Durante una conferencia en el Congreso Especializado en Oralidad Penal, la Doctora en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de San Luis, Paola de la Rosa, destacó la necesidad de regular las videograbaciones utilizadas como pruebas en juicios penales, tanto de sistemas de vigilancia públicos como privados. De la Rosa señaló que, aunque el uso de videocámaras está aumentando, falta una normativa clara que rija su aplicación.
Explicó que en otros países, las entidades públicas que utilizan cámaras de vigilancia deben registrarlas para facilitar su identificación por parte de personas y autoridades. Esto simplifica el uso de las grabaciones como pruebas y ayuda a garantizar el derecho a la privacidad mediante la eliminación adecuada de estos materiales.
La experta también subrayó la importancia de establecer un período máximo de conservación de las grabaciones para fines de utilidad y el procedimiento para solicitar la eliminación de imágenes. Mencionó que, si bien existe alguna normatividad sobre el uso estatal de las videograbaciones, aún falta una reglamentación precisa que aborde cómo estas pueden servir como pruebas en espacios tanto públicos como privados, evitando la autoincriminación.
Finalmente, De la Rosa añadió que las grabaciones de audio y las escuchas también requieren regulación, considerando el derecho a la privacidad para definir claramente bajo qué condiciones estas pruebas son válidas para determinar si una persona ha cometido un delito.