Rolando Herrera
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En las últimas tres cuentas públicas fiscalizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), una de cada cinco auditorías fue concluida sin hallazgos, es decir, sin ningún tipo de acción prescrita por los auditores, revela el estudio “La ASF y la fiscalización superior en tiempos de mayorías”.
El documento, elaborado por México Evalúa y la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, señala que para las Cuentas Públicas 2016, 2017 y 2018, en mil 169 auditorías de un total de 5 mil 349 la ASF no emitió ninguna recomendación ni instruyó el fincamiento de responsabilidades administrativas, patrimoniales o penales.
La mayoría de las auditorías que son concluidas sin ningún tipo de observación -ocho de cada 10- fueron practicadas a las entidades federativas pese a la enorme cantidad de recursos que ejercen, por ejemplo, en 2019 en su conjunto les fueron transferidos recursos federales por 1.9 billones de pesos.
“Revisar al cien por ciento los recursos que se transfieren a los estados es un reto enorme, aún más si se busca profundizar la fiscalización mediante el enfoque de cumplimiento financiero, esquema bajo el cual se suelen practicar las auditorías a los recursos transferidos a estados y municipios”, considera el estudio.
Entre los factores que inciden en que más de mil auditorías hayan concluido sin hallazgos, establece, están algunas restricciones técnicas que enfrenta la ASF, así como recursos financieros y humanos acotados para realizar una revisión exhaustiva del gasto federalizado.
“Las circunstancias exigen que la ASF realice tiros de precisión, que defina criterios de fiscalización sustentados en muestreos representativos -tanto para la determinación de auditorías como para la revisión de información en la ejecución de auditorías y el seguimiento de acciones- y análisis de riesgos, así como un esquema de coordinación transversal más eficiente con las dependencias encargadas del control interno y las entidades de fiscalización estatales”, indica.
Otro reto que enfrenta la ASF, señala el estudio, es mejorar el sustento de las acciones que emite y dar un seguimiento más efectivo a cada una de ellas con el fin de que sean acatadas y se sancione a los responsables que incurrieron en faltas o bien se resarza el daño patrimonial causado a la hacienda pública.
De 2000 a 2018, indica, la ASF emitió de 22 mil 997 pliegos de observación -presuntos daños al erario público y, de ellos, en el 57.4 por ciento (13 mil 192) la ASF no logró sostener la irregularidad, el 32.4 por ciento (7 mil 457) se encuentran en seguimiento y solo en 10.2 por ciento (2,348) se confirmó la irregularidad.
“La efectividad en la confirmación de las irregularidades, la determinación de los resarcimientos consecuentes y su reintegro al erario delinean uno de los rubros críticos de la fiscalización superior”, señala.