Estimados lectores, continuamos con la serie de reflexiones relativas a la pertinencia de “remunicipalizar” la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en el municipio de Aguascalientes, una discusión estéril, (me acuerdo haber leído en mi libro de ciencias sociales en secundaria sobre las llamadas “discusiones bizantinas”, no hay mucha diferencia). Un servicio que independientemente de que lo preste un particular no deja de ser competencia municipal, siempre lo será, la diferencia estriba en que un municipio asuma y ejerza la responsabilidad y rectoría. Incluso existe una figura que el derecho administrativo contempla como “Concesión” la cual se otorga unilateralmente a un particular para que preste los servicios, aún así no deja de ser municipal, la autoridad debe comportarse como un patrón de esa empresa por así decirlo.
¿Qué pasó entonces en Aguascalientes entre la relación de concesionaria y Municipio? Simplemente las malas prácticas administrativas y de gestión que predominan en el servicio público mexicano de rotar personal, en donde no importa la experiencia ni resultados, sino lealtades de grupos políticos, así como el llamado pago de favores electorales, ha impedido la profesionalización, así que a lo largo de CCAPAMA hubo directivos que el tema de agua y regulación (lo que debe ser regulación hacia la concesionaria no se realizó) no les interesó fueron operadores políticos en la pugna por posiciones de poder. Así que ¿Y los servicios de agua? No fueron de interés, además que no fueron comprendidos.
La semana pasada hice alusión a las opiniones vertidas en este diario hace unas semanas por una “experta de ONU” procedente de Canadá, hablando de las experiencias en California, pero como lo aseveré, la fortaleza institucional en los países vecinos del norte y socios comerciales presentan una enorme brecha, porque en México no existe continuidad. También mencionó que el Gobierno Federal tiene obligación de cumplir con el respaldo financiero hacia las necesidades del Municipio porque se trata de cumplir con el derecho humano al agua contemplado en nuestra Constitución, hasta ahí todo parece perfecto, pero aquí comienzan los problemas del cómo se ejerce el derecho y esas malas prácticas que hice mención en el párrafo anterior.
Cierto que el derecho humano al agua está establecido en nuestra Constitución, pero desde hace 11 años jamás se trabajó en la Ley Reglamentaria que en esa misma reforma se ordenó, no hubo intención, además de que la pugna de intereses y lo peor, las “taras ideológicas” estás últimas suelen ser tan nocivas como las “taras religiosas”. No permitieron concretizar un avance en esa legislación, si bien no eran perfectas, pero tampoco se dio el afán de conciliar y construir en las diferencias. Ahora se han visto otras iniciativas, fuera de foco y con la confusión de qué es el derecho humano al agua, increíble que aún no se defina, ni se entienda que es. Con este propósito la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado claro en sus publicaciones lo que debe entenderse, así como también lo ha dejado en claro en sus sentencias.
Recapitulando, el Gobierno Federal no cuenta con mecanismos para ser obligado mientras no exista una ley, tampoco tiene interés, como sucedió a principios del 2020 en el que el titular del Ejecutivo Federal manifestó que no respaldaría una ley de agua porque cualquiera que fuera la línea de esa ley, siempre será impopular para algún sector, manifestando que no quería pagar los costos políticos, pues lo más importante para él no era perder votos, sino ganar la mayoría en el 2021, incluso el propio presidente públicamente mencionó que los municipios solucionen sus problemas cobrando los servicios y el predial.
La semana anterior hice mención de lo que considero son las 17 debilidades de los organismos operadores en México, las cuales publiqué hace algunos años, y eso es lo que ha impedido que los más de 2 mil 500 organismos operadores que se tienen registrados en México padezcan rezagos, y a estos no tarda lamentablemente en sumarse el Municipio de Aguascalientes. Las administraciones públicas en la toma de decisiones deben tener el valor de asumir los costos políticos pues algunas medidas no son populares, pero son lo mejor para los ciudadanos, pero las medidas populistas que no tienen color partidista se orillan a no pagar costos políticos para permanecer en el poder u obtener ganancias personales, aunque sus decisiones terminen por afectar en el mediano y largo plazo a la ciudadanía y la propia sustentabilidad del recurso agua. Nos vemos la próxima semana.
No olviden la importancia de emprender acciones que permitan que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.
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