Víctor Hugo Granados Zapata

La segregación, según la RAE, consiste en aquellos actos en los que se “separa y marginaliza a un grupo de personas por motivos políticos, sociales o culturales”, esto enfocado en el contexto educativo sería cuando una alumna o alumno es víctima de una separación y marginalización por parte de un instituto educativo, es decir, una escuela. Éste panorama se vuelve más complejo cuando hablamos de México ¿qué no se supone que la comunidad latina en general es incluyente y diversa? ¿Podríamos tener problemas de esta índole en las aulas de nuestro país? La respuesta es un triste sí y lo peor es que esta segregación se da por buenas intenciones.

Antes de explicar este fenómeno, necesitamos comprender cómo opera la segregación escolar. En Estados Unidos, durante la primera mitad del siglo XX, existían un conjunto de legislaciones llamadas Jim Crow Laws o “Leyes de Jim Crow”, cuyo objetivo era el de generar una serie de regulaciones que permitieran separar a las personas blancas y a las personas afrodescendientes en casi cualquier parte de la sociedad. Estas leyes iban desde determinar cuáles bebederos eran para personas blancas/negras, qué asientos debían tomar en los autobuses, dónde podían sentarse en la vía pública y, lo que nos lleva a este ejemplo, en cuáles escuelas podían ser admitidos. Este conjunto de legislaciones, evidentemente racistas, le daba continuidad a la supresión de los derechos civiles de millones de personas afroamericanas, sobre todo en el sur de dicho país, lo cual derivó en el caso de Brown vs Board of Education en 1957 (el caso es de una alumna, Linda Brown, quien acusaba que el conjunto de leyes educativas de su entidad “separados pero iguales” violentaban la Constitución, específicamente la cláusula sobre protección igualitaria), donde la Suprema Corte de los Estados Unidos emitió un fallo en el cual consideró inconstitucional la segregación racial en las escuelas. Este fue el primer gran paso en la historia moderna donde, desde el litigio estratégico (conducido por la NAACP y personas como Thurgood Marshall antes de llegar a ser ministro de la corte) lograron exponer que la segregación escolar siempre está mal justificada con base en una legislación, la cual siempre tiende a ir en contra del ordenamiento constitucional.

En el caso de México, la segregación se practica desde un enfoque diferente. Si bien, la segregación racial está totalmente prohibida en cualquier escuela (pública o privada), con base en los artículos 1° y 3° Constitucional, la segregación se da hacia un sector de la población que se cree, erróneamente, deben separarse del resto de las escuelas: las personas con algún tipo de discapacidad. La educación especial, según el artículo 41 de la Ley General de Educación, tiene como propósito “[…] identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta, de comunicación, así como aquellas con aptitudes sobresalientes”, es decir, su objetivo es buscar que se implementen las medidas necesarias para que cualquier persona que tenga un obstáculo de esta naturaleza en su aprendizaje pueda tener una educación de calidad ¿cómo se busca garantizar esto? A través de la creación de centros de enseñanza especiales. En estos centros, llamados específicamente “Centros de Atención/Acción Múltiple” (CAM) se imparten clases enfocadas a personas que requieren este tipo de apoyo, sobre todo están dirigidas a alumnas y alumnos que tienen algún tipo de discapacidad, lo que nos lleva a cuestionarnos ¿por qué se debe separar a dichos estudiantes con el resto de las escuelas?

Lo anterior podría explicarse, en un inicio, porque se requiere de materiales didácticos diferentes, personal docente capacitado para brindar educación especial, infraestructura adecuada, etc.; o bien, otra posible respuesta podría ser a la exposición que tendrían dichos alumnos con el resto de sus compañeros que no tienen alguna de estas características y generar un entorno con bullying, acoso escolar, etc. Suena lógico que a raíz de lo anterior se hayan creado escuelas separadas, sin embargo ¿no estaríamos segregando a las y los estudiantes que cuentan con algún tipo de discapacidad con el resto de la sociedad? ¿no se supone que se requiere de mayor inclusión en las aulas? ¿no se está discriminando a dichos estudiantes?

Estos cuestionamientos llegaron a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2017, donde resolvieron a través de un amparo en revisión (714/2017) que la educación debe ser inclusiva y que las personas que cuentan con algún tipo de discapacidad tienen el derecho de aprender junto con las demás personas, lo cual vuelve inconstitucional un sistema de educación “general” y otro “especial” que tenga como finalidad la segregación del sistema educativo. Una de las medidas que se pueden optar para cumplir lo anterior es el criterio de los “ajustes razonables”, es decir, un criterio legal que le obliga a las escuelas (y autoridades escolares) a realizar modificaciones a la infraestructura escolar o capacitación docente dentro de sus posibilidades económicas, para garantizar un entorno de inclusión. Por lo tanto, todas las escuelas deben adaptarse a las necesidades de las alumnas y alumnos, no al revés.

La decisión de la Corte suena algo compleja, ya que hablamos del reacondicionamiento de todas las escuelas del país y, al mismo tiempo, la capacitación de millones de docentes para generar un entorno de inclusión efectiva; y en el mismo sentido, comenzar a generar programas de socialización para que se les pueda enseñar a las niñas y niños a convivir con compañeros que poseían características diferentes. No es una tarea sencilla y tampoco puede surgir de la noche a la mañana, la sola elaboración de programas de inclusión podría tardarse años en realizarse. Sin embargo, ninguna persona elige cómo nacer y en qué condiciones, lo que nos queda a nosotros que no vivimos alguna de estas circunstancias es buscar la manera de integrarnos, que todas y todos como sociedad abandonemos los sistemas de segregación. Casos como el de “Citlali” (AR 272/2019) en el Estado de México (una niña fue rechazada de todas las escuelas públicas porque tenía síndrome de Down y provenía de una comunidad Mazahua) nos demuestran la urgencia de comenzar a implementar medidas de inclusión en todo el país ¿cuántas niñas y niños deberán sufrir y padecer de esta discriminación? Debemos optar por cambiar nuestro modelo de educación “general”, por el bien de todas y todos los estudiantes.