• Y para quienes siguen “sospechando” que la magistratura se la están guardando a Jesús Figueroa Ortega para que ahora, o cuando termine su cargo de fiscal general del Estado vaya al STJ, la recomendación es que lean la ley.

  •  “Poncharelo” ya cayó en la misma actitud que sus compañeros titulares de áreas municipales y está dejando tarea a su sucesor, como si desconfiara desde ahora de las capacidades de quien llegará a ocupar su silla.

EL TIRO POR LA CULATA. El presidente del Colegio de Economistas, José Gil Gordillo Mendoza, comentó que en la parte de la Ley de Ingresos del Paquete Económico del Gobierno Federal para el año 2022 contempla la creación de un nuevo régimen, denominado Régimen Simplificado de Confianza, a través del cual la Secretaría de Hacienda busca ampliar la base tributaria, sin embargo, consideró que esto podría provocar que la gente busque ver dónde paga menos impuestos y eso en lugar de generar mayor recaudación va a disminuirla. “Creo que todos esos regímenes deben estar enfocados muy específicamente a la parte informal, dado que hacerlo de otra manera puede generar un movimiento, bajas de empresas, altas de otras y reacciones naturales que tienen las empresas precisamente para tener un mejor mando tributario”. Consideró positivo que el SAT esté haciendo algo para tratar de aumentar la base tributaria, “pero que hay que ser muy cautos en el sentido de que no genere una respuesta contraria y que vaya a generar una baja en la recaudación. Aquí estiman un incremento del 5% en los ingresos tributarios para el otro año, me parece algo alentador el escenario, es superior al crecimiento que plantean que es de 4%, es raro porque va de la par con el crecimiento. Aquí nos llama un poco la atención esa parte”… CON LA RATIFICACIÓN de Edna Lladó como magistrada numeraria, sólo queda acéfalo un espacio en el Tribunal de Justicia, y es el que dejó hace un año, por jubilación, Fernando González de Luna, pero el proceso de selección de quien ocupará esa silla está suspendido porque entre los interesados en ser considerados en el cargo está Laura Verónica Sánchez Alvarado, jueza de Pabellón con aspiración a ser magistrada, pero vinculada a proceso por presuntamente disponer de fianzas depositadas en ese juzgado, motivo por el cual le negaron el registro y ella se amparó, un recurso que sigue “dormido” en uno de los juzgados federales. Y para quienes siguen “sospechando” que la silla se la están guardando a Jesús Figueroa Ortega para que ahora, o cuando termine su cargo de fiscal general del Estado vaya de magistrado, la recomendación es que lean la ley pues al señor le faltan todavía más de 2 años en la silla procuradora de justicia, ya que su cargo concluye en febrero del 2024 pero, aun cuando renunciara con antelación, definitivamente no es elegible, pues la norma indica que nadie que en los últimos años haya sido fiscal -entre otros cargos-, puede aspirar a una magistratura, así que la mirilla la pueden dirigir a otros perfiles, pues lo demás es grilla judicial y muy barata, por cierto… “PONCHARELO” ya cayó en la misma actitud que sus compañeros titulares de áreas municipales y está dejando tarea a su sucesor, como si desconfiara desde ahora de las capacidades de quien llegara a ocupar su silla. Y es que en el marco del proceso interno que lleva a cabo la Municipal para la entrega-recepción con la próxima administración electa que encabeza Leonardo Montañez, el comandante Antonio Martínez Romo no se ha limitado a tener lista la corporación para cumplir en el momento que será el próximo mes de octubre, sino que ha osado decir que la siguiente administración municipal debe retomar programas de los Comités de Buen Orden, el 4×4, Entorno Seguro, así como los esquemas de prevención del delito, reforzar el área de análisis y la Policía Cibernética. La continuidad no está mal, pero el próximo gobierno bien puede implementar otra estrategia que atienda los pendientes de la actual y eso no sólo no es cuestionable, sino recomendable para que Aguascalientes supere rezagos en seguridad, que los hay… EL ENTRIPADO de las diputadas Claudia Guadalupe de Lira Beltrán y Natzielly Rodríguez Calzada en contra de su compañero en la Comisión de Desarrollo Urbano, José Manuel Velasco Serna, por no sacar adelante la reforma al Código de Desarrollo Urbano, parece que se salió de control, pues no solamente lo acusaron públicamente de flojo y desinteresado, sino que ha propiciado que la morenista valore la posibilidad de denunciarlo por violencia política de género, ya que en algún momento la acusó de tener interés en agilizar dicha modificación legal y ahora está pensando en exigirle pruebas de su “acusación”. En el ínter también salió a relucir el nombre de Karina Banda Iglesias porque no le permitió la palabra en una de las sesiones de la Junta de Coordinación Política a la que ambas pertenecen y en la que pretendía pedir que el dictamen de dicha reforma fuera incluido en los puntos de la sesión extraordinaria del Congreso local. En fin, que las últimas horas de la actual legislatura han dado más para el chisme que para el resultado, lo bueno es que ya se acabó… LOS QUE LLEGAN encontrarán, para iniciar, que los distintos colectivos y agrupaciones feministas de Aguascalientes mantendrán su exigencia para que se hagan los cambios necesarios al Código Penal Local, luego de que la Suprema Corte de Justicia de Nación aprobó que no se puede encarcelar a las mujeres que se practiquen un aborto. Angélica Contreras Ruvalcaba, representante de la asociación Cultivando Género, advirtió que “las exigencias no van a cesar, pero también como acompañantes de primera línea, nuestro trabajo está del lado de las mujeres gestantes, la exigencia no va a ceder hasta que el cambio esté visible. No olviden que de fondo es mucho trabajo y una labor diaria de las colectivas y feministas que hacemos en los acompañamientos”. Sobre la objeción de conciencia de los médicos, donde muchos ya se han manifestado que no se les puede obligar a realizar un aborto, Contreras Ruvalcaba dijo que, si bien se pueden oponer en todo lo que quieran, sin embargo, el Estado y las instituciones de salud están obligados a tener justamente a doctores no objetores de conciencia. “El que no lo quiera, no hay manera de obligarlo, pero las instituciones están obligadas a tener médicos no objetores de conciencia. Necesitamos abarcar más y que el Estado garantice ofrecerlo”…