Saúl Alejandro Flores

Hace unas semanas me comprometí en este espacio con la finalidad de abordar la polémica que ha surgido en torno al proyecto de la nueva Norma Oficial Mexicana “NOM-001-SEMARNAT-1996, la cual “establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales”, con el fin de proteger su calidad y posibilitar sus usos. Como toda norma es de observancia obligatoria.

Este proyecto de norma aparece en un escenario en el cual el cambio climático y el severo problema de la contaminación nos obligan a emprender medidas firmes y de trascendencia, los retos internacionales y políticas globales también nos conducen a ese escenario; en 1994 con la entrada en vigor del TLCAN (Tratado de Libre Comercio para América del Norte), entre otras políticas y marco legal propiciaron la creación de la Ley de Metrología y Normalización con lo cual aparecieron en escena las NOM´s, Normas Oficiales Mexicanas. Con la entrada en vigor del TMEC, Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el 1 de julio del 2020, tratado que sustituyera al TLCAN, aparece en junio de este año 2021 la Ley de Infraestructura de la Calidad, misma que ahora regirá las Normas Oficiales Mexicanas, bajo criterios regionales, es decir, los de América del Norte.

Manifesté la gravedad del problema de contaminación, y una de sus causas es el incumplimiento de dicha norma, en consecuencia, está pendiente en estos momentos su publicación en COMAR, valorando su pertinencia; insisto es impostergable que se detenga la contaminación que afecta la salud y frena al desarrollo económico.

En un principio, se señaló como responsables a las empresas, a la iniciativa privada, pero no es así. Los municipios también realizan descargas de aguas residuales fuera de norma. Entonces, ¿qué debemos hacer?

Los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento del país, que son los propios municipios, es decir 2468 en la mayor de las veces a través de sus organismos operadores tienen como obligación brindar uno de los servicios esenciales para la vida, a pesar de lo que se ha considerado como un modelo de gestión de agua en México que no ha podido garantizar estos derechos humanos establecidos en la Constitución, el derecho a la salud, a un medio ambiente sano y el derecho humano al agua.

Esto se agrava por el actual entorno de restricción presupuestal, ingresos insuficientes y aumento de costos que padece este subsector, como ejemplo está el incremento en las tarifas eléctricas. A través de las instituciones se ha buscado cumplir con normas vigentes aplicables, como son las relativas al saneamiento de las aguas residuales que se vierten a los cuerpos receptores, importantes para mitigar las afectaciones que tiene para la salud y la sustentabilidad ambiental de nuestro territorio. Pero se han quedado en el discurso o en la omisión de gobernadores, alcaldes y del propio Gobierno Federal.

Sin duda debemos garantizar el establecimiento de normas que se encaminen a mejorar la calidad de vida de los mexicanos, sin embargo, la actualización de la NOM-001-SEMARNAT aplicable a los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales, establece parámetros que bajo la situación actual de los municipios y organismos operadores de agua en su carácter de prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento, no se está en posibilidades de cumplir.

Esa actualización requiere adecuación y/o reingeniería, rehabilitación, operación y mantenimiento de las 3 mil 960 plantas de tratamiento (PTAR´s) existentes en el país, para lo cual se requiere un monto que supera los 700 mil millones de pesos. Pero además el establecimiento de formas que construyan una institucionalidad sólida de la gestión del agua. Un marco legal firme que permita lograr los avances necesarios, no una ley que pretenda sólo multar, porque ello sólo ponderaría el incrementar la recaudación, no la mejora. También vale la pena señalar que la ausencia de dicha institucionalización ha propiciado que más del 50% de esas plantas de tratamiento estén sin funcionar, sean ya obsoletas o funcionen con gran deficiencia, contribuyendo a que el agua saneada bajo norma sea un bajo porcentaje, es decir, la mayor parte del agua tratada es un riesgo sanitario. La próxima semana continuaré con esta temática, estimados lectores, no olviden la importancia de emprender acciones que permitan que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

Comentarios: saalflo@yahoo.com

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