Saúl Alejandro Flores

Estimados lectores continuamos con el análisis al proyecto de Norma Oficial Mexicana 001 Semarnat la cual “establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales”. Desde las semanas de inicio de diciembre pasado les compartí algunas observaciones que deben considerarse pues no están basadas en percepciones sino en resultados y factibilidades dentro del capítulo de saneamiento y la prestación de los servicios públicos de agua que son competencia municipal. Así que pasemos a la continuación.

En la publicación del 10 de diciembre del 2021 concluí mi columna con la primera de algunas interrogantes que es inevitable formular: ¿La norma vigente se ha cumplido y se cumple en todo el país por todos los organismos operadores y por la industria? La respuesta es inevitablemente obvia -no-. Es atrevido aseverar que aproximadamente no pasa del 30% de las aguas residuales vertidas que cumplen con la norma y que los cauces nacionales padecen una contaminación que sería indudablemente menor si por lo menos el 90% de las descargas lo cumplieran, lo que haría comprensible que se pretendiera realizar un paso adelante haciendo ajustes a nuestros objetivos normativos para mejorar las condiciones del país.

De esa lamentable realidad es evidente que del universo de las plantas de tratamiento de aguas residuales existentes, de acuerdo con la información oficial con la que se cuenta, la mitad no funcionan y la otra mitad no se opera en toda su capacidad, principalmente por razones económicas, propiciadas por la falta de capacidad de supervisión y la falta de recursos para apoyar la operación de las que no cuentan con recursos para ello. Eso en primera instancia, en segunda instancia debe considerarse la obsolescencia de la tecnología y que algunas no son capaces de eliminar los denominados contaminantes emergentes, así que de utilizarse el agua en procesos productivos provocaría un severo daño a la salud y al ambiente.

Debe considerarse que de los diversos parámetros incorporados en la nueva norma y otros cuyo valor fue actualizado, hacen que las plantas existentes en operación requieran de inversiones para ajustar su tecnología para el cumplimiento de la norma, y la mayor parte de ellas es inevitable su obsolescencia, porque fueron diseñadas bajo conceptos que ya han sido superados. El impacto de inmediato al entrar el vigor la norma, se estaría en incumplimiento virtual aun en aquellas plantas en operación que se supone son ejemplares.

Ahora bien, en el supuesto que si hubiera los recursos suficientes para su inversión y con esquemas financieros que permitan que no exista rezago en su instalación y operación, lo cual es de dudarse, por la ineficiencia administrativa financiera por la que atraviesa el país todas aquellas que estuvieran modificándose no podrían cumplir siquiera la norma anterior.

También tendríamos otro reto y es ¿hay los laboratorios existentes con capacidad para la verificación de algunos de los parámetros considerados en la nueva norma? No, no los hay. Posteriormente tendríamos otro problema que termina por exhibir la ausencia de planeación, a pesar de que llevamos algunas décadas contando con programas hídricos nacionales, regionales a nivel de cuenca y estatales, los que en su mayor parte son incompletos y con una metodología que ya es obsoleta, “hacer las cosas siempre igual”, me atrevo a decir que no superaron de la esencia de los llamados: “programas hidráulicos”, se quedaron en la obra e infraestructura y proyectos de inversión, pero jamás incursionaron en el sector hídrico y la implementación de políticas públicas. Sólo cambiaron su nombre y se quedaron en la panorámica de dos o tres décadas atrás.

La planeación es indispensable como parte de un proceso que debe considerar la programación, presupuestación, evaluación y control, partamos de lo siguiente: cuándo y cómo y para qué disponer de recursos, modificación de instalaciones, construcción de las nuevas, ampliación de laboratorios, los costos de operación de las plantas y de verificación se verían incrementados además de que las plantas no se operan en toda su capacidad por razones económicas.

La capacitación no sólo del personal que las opera sino también de los directivos responsables dentro de las autoridades del agua, sean federales, estatales o municipales, la supervisión y control de la calidad de vertidos, que hoy no es suficiente. Más allá de las fanfarrias que se han emitido y sus bondades estos son algunos de los pormenores, aún faltan por abordar más, lo cual haré las siguientes semanas. No olviden amables lectores la importancia de emprender políticas y acciones que permitan que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

Comentarios: saalflo@yahoo.com

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