Claudia Salazar 
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Representantes del PRD y MC exigieron al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, que compruebe ahora las acusaciones hechas por Emilio Lozoya contra el ex Presidente Enrique Peña Nieto y el ex Canciller Luis Videgaray.

Esto con la finalidad de que las quejas no queden en dichos de que solo obedeció sus instrucciones para financiar la campaña presidencial del 2012 y repartir sobornos a legisladores.

“Los mexicanos queremos que se acabe la corrupción y se presenten pruebas para poder castigar a los funcionarios que incurrieron en esas prácticas.

“Ojalá no sea una cortina de humo esta denuncia. Debe haber justicia. Las investigaciones deben ser al más alto nivel”, declaró Ángel Ávila, de la dirigencia nacional del PRD.

Señaló que no debe haber tratos de privilegio para nadie y que la Fiscalía debe investigar lo dicho por Lozoya.

Indicó que por la forma en que se han dado los sucesos, el ex director de Pemex se está prestando al “circo” del Gobierno para librar la cárcel.

Consideró que las denuncias de Emilio Lozoya debieron darse en el momento en que el ex Presidente y su Secretario de Hacienda le ordenaron recibir sobornos.

“¿De verdad piensa que gente le creerá su versión de que era una ‘blanca paloma’ y que fue ‘utilizado’ por sus perversos jefes? ¿De verdad que Lozoya era un funcionario ingenuo que se dejó ‘manipular’? ¿Acaso no tiene criterio propio para negarse a realizar estos supuestos actos de corrupción? ¿Por qué se prestó a cometer esos delitos y no los denunció en su momento? ¿Hace estas declaraciones para poder librar la cárcel?”, cuestionó.

“Lozoya se está prestando al circo de la 4T y del presidente”, aseveró Ávila.

Apuntó que Peña y Videgaray deben responder ante estas acusaciones, pero que no se quiera tomar el pelo a la gente sobre la inocencia de Lozoya.

Agregó que tuvo que ser un particular quien denunciara al ex Presidente, pues, afirmó, sigue un pacto entre el Gobierno federal con Peña para no investigarlo.

Por su parte, el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, sostuvo que la declaración de Lozoya habla de lo que se ha practicado en el País por varios años, como el financiamiento ilícito de campañas o los sobornos a los políticos.

Sin embargo, alertó, falta que el Fiscal Gertz realice la investigación correspondiente para que no quede solo el manejo político del caso por parte del Presidente de la República.

“Lucha contra la corrupción sí; justicia y aplicación de las leyes sí; uso político de la justicia en la aplicación de las leyes, no; pruebas y procedimientos jurídicos impecables, sí. Esa debe ser nuestra consigna y nuestra divisa”, demandó el coordinador parlamentario.

Condenó que en todo momento el Presidente Andrés Manuel López Obrador haya aprovechado el caso para explotarlo políticamente, sin que hasta ahora se haya llegado a la procuración de justicia.

“La Fiscalía General de la República debe hacer su trabajo y el Presidente no debe interferir en esos temas.

“Entonces no puede ni debe haber un uso político de esto y, el segundo tema, es que la investigación no solamente debe revelar declaraciones como es el caso, sino debe llegar hasta que se comprueben los ilícitos y se aplique la justicia”, consideró.

Cuestionó que se denuncien delitos electorales del pasado reciente, pero hay miembros del gabinete actual que han sido señalados por hechos similares, lo que muestra una aplicación dispareja de la justicia.

A su vez, el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, festejó que las declaraciones de Lozoya muestren la lucha contra la corrupción del actual Gobierno y el fin del régimen corrupto de Peña Nieto.

“Se llevaron el recurso del pueblo, abusaron de la confianza de la ciudadanía; por esos celebramos que la FGR se aplique a fondo y también a las instancias públicas que les corresponde no dejen ningún acto de corrupción sin denunciar”, dijo el legislador del PT.

Agregó que espera que Poder Judicial cumpla con su cometido de forma transparente y no permita ningún acto de impunidad, para que no se salgan con la suya los “sinvergüenzas” que robaron a México.