Salvador Rodríguez López

Por más que buscan en dónde asirse no encuentran, por lo que han tenido que echar mano de imaginación y un gran anhelo de que las cosas mejoren y con el tiempo puedan restablecer el ritmo de vida. Para un número elevado de micros, pequeños y medianos empresarios y comerciantes en general el coronavirus ha dejado fuertes daños económicos que se expanden ante la tozudez de los guardianes revolucionarios, que por quítame esas pajas no sólo los clausuran sino que les levantan una multa y dejan la advertencia que la próxima vez serán clausurados definitivamente.

Es un problema que amerita la mano tersa del gobierno del estado para terminar con el hostigamiento que ha caracterizado a ese grupo de verificadores, que inclusive, lo haga en aras de auxiliar a quienes por más de diez semanas fueron obligados a cerrar sus negocios, por lo que bien podría ordenar la cancelación de sanciones y que exista mayor flexibilidad durante las inspecciones.

El presidente de la Cámara de Comercio local, Humberto Martínez, consideró que no todos pueden cumplir con las disposiciones preventivas en materia de sanidad y en varios casos resulta complicado ya que se carece de dinero, por lo que tendrían que endeudarse y en las condiciones actuales habría problemas para pagar, lo que llevaría a poner en riesgo el capital invertido.

Explicó que el gasto es de acuerdo con el espacio del negocio y debe hacerse para obtener el certificado de sanitización, ya que se tienen que adquirir tapetes especiales, dispensadores de gel antibacterial, cubrebocas y caretas para los empleados, lo que en algunos casos van de 60 a 70 mil pesos y hasta 150 mil y los menos entre 7 y 8 mil pesos.

Una vez que reanudan actividades tardará en lograr un nivel de ventas adecuado, por lo que pasarán meses para que esto se nivele, mientras tanto deben absorber los gastos obligados, principalmente salarios, impuestos, pagos al Seguro Social e Infonavit, energía eléctrica y teléfono, además la compra de mercancía y saldos a los proveedores.

En este sentido es necesario que la autoridad se ponga en el lugar de los perjudicados y actúe en consecuencia. Es seguro que nadie espera que caiga el maná del cielo, pero sí que le den facilidades para laborar, que se entienda que después del parón de dos meses y medio resulta materialmente imposible que se tenga los recursos suficientes para atender las exigencias dominantes y que además deban enfrentar una etapa de atonía en tanto se mejoran las ventas.

Bajo este panorama, ojalá se reconozca que la función primaria de todo gobierno es velar por la confianza y la seguridad de todos los habitantes, que cada quien reciba las oportunidades que corresponda para desempeñarse y en este sentido que los propietarios de negocios puedan ocuparse en lo que ha sido su vida, además, no está por demás recordar  que todo negocio que cierra, por pequeño que sea, es un tributante menos, por lo que las pérdidas también son para los tres niveles de la administración pública.

IMPEDIRÁ INVERSIÓN

Las energías renovables son necesarias para un mejor desarrollo del país, por lo que al impedir su uso por parte del gobierno federal, y aún más lamentable es que se haya decretado un aumento hasta de 800% por el cargo y transporte de la energía que produce la Comisión Federal de Electricidad (CFE), significa un golpe muy severo.

Con lo anterior deja en total indefensión a los inversionistas nacionales y extranjeros, que en este y otros temas lo pensarán dos veces para seguir adelante en sus propósitos, ya que si no hay respeto a la ley por parte de la autoridad difícilmente se podrá arriesgar un capital.

Por lo anterior, el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de Aguascalientes, Eduardo Llamas Esparza, se pronunció porque se concrete una acción amplia en contra de la concentración de la CFE, que en la administración lópezobradorista echó por la borda los avances que se tenían al buscar que nuevamente sea un monopolio.

Dijo que entiende que habrán de enfrentarse al aparato del Estado, pero con la ley en la mano exigirán la revocación de todo aquello que vaya en contra de los intereses del país, de manera particular se refirió a las energías alternativas, al frenarse intempestivamente los proyectos que estaban a punto de iniciar operaciones

Afirmó que el Presidente de la República ya dio instrucciones al director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, para que no se haga caso a la reforma energética y trabaje como antes, pero eso “no lo vamos a permitir”, por lo que se buscará frenar esas actitudes que significan un retroceso ante un medio globalizado, para ello se trabaja en coordinación con cámaras nacionales y diversas instituciones, lo que hará más sólido el frente que impida prácticas monopólicas y sobre todo evitar que siga adelante el plan de López Obrador de invertir recursos públicos en plantas generadoras de energía con hidrocarburos, petróleo y carbón.

Con esta actitud el gobierno mexicano contraviene el Acuerdo de París, donde se debe cumplir con ciertas energías renovables, pero no satisfecho con ello dispuso el “tarifazo” de 800%, aprobado por la CFE por el cargo de transporte y distribución de su energía en el país, lo que desincentiva las inversiones y lógicamente favorece el monopolio de la empresa paraestatal.

Quien ya dio un paso al frente fue el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al anunciar que promoverá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el argumento de que la política energética del gobierno federal contraviene disposiciones ambientales y facultades de los estados contenidas en la Constitución.

De acuerdo con la información que aportó el periódico Reforma en su edición del pasado 17 de junio, el mandatario jalisciense anunció que combatirá de esta forma el acuerdo de la Secretaría de Energía que frena la generación de energías limpias y renovables, y que tan solo en este estado afectará proyectos en 2 mil millones de dólares y la generación de 30 mil empleos.

Alfaro coincide con el líder de los ingenieros mecánicos y electricistas de Aguascalientes, al citar que “estas medidas constituyen un claro retroceso para el país, desde el punto de vista climático, energético y de salud pública”, además, observa “fuertes implicaciones políticas, económicas, ambientales y sociales”.

De manera particular, apuntó el titular del Poder Ejecutivo de Jalisco, “afecta la facultad concurrente de las entidades federativas en materia de equilibrio ecológico y la protección al ambiente, establecida en el Artículo 73 de la Constitución, así como atribuciones relacionadas con la planeación y la dirección económica como facultad originaria, derivada de los artículos 39, 40 y 41 de nuestra Carta Magna”.

Con esta posición, Eduardo Llamas Esparza sabe que no están solos y que cada vez crece la inconformidad con las medidas que ha adoptado el gobierno federal.

SACERDOTE DIO POSITIVO

En las misas que tuvieron lugar ayer se pidió por el pronto restablecimiento del sacerdote Pedro Arias Morales, asignado a la parroquia de San José de Gracia, que es el primer caso confirmado de Covid-19 en miembros de la Diócesis local.. Mediante la Fraterna Asistencia Sacerdotal de Aguascalientes A.C. (FASA) se informó que el sábado 6 de junio Arias Morales presentó síntomas de enfermedad respiratoria, por lo que acudió a la Clínica Guadalupe en donde se le diagnosticó “neumonía grave atípica”, al día siguiente fue internado para practicarle la prueba del coronavirus pero presentó condiciones estables. Fue hasta el lunes 15 que se confirmó que era positivo, con lo que se inició el procedimiento para su atención. Las autoridades de salud no informaron si ya se tomaron medidas preventivas con las personas que tuvo contacto el clérigo durante este tiempo.