Claudia Salazar
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Las diputadas federales Martha Tagle y Verónica Juárez exigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que no minimice el fenómeno de compra-venta de niñas y adolescentes en comunidades indígenas y que su Gobierno haga algo para tratar de detener esta situación.

Urgieron que reconozca el problema para poder enfrentarlo, porque es un tipo de trata de personas que se da en comunidades indígenas, con la tolerancia de los usos y costumbres, pero que es ilegal y que violenta a las mujeres.

Ayer, el Presidente López Obrador dijo que es clasista y racista atribuir la venta de niñas a las comunidades indígenas, al asegurar que es una práctica que se da en todas las clases sociales. Incluso, aseguró que tal situación no corresponde a la realidad que conoce en las comunidades, en particular en Guerrero.

De Movimiento Ciudadano, Tagle señaló que el hecho de que el Presidente generalice y acuse de clasismo o racismo, contribuye a seguir reproduciendo la violencia machista atrás de estas prácticas.

“La avala, es permisivo, así como lo hace siempre que se habla de violencia contra las mujeres, sale a relucir su visión conservadora y misógina. Es grave cuando viene del titular del Ejecutivo, pues hacia abajo se minimiza el tema y se nulifican esfuerzos para combatirla.

“Nadie niega que existe la trata de niñas y niños con fines de explotación sexual o incluso laboral en todo México y en el mundo, pero dentro de esa práctica está la que se da en ciertas comunidades y pueblos indígenas, que se justifica con los usos u costumbres, pero que es violencia marchista para vender niñas, forzarlas a matrimonios o para llevarlas a las ciudades a hacer trabajo doméstico, y están prácticamente en una situación de esclavitud”, mencionó la legisladora.

Esto es diferente a otras situaciones de trata en la que hay redes de tratantes y constituyen delincuencia organizada.

“La venta de niñas indígenas se normaliza porque generalmente se da en acuerdos entre particulares, con la promesa de darles trabajo, a cambio de una dote o para garantizarle un matrimonio”, abundó.

La diputada Verónica Juárez, coordinadora del PRD, manifestó que existe mucha evidencia que el Presidente debería conocer sobre el fenómeno de la venta de niñas, para que no evada el tema con demagogia sobre el “pueblo bueno” y “los valores culturales”

“La problemática no radica, ciertamente, en la presunta existencia de ‘pueblos malos’ o ‘comunidades malas’ en algunas entidades, pero tampoco la solución radica en ignorar que en varias partes de la República, incluidos algunos pueblos y comunidades de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, se vende a las niñas y adolescentes por razones económicas, sociales y hasta culturales, pero cuyo resultado es su agravio y victimización”, manifestó Juárez.

La coordinadora perredista urgió a que haya políticas públicas, programas y acciones coordinadas entre todos los niveles y órdenes de Gobierno de todas las entidades de la República para enfrentar este problema, ya que, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la mayoría de los ilícitos, incluido el de trata de personas, son del fuero común.

“El que los delitos mayoritariamente sean del fuero común ni quita ni minimiza la responsabilidad de las autoridades federales, pues, evidentemente, hay varias leyes que le atañen que son violadas y que obligan a su intervención”, expuso.

Exigen intervención de la Procuraduría del menor
Ambas legisladoras presentaron en la Comisión Permanente del Congreso puntos de acuerdo para que haya una intervención de las autoridades en el problema de la venta de niñas y adolescentes en diversos estados del país.

Juárez Piña planteó un exhorto a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a intervenir para evitar la venta de niñas y adolescentes.

Pide que haya coordinación con todas las autoridades que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, con los Gobiernos de las entidades federativas y con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para implementar medidas efectivas para evitar el matrimonio forzado de niñas menores de 18 años o su venta.

Sostuvo que estas prácticas, además de ser contrarias al artículo cuarto de la Constitución, contravienen diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Agregó que pueden configurarse diversos tipos delictivos contenidos en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de estos delitos.

Tagle propuso en la Comisión Permanente del Congreso también pedir al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a que investigue y sancione a quienes resulten responsables de la venta de niñas en el Estado de Guerrero, para garantizar que las niñas ejerzan sus derechos y vivan una vida digna.

Pide a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Fiscalía General de la República y a su homóloga en el Estado de Guerrero, a fortalecer todas las acciones necesarias para prevenir, investigar y erradicar todo acto de violencia y abuso infantil ante el incremento del fenómeno de venta de niñas en dicha entidad federativa.

También, exhorta a Mercedes Calvo Elizundia, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Estatal Guerrero, a tomar las medidas necesarias para atender e investigar la venta de niñas en dicha entidad federativa.