Por: Octavio Díaz García de León

La ministra Norma Piña Hernández fue elegida como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En el plan de trabajo que expuso la entonces candidata a presidir la Corte, la ministra Piña incluyó un capítulo llamado “Consolidación en el Combate a la Corrupción”, destacando así su preocupación por este problema que afecta a todo el Gobierno y del que no está exento el Poder Judicial.

La ministra Piña propuso lo siguiente en materia de combate a la corrupción:

  1. Incluir a la SCJN y al Tribunal Electoral (TEPJF) en los esfuerzos anticorrupción que ya realiza el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Para ello propone conformar una Comisión Anticorrupción integrada por representantes de los tres órganos.
  2. No publicar sanciones de servidores públicos del Poder Judicial hasta que queden firmes, para evitar un daño reputacional a los procesados.
  3. Emitir un nuevo acuerdo general en materia de responsabilidades administrativas que garantice la autonomía y separación de funciones en las etapas de investigación, substanciación y resolución evitando la interacción entre las instancias responsables de cada etapa. También agregar herramientas tecnológicas para acelerar estos procesos.
  4. Emitir normatividad para regular las obligaciones a cargo de los servidores públicos tales como las declaraciones patrimoniales y las actas entrega-recepción.
  5. Incentivar la presentación de quejas y denuncias mediante la emisión de un catálogo amplio de medidas cautelares que protejan a los denunciantes.
  6. Emitir un nuevo código de ética tomando en consideración que de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la violación de dicho código constituye una falta administrativa no grave.
  7. Fortalecer la Visitaduría Judicial proponiendo la emisión de un acuerdo general que se ocupe de sus funciones.

Es importante que la ahora presidenta de la SCJN tenga al combate a la corrupción como una de sus prioridades. Para ello, existen áreas de oportunidad para mejorar el combate a la corrupción en el Poder Judicial. Por ejemplo, sería conveniente la separación de las funciones de control interno de las de combate a la corrupción. El control interno recae parcialmente en los órganos internos de control (OIC) del Poder Judicial. Sin embargo, se les ha enfocado a las áreas administrativas, siendo que es más importante el cumplimiento de objetivos de las áreas jurisdiccionales.

Por lo que respecta a la responsabilidad de combatir la corrupción, se ha tratado de asignar esta tarea a los OIC, a la Visitaduría Judicial y a las unidades responsables de la investigación de responsabilidades administrativas. Sin embargo, ninguna de estas instancias es idónea para esa tarea.

Se requieren otro tipo de herramientas y una nueva unidad administrativa enfocada especialmente al combate a la corrupción que tenga capacidades de investigación e inteligencia, entre otras, para judicializar eficazmente los casos por la vía penal.

He presentado en esta columna las áreas de oportunidad y lo complejo que resulta el régimen de responsabilidades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual tiene muchas similitudes con lo que aplica a todo el Poder Judicial, por lo que vale la pena que la ministra Piña lo revise de manera integral.

Las propuestas de la ministra Piña abren la puerta para lograr un combate a la corrupción más eficaz en el Poder Judicial. No sólo enfocado a la corrupción administrativa, sino a los otros riesgos de corrupción derivados de los asuntos jurisdiccionales, pues allí suelen concentrarse los mayores intereses económicos y políticos y, por lo tanto, es donde se pueden presentar los mayores riesgos de corrupción. Ojalá la ministra presidenta sea exitosa también en esta tarea.