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Cada apuesta cruzada en un casino mexicano carga desde el primero de enero de 2026 con una mordida fiscal bastante más pesada que la del año pasado. El impuesto especial sobre juegos con apuestas y sorteos pasó del 30 al 50 por ciento, y conviene decirlo sin rodeos, pues no fue un ajuste técnico escondido entre los renglones del presupuesto. De un plumazo reordena las cuentas de una industria que venía creciendo a doble dígito, con su segmento en internet como motor, y que hasta hace nada operaba con una de las cargas más suaves de su historia reciente. Pagar treinta o cincuenta centavos de cada peso no es un matiz contable, porque cambia por completo la aritmética de cualquier operador.

 Y la sacudida no se queda en el porcentaje. El nuevo gravamen alcanza también al juego por internet y a las plataformas extranjeras que atienden a usuarios dentro del país, un terreno que durante años se movió en la zona gris de lo tributable. Ese empujón hacia lo formal tiene un reflejo que se puede rastrear, ya que el mapa de los casinos online seguros y confiables con licencia permite ver qué operadores ya se mueven dentro de las reglas que ahora salen más caras, y funciona como termómetro de cuánto del mercado opera a plena luz y cuánto sigue en la sombra.

 ¿Por qué este endurecimiento llega justo ahora y no antes? La respuesta vive en el boquete de las finanzas públicas. Con el déficit apretando y el gasto social al alza, la Secretaría de Hacienda salió a buscar ingresos donde el consumo todavía aguanta, y las apuestas quedaron en la lista corta junto a los refrescos y el tabaco. Para 2026, el gobierno calcula recaudar alrededor de 5 mil millones de pesos solo por este concepto, una cifra pequeña frente a los más de 142 mil millones que espera reunir con todo el paquete de impuestos al consumo, pero cargada de intención política.

Un impuesto que cruzó la pantalla

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 2025, el decreto que formalizó el cambio arrancó con el nuevo año. Su punto más fino, y el que más discute el sector, es el que extiende el cobro a los residentes en el extranjero sin sede en México que operan mediante plataformas digitales de intermediación. Con ese añadido, el nuevo esquema tributario deja de distinguir entre la mesa física y la pantalla del teléfono, de modo que, si el jugador está en territorio nacional, el impuesto aplica, viva donde viva la empresa que ofrece el servicio.

La paradoja que más desvela a la industria formal asoma precisamente aquí. Subir la tasa no asegura subir la recaudación, y amenaza con empujar una parte de la demanda hacia el circuito clandestino, que no tributa ni responde ante nadie. Según los cálculos de la Asociación de Permisionarios y Operadores del sector, el juego ilegal ya concentra alrededor del 60 por ciento de la actividad en línea del país. El mercado legal, mientras tanto, rozó los 2 mil 700 millones de dólares en 2024 y apuntaba a superar los 3 mil millones al año siguiente, apoyado en una base de varios millones de usuarios activos.

El golpe, visto desde Morelos

 El efecto no se siente igual en cada rincón del país, y la razón es que a la tasa federal se le suman los impuestos estatales sobre loterías, rifas y sorteos. En Morelos, la factura del juego se enreda con otros gravámenes de 2026 que ya encarecen el día a día de las familias, de la tenencia vehicular a los derechos municipales. Para el operador local y para quien se sienta a jugar, lo que pesa no es un tributo aislado, sino la suma de todos ellos, y esa suma termina por decidir si una plaza conserva su atractivo o lo va perdiendo poco a poco.

 Hay un matiz que conviene no pasar por alto en medio del ruido, porque la carga más alta golpea sobre todo a los operadores que ya estaban en regla, los que declaran cada peso que entra y sostienen miles de empleos en el país. Más de 38 mil puestos directos y cerca de 140 mil indirectos, repartidos por todo el territorio, dependen de esa industria, según sus propias asociaciones. El riesgo que advierten desde dentro es el de castigar al que cumple y abrir cancha al que nunca pagó nada, justo cuando el mercado formal empezaba a ganarle terreno al que opera por fuera de la ley.

Lo que dicen las cifras estatales

Los primeros números ya dejan ver el pulso del fenómeno sobre el papel. Al norte, en la entidad vecina, lo que recauda el Estado de México por loterías, sorteos y apuestas en casinos superó los mil 172 millones de pesos entre 2024 y julio de 2026, un dato que la Secretaría de Finanzas estatal detalló por vía de transparencia. Dentro de esa bolsa, la porción de los casinos aportó cerca de 540 millones y, lejos de dispararse, bajó de 227 a 217 millones de pesos entre 2024 y 2025.

Ahí está la grieta que define el año fiscal del juego en México, un impuesto que se duplicó para recaudar más y que, en la foto estatal más reciente, muestra una recaudación de casinos que, en lugar de crecer, retrocede. El gobierno apostó a que la mitad de cada peso jugado llenaría las arcas sin mover la demanda de su sitio. Los primeros números cuentan otra historia, y la distancia entre lo que esperaba Hacienda y lo que entra de verdad a la caja ya se mide en millones de pesos.