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Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 9-Feb.- Una juez federal de Nuevo León prohibió en forma indefinida privar de la libertad personal al ex Gobernador Rodrigo Medina, en el proceso al que está  vinculado por los delitos de peculado y contra el patrimonio del estado.
La Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, Beatriz Joaquina Jaimes, otorgó al ex mandatario priista la suspensión definitiva contra actos del Juez de Control del fuero común para que no sea detenido ni privado de su libertad por esa acusación.
El fallo fue dictado en el juicio de amparo 55/2017, promovido por Medina contra el auto de vinculación a proceso que lo llevó por unas horas al penal del Topo Chico, el pasado 26 de enero.
Jaimes estableció que Medina deberá pagar una garantía de 100 mil pesos, para que se haga efectiva esta protección de la justicia, de acuerdo con un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal.
“(La) garantía se fija de manera discrecional atendiendo a lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley de Amparo, conforme a la naturaleza, modalidades y características de los delitos imputados al quejoso, es decir, peculado y contra el patrimonio del Estado, sin que se tenga información acerca del daño imputado”, establece el órgano judicial.
Según el fallo, como ya lo había dictaminado cuando concedió la suspensión provisional, Medina quedará a disposición de la juez Jaimes, por lo que toca a su libertad personal, y del juez de control, Miguel Ángel Eufrasio Rodríguez, por lo que hace al procedimiento, el cual deberá continuar con sus diligencias sin interrupción alguna.
Según la Judicatura, la juzgadora sustentó la concesión de la suspensión definitiva en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de Tribunales Colegiados del País.
Esta medida, explicó, se decreta cuando no existe un perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público para la procedencia de la suspensión.
En el caso particular, Beatriz Joaquina Jaimes señala que Rodrigo Medina presentó su amparo contra el auto de vinculación a proceso, un fallo que se refiere únicamente a la información formal que el Ministerio Público tiene contra una persona, para que conozca puntualmente los motivos por los que se le investiga.
En el proceso en cuestión, el juez interviene para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental.
Esta suspensión estará vigente al menos hasta que se resuelva el amparo en forma definitiva, lo cual podría llevar algunos meses.