
El presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Ramas Afines de México, Eduardo Llamas Esparza, consideró positiva la actuación de las autoridades al ejecutar la detención del propietario de la empresa NextEnergy, Eugenio Javier “N”, recluido en el Centro de Reinserción Social de Aguascalientes y acusado de fraude, amenazas y cohecho, y llamó a que el caso se investigue con profundidad, se transparenten las cifras y se informe a la ciudadanía sobre el destino de los recursos públicos involucrados.
Subrayó que la falta de resultados del parque fotovoltaico operado por NextEnergy se ha prolongado durante una década. “Ya son diez años de que no le hemos sacado provecho y, sin embargo, se realizan mes con mes pagos por el proyecto, sin generar nada y haciéndose obsoleto”, expuso.
Desde su perspectiva, la detención del empresario debe abrir la puerta a una revisión integral del contrato, de sus condiciones técnicas y financieras, así como de las responsabilidades administrativas y penales que correspondan.
Así, la exigencia central es la rendición de cuentas. Indicó que, tras retomar públicamente el tema semanas atrás, se observa una reacción institucional que debe traducirse en información verificable. Añadió que los recursos comprometidos en el proyecto provienen de la ciudadanía y, por tanto, es obligación de las autoridades explicar su uso.
También refirió versiones que señalan que los pagos del contrato podrían estar canalizándose a una cuenta del Poder Judicial, situación que, dijo, debe aclararse con precisión, e insistió en la necesidad de información oficial y oportuna.
En su análisis, la detención del empresario representa un paso relevante, pero insuficiente si no se acompaña de acciones de fondo. Consideró inadmisible que, pese a antecedentes y deficiencias técnicas, se hayan validado diseños y procesos sin consecuencias inmediatas.











