René Urrutia De La Vega.

En días pasados ha estado en el ambiente jurídico, de una forma por demás inquietante, el tema derivado de la decisión de la Fiscalía General de la República que determinó el No Ejercicio de la Acción Penal en contra del ex secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos, quien a finales del año pasado fue detenido en Los Ángeles, California y llevado ante un Juez de Nueva York.
El 20 de enero, el Fiscal General de la República concedió entrevistas radiofónicas a los periodistas Carmen Aristegui y Ciro Gómez Leyva. En este espacio pretendo hacer algunas reflexiones al respecto, a la luz de consideraciones de carácter jurídico, tratando de hacer un brevísimo análisis que me parece vale la pena ante la relevancia de los acontecimientos y la particular importancia que la FGR representa dentro el Sistema de Justicia en México.
Permítaseme expresar que la forma empleada para abordar un aspecto de la vida jurídico-política de una nación es algo que cuenta mucho y, en este caso, creo que definitivamente excedió, por mucho, el protocolo exigible a un funcionario de tan alta responsabilidad, pues empleó términos que debieron haberse obviado, ya que la no sumisión o la discrepancia en cualquier ámbito, no implica que se pueda o deba emplear en ello un lenguaje ofensivo, que definitivamente lastima la relación bilateral, pues se trata de instituciones representadas por personas y no es justificable generar entornos hostiles, en todo caso habría que actuar contundentemente por las vías correctas, ante las instancias correctas y empleando las formas correctas. Lo deseable es que el pleito se circunscriba a lo legal y ante los tribunales, dejando a salvo las relaciones institucionales e internacionales, el respeto y la hermandad entre los pueblos, lo cual nunca podrá ser sinónimo de sumisión, dejadez o derrotismo.
En cuanto a la liberación del General Cienfuegos, al parecer a petición del gobierno federal por conducto de la cancillería y recordando comunicaciones públicas de la cancillería, resulta sorprendente escuchar al Fiscal mencionar que Estados Unidos retiró los cargos, se arrepintió, se desistió y, además, que violó Derechos Humanos y exhibió a una persona, que retiraron los cargos y lo declararon inocente, aduciendo consideraciones de política exterior, como en efecto ocurrió y ante lo cual el titular de la Fiscalía señaló, con razón, que una cosa era la política exterior y otra cosa era la justicia y precisamente por ello se antoja innecesario el empleo de las formas utilizadas para responder a cuestionamientos de corte eminentemente jurídico. Lo cierto es que no escuchamos respuesta alguna al cuestionamiento relacionado con el hecho de que se haya concluido una investigación de tales dimensiones en apenas 56 días, lo que en realidad fue solo la revisión del expediente que envió el gobierno de Estados Unidos.
Afirmó el Fiscal General que Estados Unidos fue notificado de la determinación del No Ejercicio de la Acción Penal en calidad de denunciante y teniendo la facultad de impugnar o inconformarse contra dicha determinación en nuestro país, como si se tratase de un acto de carácter interno, lo cual no es exactamente así porque se trata de un gobierno extranjero y, en todo caso, solo se podría generar por la vía de una controversia internacional ante instancias de la misma naturaleza, pero en lugar de explicarlo de manera técnica, dijo:“no hombre, están fregados, aquí vamos a ir al fondo y ésta es la oportunidad” y “están locos, no nos vamos a dejar, no lo vamos a permitir, vámonos a juicio en los niveles internacionales”. ¿Es esta la mejor manera de defender a México de un posible abuso, exceso o arbitrariedad por parte de otra nación? Es pregunta.
Habría que preguntarse qué entiende el Fiscal General por denuncia, ya que afirmó que únicamente ante una denuncia el Ministerio Público se puede iniciar una investigación, respondiendo a la pregunta del porqué no se había iniciado antes de recibirse el expediente, mutilado o no, de parte de Estados Unidos; el Ministerio Público tiene facultades para iniciar investigaciones de oficio, sin que necesariamente una persona lleve a cabo un señalamiento directo, ante una noticia criminis, es decir, el conocimiento, por cualquier medio, de que se ha cometido un hecho posiblemente delictuoso, máxime tratándose de delitos como los que han sido materia del asunto en cuestión, que son delitos graves del orden federal.
Es claro que no se ha desarrollado una investigación profunda de los hechos en México, que hay mucho que desentrañar aún al respecto de este asunto y que no sabemos a ciencia cierta si tal investigación exista, también es claro que la actuación de las autoridades en Estados Unidos deja demasiadas incógnitas, lo cual es verdaderamente lamentable y lo menos que podemos esperar es que haya respuestas en nuestro país, pero definitivamente guardando las formas, lo cual no significa falta de firmeza en la exigencia.

rurrutiav@urrutiaconsulting.com