Víctor Hugo Granados Zapata

En esta semana comenzaron los preparativos para que la maestra Delfina Gómez tome el lugar de Esteban Moctezuma al frente de la SEP, así como también estamos en vísperas del regreso a clases este lunes y con el nuevo elemento añadido al programa de “Aprende en Casa” que son las comunidades de aprendizaje. Por si no fuera poco lo anterior, las cifras de COVID-19 siguen aumentando en todo el país de manera significativa y el plan nacional de vacunación va más lento de lo que creíamos, aunado a que Moctezuma había prometido que considerarían a las y los docentes como prioridad en el plan de vacunación (junto con el personal médico y personas vulnerables). Todo este conjunto de variables que se han añadido a las responsabilidades (no solo de toma de decisiones, sino también de negociación) que tendría quien estuviese al mando de la SEP también tienen fecha de caducidad. La toma de decisiones, justo en estos momentos, no puede dejarse de lado o postergarse.

Lo preocupante de que todo esto suceda al mismo tiempo es la falta de un mando fijo, esto porque el secretario Moctezuma nos demostró con estas acciones que está concentrado en saltar de la SEP lo antes posible, mientras que la nueva secretaria Gómez entrará justo en uno de los momentos cruciales para la toma de decisiones oportunas en materia educativa mientras se familiariza con el trabajo interno de la SEP (evidentemente si una persona llega a una dependencia sería imposible que automáticamente se vuelve experta en el cargo) ¿se pudo haber esperado Moctezuma a que comenzara el ciclo escolar para dejar un panorama sucesorio más estable? ¿Se podía aplazar la ratificación de la secretaria? Por supuesto que sí, sin embargo, la última decisión no era de los dos últimos personajes, sino del presidente. En este sentido, Alexandra Zapata (académica e investigadora en temas educativos) señaló, en entrevista por El Financiero hace dos semanas, que el movimiento político dentro de los cargos públicos importantes como el caso de la SEP trae consigo una interrupción en la aplicación de los programas, poniendo en tela de juicio el cumplimiento del Artículo Tercero de la Constitución. Esto último es muy importante, puesto que cada paso erróneo puede conducir a una afectación directa a la calidad educativa (y en casos más extremos a la vulneración del derecho a la educación) de millones de estudiantes mexicanos, en todos los niveles.

¿Qué escenarios podrían plantearse para un cambio en la política educativa? Si la maestra Gómez tiene bajo su consideración un comienzo fuerte y responsable en su mando, esta debería ser la pregunta clave. Es cierto que, actualmente, los deseos del presidente (por no decir caprichos) hacen casi imposible que la SEP pueda cambiar de estrategias o proyectos para mejorar la educación pública, pero estamos ante una emergencia educativa ¿por qué? Desde que comenzó el COVID-19 ha aumentado el número de estudiantes que han desertado de la escuela, así como también algunos no continuaron con sus estudios al terminar el grado escolar o semestre. De aquí nace también la propuesta del regreso presencial o semipresencial a las aulas como una de las medidas que pueden ayudar a frenar la deserción escolar. En este sentido Christian Skoog (Representante de Unicef en México) señaló en su artículo publicado por Animal Político, que el regreso a clases presenciales es urgente, pero considerando que las autoridades previo a implementar algún sistema presencial o híbrido es necesario que apliquen un programa de mitigación de riesgo en la zona, con la finalidad de reducir la probabilidad de contagio en las escuelas, o bien, detectar de forma temprana brotes de contagio para suspender la asistencia presencial y regresar al sistema en línea. Los escenarios, siguiendo la pregunta inicial, apuntan todos a un regreso presencial lo antes posible.

Por otra parte, las entidades federativas también tienen una corresponsabilidad enorme en este sentido. Dado que la gestión de la educación es (legal y constitucionalmente) descentralizada, cada uno de los estados debe tener planes o proyectos de política educativa que busquen la reincorporación presencial de las y los alumnos de todos los niveles. En el caso de Aguascalientes, el IEA ha indagado desde el semestre anterior cómo implementar un sistema híbrido, certificando algunas universidades (como es el caso de la Universidad Cuauhtémoc, la UAA, la UPA por mencionar algunas) e incluso aventurándose a implementar dicho sistema semipresencial en educación media. Estos planes deben ir a la par de estrategias que busquen mitigar la brecha educativa en la entidad, brindando apoyo a las familias que así lo requieran en temas de infraestructura educativa (equipos de cómputo e internet).

De no tomar las decisiones adecuadas, los problemas van a acumularse y las medidas que deberemos tomar serán cada vez más complicadas y duraderas. Los procesos electorales están a la vuelta de la esquina y es necesario exigirles a las y los candidatos propuestas enfocadas al sector educativo, sobre todo de combate a la brecha educativa. Aquí se encuentra la buena decisión que podemos tomar desde la ciudadanía, no quedarnos de brazos cruzados y exigir una respuesta responsable contra la emergencia educativa que vivimos hoy en día.