Varios grupos de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social exigen que el suministro de medicamentos y las citas con los especialistas sean con la regularidad debida, porque aún cuando es un asunto que no ha hecho crisis está presente en los hospitales y unidades de medicina familiar.

Es un problema que viene desde administraciones federales pasadas y que la actual sólo promete que se va a normalizar, pero pasa el tiempo y el surtido de las recetas es limitado, ya que en ocasiones falta una parte de lo que el médico recetó, principalmente los llamados “controlados”, por lo que no hay el orden que corresponde para lograr una mejoría.

Se concibe que no sea culpa de los empleados sino de las oficinas centrales que no envían el suministro necesario, por lo que tienen que dar varias vueltas hasta que logran que les entreguen lo que requiere para su restablecimiento.

En lo que se refiere a las citas con los especialistas, hay quejas porque de última hora se cancelan y se reprograman hasta por seis meses, lo que fue aún peor en la etapa de la pandemia, al suspenderse desde que hizo su aparición hasta el año pasado, lo que pudo haber provocado fallecimientos por falta de atención o que se dificulte más el período de recuperación.

Hay inconformidad porque el presidente de la República dispuso el traslado de las oficinas centrales del IMSS a Michoacán, para lo cual se destinarán miles de millones de pesos en la construcción de los edificios, indemnización de los trabajadores que se niegan a salir de la capital y contratación de personal, por lo que consideran que antes debió destinar recursos para remediar las dificultades que hay en diversos lugares del país.

El Seguro Social es la institución con mayor número de afiliados y de sus dependientes, lo que obliga a tener una atención especial en su desempeño y que en el caso de Aguascalientes ha logrado una labor que en muchos aspectos reciben el reconocimiento social, principalmente por su exitosa campaña de donación de órganos, pero se requiere que también se tenga este interés en lo que se refiere a la entrega de los medicamentos, que por su alto costo está fuera del alcance de las familias obreras, por que no tienen otra opción que esperar a que las entreguen en la farmacia del propio Instituto.

Es difícil precisar cuántas personas han fallecido por falta de las medicinas, por lo que sólo se registran las protestas de quienes no las han recibido y sin que se tenga la certeza cuándo, finalmente, las obtuvieron y por esta tardanza se agravaron sus males.

Otro de los asuntos que están en discusión es que el crecimiento de infraestructura y servicios está rezagado ante el aumento de la derechohabiencia y reiteran que se requiere contratar más especialistas para que se encarguen de atender las demandas.

El secretario general de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, José Alfredo González González, consideró que hace falta un cuarto hospital, porque con los que hay resulta insuficiente ante el crecimiento de afiliados. Al igual que ocurrió con el tercero, en el que él fue uno de los principales impulsores para se construyera, ahora lo hace para que se tome en cuenta esta demanda y que ojalá sea en la actual administración federal.

Sostuvo que las necesidades están presentes, tomándose en cuenta que si tan sólo el año pasado se crearon 10 mil empleos directos, esto significa que junto con sus dependientes se convierten en cerca de 45 mil nuevos derechohabientes, por lo que se requiere adelantarse a las exigencias.

Es de esperarse que como máximo líder obrero en la entidad siga presionando a las oficinas centrales para que consideren esta exigencia y con ello evitar que se agranden los problemas en los tres hospitales generales.

PITORREO PARTIDISTA

Ante la mirada pasiva y hasta complaciente de la autoridad electoral local, varios de los partidos que participan en las campañas a la gubernatura se pasaron por el arco del triunfo el Código Electoral del Estado, que prohíbe entregar obsequios los ciudadanos, al considerarse que son una especie de “gancho” para inclinar su voto.

El artículo 162, último párrafo, de dicho ordenamiento dispone: “Está estrictamente prohibido a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o persona alguna, la entrega de cualquier material en el que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, sea por si o por interpósita persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con la LGIPE, y este Código y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener el voto”.

En las últimas semanas fue común observar el reparto de cachuchas, playeras, delantales y otros regalos, por lo que en cualquier parte hay personas que “orgullosas” exhiben lo que supone es su preferencia política, al mismo tiempo que al hacerlo en público sirve como promoción de la candidata en cuestión.

Fue como volver al pasado, donde fue algo común, pero entonces no estaba regulado, por lo que la presencia de los aspirantes a un cargo de elección popular se convertía en un día especial en el que varios de los asistentes recibían un obsequio, que en algunos casos llegaron a ser chamarras y playeras o blusas, que al usarlos automáticamente los convertía en propagandistas gratuitos y es lo que hoy se volvió a vivir, sólo que ya está prohibido, pero esto es peccata minuta.

Más que los mensajes de las abanderada lo que importaba era hacerse de algún recuerdo, por lo que hubo lugares en donde se aglomeraban en torno a los encargados de distribuirlos, mientras por el sonido se escuchaba las arengas que mezclaban con algunos compromisos, una con buen timbre de voz, otra con chillidos y una más que lo hizo pausadamente o aquella que hablaba tan rápido que poco se podía retener,

Como si fuera un secreto de estado no se menciona si habrá alguna sanción para los que violaron el Código Electoral, pero al no haber habido ni siquiera una llamada de atención es porque se pasó por alto algo tan elemental como el desequilibrio entre las candidaturas, ya que la que tuvo más recursos fue muy dadivosa, en cambio quien se apegó a la disposición legal sólo tuvo acceso a los comentarios en los medios.

Lo único positivo es que hoy es el último día de escuchar las 24 hors del día y en todas las estaciones de radio los mensajes de las aspirantes, que de tan repetitivos resultó un castigo auditivo.

EN ALERTA LA ACIUAA

Lo que es a todas luces un atropello por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha provocado que la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes estén en extrema alerta, al exigirles que presenten declaración patrimonial y de intereses, pese a que no son empleados públicos. El propósito es presentar un amparo colectivo para evitar que sancionen a quienes se nieguen a cumplir con esa exigencia, lo que es sólo aplicable a los empleados públicos de todos los niveles. Consideran que no hay bases legales para hacerlo y aun peor, que se les haga saber mediante mecanismos informales como mensajes y ligas compartidas por medio de WhastsApp y por redes sociales y equipo de cómputo de la institución, en que se les convoca a que cumplan con este ordenamiento. Su rechazo se fundamenta en que el Artículo 108 Constitucional señala claramente que esta obligación es sólo de los empleados públicos de todos los niveles, pero no de los maestros universitarios. El catedrático y notario público Arturo Guadalupe Orenday González, estableció que hay tesis de tribunales colegiados que señalan como un error asumir a núcleos laborales que no son parte de la burocracia. Seguramente que el Gobierno está urgido de hacerse de todo el dinero posible para sufragar las obras presidenciales y los programas sociales, pero no vale que inmiscuya a quienes no deben presentar ese tipo de declaración.

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