Saúl Alejandro Flores

Estimado lector, recordará que la semana anterior hice una pausa en cuanto al tema que he abordado en torno al proyecto de iniciativa de Ley General de Aguas, dado que surgió una problemática que demanda atención y solución como es la contribución de agua hacia los Estados Unidos de América que se desprende de un Tratado Internacional, así como el trasvase hacia las Entidades Federativas de Nuevo León y Tamaulipas ante las declaraciones negativas de algunos usuarios y autoridades estatales de Chihuahua. Mencioné además las generalidades que comprende este Tratado Internacional en cuanto a la distribución de agua, tiempos, volumen, condiciones y construcción de infraestructura hidrológica para ambos lados de la frontera, es importante tener en claro que este tratado obedece a que ambos países tienen en gran parte de su frontera como límite el río Bravo y una parte del río Colorado, ambos países tienen derecho a disponer del agua con base en los términos del mismo tratado.

Un Tratado Internacional de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ley máxima en donde realmente y reside en estricto sentido de derecho la soberanía, ya que sobre la Constitución no hay poder superior, ni el capricho de un titular del Ejecutivo o alguno de los Poderes de la Unión. El Artículo 133 es claro al afirmar que son ley suprema esta Constitución y los tratados internacionales suscritos por el titular del ejecutivo y ratificados por el Senado, entonces, este Tratado de Distribución de Aguas, es ley suprema acorde con los principios que enarbola nuestra Constitución, no hay nada más arriba ni lo que diga irresponsablemente un titular del ejecutivo que reitera en dar mensajes sin sustento y confunde a la ciudadanía, ni tampoco lo que diga un titular del ejecutivo estatal, el agua no es de Chihuahua, ni Sinaloa, o del estado que se diga, el agua es un bien nacional, así de simple.

Entonces ¿Acaso es difícil de entender que el agua es un bien nacional de acuerdo a lo que establece la misma Constitución en su Artículo 27 párrafo V? No es ni puede ser de una entidad federativa, municipio o personajes privados o corporativos, aquí existe una confusión que ha llegado al grado de que organizaciones levanten la voz y hablen de privatización. Al ser un bien nacional, el estado mexicano por conducto del poder ejecutivo federal permite que puedan usar, disponer y aprovechar el agua los particulares como pequeños, mediano y grandes agricultores o industriales a través de la figura de la “concesión” (repito que no es privatización), para un mejor entendimiento pueden asimilar esa idea con un permiso para que se pueda usar, pero continúa siendo un bien nacional, que no de la federación, insisto la federación lo administra y a cambio de una contraprestación como el pago de derechos, ese particular, ya sea persona física o moral o corporativos pueden disponer de agua, igual existe para los entes públicos la figura de la “Asignación” que permite disponer de agua a las entidades federativas o municipios, estos últimos que operan con base en el Artículo 115 fracción III para prestar los servicios de agua potable, pero esa agua sigue siendo nacional y las entidades federativas y municipios también pagan derechos por disponer de esa agua. Entonces, ¿Es difícil de entender eso?

Si se habla de que gobernadores, políticos o empresas se apropian del agua, es una ilegalidad que debe ser sancionada, como parte de esa corrupción, pero para solucionarse no se necesita de tonterías como “abrazos”, que fomentan el mayor problema de este país que es la “IMPUNIDAD”, es decir que no se castiga. Por lo tanto, se debe cumplir con el tratado por que es ley suprema, se debe dialogar con los estados del norte del país y conminar a gobernadores a cumplir la ley, pero además se debe invitar a la eficiencia en el uso, aprovechamiento y preservación del agua, a la óptima administración y gestión. Acciones que los estados de la Unión Americana que forman parte de esos límites fronterizos a pesar de su sequía han aprendido y ejercido programas y políticas del cuidado y eficiencia. No debemos perder de vista que como resultado del cambio climático los escurrimientos de agua son menores, por lo que en vez de discutir o desinformar, se deben emprender acciones y políticas conjuntas entre ambos países que permitan no sólo eficientar el uso sino garantizar el abasto y preservación del recurso hídrico. Recuerden que debemos emprender acciones tendientes para que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

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