tanta importancia al derecho de propiedad que llegó a decir algo así como: es más fácil que un hombre perdone a quien le mató a su padre que a quien le robó un florín.

Desde luego no es la pretensión entrar en una disquisición filosófica sobre la naturaleza y pertinencia de la “propiedad” y su función particular y social, el hecho es que en el mundo la propiedad ha sido el motor del desarrollo, no se si del progreso, o para decirlo en términos de Gabriel Zaíd, el progreso improductivo, pero al menos es la mitad del incentivo para vivir según dijera Juan Ruiz, arcipreste de Hita. Claro que nuestra Constitución establece una limitante que es la llamada función social de la propiedad. La propiedad de las tierras y las aguas corresponde originariamente a la nación, que tendrá en todo tiempo el derecho inalienable de dictar las modalidades que dicte el interés público. Pero una cosa es una eventual modalidad que pudiera, en el peor de los casos culminar en la expropiación mediante indemnización y otra muy diferente la pérdida de la propiedad por el incumplimiento de un deber jurídico anticonstitucional.

Pero para tratar de dar un poco de claridad, vayamos por partes, parece razonable que un delincuente como resultado de una condena pierda los instrumentos y el producto del delito, además de que se le obligue al pago de la reparación del daño. En Colombia encontraron, sin embargo, que en torno al delincuente siempre había más personas que de concierto previo o por incuria o desconocimiento se convertían en colaboradores del delincuente, y que no siempre se colocaban en el supuesto de ser cómplices o copartícipes del delito. Decidieron apoyarse en la figura que denominaron extinción de dominio que consiste en un procedimiento diferente del juicio penal, mediante el que se priva de la propiedad al que fuera dueño de bienes utilizados en o para la comisión de un delito, o bien de los que se hayan adquirido como producto del ilícito. Así planteado parece una medida adecuada y conveniente para combatir el delito, pero, pensemos por ejemplo que usted, desprevenido lector, y que su chofer, ingenuo o inexperto, es contratado para un servicio en que trasladan de una vivienda a otra algunos aparatos eléctricos. Algunos testigos identificaron el auto y aún cuando no se localice a los ladrones, usted por el procedimiento de extinción de dominio perderá su vehículo, su concesión y su tranquilidad, aunque no haya legalmente un responsable del robo.

Otro ejemplo. Al propietario de una vivienda cercana al Jardín de San Marcos le ofrecen rentársela por la temporada de la Feria, ni conoce a los ocupantes porque el intermediario trabaja en el Patronato. Semanas después se descubre que en esa casa se tuvo secuestrado a un gallero que fue liberado pagando un rescate millonario y que fortuitamente identificó el lugar. El dueño de la vivienda la perderá en razón de la extinción de dominio, aunque nunca se logre dar con los secuestradores, porque no se cercioró de la identidad de los arrendatarios ni del uso que le darían, aunque, desde luego cueste trabajo pensar que le hubieran dicho que la rentarían como casa de seguridad para un secuestro.

La desesperación de la ciudadanía y la incapacidad e inoperancia de las policías, propician que la autoridad presione para obtener la aprobación de estas medidas que en términos generales son inconstitucionales. No tiene que acreditarse la existencia de un culpable del delito, no tiene que agotarse el procedimiento penal, basta que se acredite que el bien cuya extinción de dominio se procura se haya usado en la preparación o en la comisión del delito o se haya obtenido como producto del ilícito, aunque el dueño actual nada tenga que ver, salvo la celebración de un contrato lícito con el delincuente. Y es que en esta ley se invierte la carga de la prueba, creando el deber jurídico de cerciorarse de la identidad de su contratante, de su motivación, de su finalidad, de la pureza de sus intenciones, en vez de que sea la autoridad la que le tenga que probar responsabilidad. Es decir, la presunción de inocencia se relega.

Originalmente esta figura se pensó para aplicarse en casos de delincuencia organizada y al crearse en México en tiempos del presidente Calderón se previó su aplicación para cuatro delitos. La nueva ley se pretende aplicar a casi 250 tipos penales, lo que la convertirá en un instrumento, no de sanción para los delincuentes, sino de amenaza y de represión contra el que se sospeche connivencia o participación en conductas antisociales, aunque no se pruebe la existencia del delito. Sin una sentencia que determine la existencia del delito y la responsabilidad penal del delincuente, no debería sancionarse a nadie por la presunta participación y por medio de un proceso administrativo o jurisdiccional no penal.

Esta ley de Extinción de Dominio, si no es frenada por el Ejecutivo y apuesto pesos contra nalgadas a que no lo hará, desatará una cascada de amparos, la promoción de acciones de inconstitucionalidad, el berrinche del Presidente y los ataques al Poder Judicial y a la CNDH.

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