Contraviniendo su propia Ley de Hacienda, los gobiernos municipales de Aguascalientes y seis municipios más, han reducido el monto de las exenciones a los compradores de bienes inmuebles, pues las calculan en UMAs, y no en salarios mínimos, como está previsto en la norma.

Esto significa que de la recaudación registrada por el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI), está ingresando a las arcas municipales más dinero del que debería entrar, mientras que deja en el bolsillo de la población menos recursos de los que debería tener.

Y es que si bien las autoridades municipales han decidido apegarse al precepto constitucional promulgado en 2016 de que el salario mínimo “no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza”, lo cierto es que las leyes de Hacienda vigentes dicen que las exenciones deben calcularse en salarios mínimos, pero no se cumple.

El efecto de ello es que cuando una persona paga el ISABI no se le exenta como lo marca la ley, sino por mucho menos.

Es decir, una exención en salarios mínimos para una persona que adquiere un lote equivaldría a 129 mil 301.25 pesos, pero calculada en UMAs apenas llega a los 81 mil 778.25.

La exención para quien compra una finca, tasada en salarios mínimos sería de 258 mil 602.50 pesos, pero como se tasa en UMAs, alcanza solamente 163 mil 556.50 pesos.

Y, finalmente, para un espacio de interés social, la exención en salarios mínimos significa 775 mil 807.50 pesos, sin embargo llevada a UMAs se queda en 490 mil 669.50 pesos.

No obstante el perjuicio económico en contra del contribuyente, los ayuntamientos no se han ocupado en corregir su proceder y el Congreso del Estado ni por equivocación ha promovido reformas a las leyes de Hacienda para dejar por escrito lo que varios gobiernos municipales ya aplican y así homologar sus normas con el mandato constitucional.

Y es que esta práctica no sólo se da en la capital, sino en 7 de los 11 municipios del Estado: Aguascalientes, Rincón de Romos, Cosío, El Llano, Pabellón de Arteaga, Tepezalá y San José de Gracia.

Por su parte, Calvillo, Jesús María y San Francisco de los Romo ya modificaron sus respectivas leyes mientras que, en Asientos, ahí ni siquiera lo tiene contemplado en su ley y por lo tanto no hacen exención alguna.