José Antonio Guerra Caparrós, delegado de la Prodecon, informó que la queja más común este año se relacionó con el Servicio de Administración Tributaria con más de 500 asuntos de los 620 presentados ante esta Procuraduría, donde la reclamación de devolución de impuestos es la causa más frecuente por la cantidad de 132 millones de pesos.
Precisó que la queja es un procedimiento sumario de salvaguarda de derechos que puede terminar con una recomendación pública, aunque la intención es finiquitar los problemas antes de que se emita dicha recomendación, y hoy en día en el 80% de los casos así sucede.
En materia de asesorías, dijo que la Prodecon ha atendido a 3 mil 200 contribuyentes, donde esta delegación se mantiene como la oficina con mayor afluencia de personas físicas y morales en búsqueda de orientación a nivel nacional, de acuerdo a su tamaño como entidad federativa.
Luego, mencionó que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ofrece el servicio de representación legal, es decir, se convierten en los abogados gratuitos de las personas físicas y morales, y en esta área se tiene una limitante para atenderlos, lo que significa que el adeudo o el crédito histórico, sin incluir multas, recargos y actualizaciones, no superen los 799 mil pesos.
Hasta la fecha, la Prodecon ha procedido con más de 200 juicios gratuitos en favor de los contribuyentes; aunque se ha ofrecido el recurso de la queja para aquellos causantes que su crédito histórico supera los 800 mil pesos y que no se les puede apoyar con representación legal gratuita ante los tribunales competentes.
Este año, la Procuraduría ha registrado 19 acuerdos conclusivos solicitados por los contribuyentes, se ha incrementado el número de casos de esta figura jurídica, donde los contadores y los abogados conocen más esta alternativa de solución a problemas fiscales.
Sin embargo, aseveró que los empresarios necesitan conocer más esta figura jurídica fiscal, ya que a pesar de los acercamientos a organismos empresariales, asociaciones y especialistas fiscales, la solicitud de este recurso se encuentra baja, a pesar de las bondades de los acuerdos conclusivos.
José Antonio Guerra Caparrós sostuvo que la decisión de acudir a los acuerdos conclusivos debe permear primero en los asesores de los contribuyentes, para que les digan que antes de que les emitan un crédito fiscal derivado de la visita domiciliaria, la revisión de gabinete o las revisiones electrónicas, y que derivaría en un litigio que duraría dos años, se puede recurrir a un acuerdo conclusivo que permite pactar dentro de la ley con la autoridad, utilizando a la Prodecon como intermediaria.
Finalmente, el funcionario comentó que esta figura representa un abanico de oportunidades y la población causante no comprende su potencial para resolver sus problemas fiscales. La Prodecon es la instancia rectora para la implementación de este esquema.
