La preparación, el conocimiento y la pericia no son obra de la casualidad y tampoco se adquieren de manera circunstancial, todo es producto de un esfuerzo que se consigue en las aulas y en la práctica, por lo que es importante que el Poder Judicial del Estado convoque a expertos en materia laboral para que se encarguen de impartir justicia dentro del nuevo sistema laboral.

En este sentido, los contratados deben de tener, además de la licenciatura en derecho, una especialidad en materia laboral, con lo cual se desecha la arraigada costumbre de contratar a todo aquel que tenga una licenciatura general, ya que los tiempos actuales exigen conocer a fondo el área que se encomienda.

El Consejo de la Judicatura llevó a cabo el proceso de selección de jueces, secretarios, secretarios instructores e interinos. En lo que se refiere a la designación de jueces y secretarios se llevó a cabo en cinco etapas, entre ellas la capacitación virtual, exámenes de conocimientos teórico-prácticos, prueba psicométrica y examen final, con lo cual y como es lógico obtienen la plaza los mejor calificados, cuestión que ofrece plena confianza a los ciudadanos que deben acudir a esos juzgados ya que recibirán una atención neutral y justa.

Lo que más se ha exigido a los aspirantes es que tengan experiencia en derecho laboral y con práctica comprobable, además se toman en cuenta los conocimientos y aptitudes demostradas durante el proceso se elección, el grado académico, capacitación continua y trayectoria, lo cual tiene que ser justificable.

Este nuevo modelo de justicia laboral que está en marcha en el país sustituirá a las Juntas Locales y Federales de Conciliación y Arbitraje, a través del cual se pretende reducir los tiempos de sentencia de los conflictos entre patrones y trabajadores en un máximo de 8 meses, cuando actualmente es de cuatro años o más, para ello el Gobierno Federal plantea que los tres pilares del sistema son una nueva justicia laboral, fortalecer la democracia sindical y garantizar la negociación colectiva.

En esas condiciones, la justicia laboral pasa a manos del Poder Judicial, en lo federal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo local a los tribunales superiores de justicia, que en el caso de Aguascalientes es el Supremo Tribunal de Justicia.

El nuevo modelo privilegiará la conciliación entre las partes, con lo que se espera abreviar las demandas y que no se lleguen al juicio. Se busca que los trabajadores o sindicatos que presenten una querella busquen en primer lugar llegar a un acuerdo con la patronal, para ello habrá centros conciliatorios, contándose con 45 días para alcanzar un acuerdo. En caso de no lograrlo se iniciará el juicio, que tendrá una duración no mayor de 8 meses y en el caso directo de un trabajador y el patrón será de 6 meses para dictar el fallo.

El propósito es que más del 60% de los asuntos se resuelvan por vía conciliatoria, para de esta forma evitar la saturación en los juzgados, al mismo tiempo termina la vieja práctica de algunos leguleyos, que alargaban los juicios por años porque cuando la sentencia era favorable para su cliente les dejaba abundantes ganancias, lo contrario será con el nuevo sistema, que define cuándo y en qué condiciones puede alargarse una demanda, con fecha límite para concluir.

En estas condiciones Aguascalientes entra de lleno a la nueva impartición de justicia laboral, con la designación del personal que se encargará de esta labor, que al estar avalado por el Poder Judicial es una garantía de que vienen nuevos vientos en la aplicación de de la justicia laboral.

BAJEN EL PIANO

Lo que ayer fue combatido por ser un atentado a los derechos de las personas, hoy se reimplanta como “servicio comunitario”, mismo que se aplicará a los reincidentes en faltas administrativas, obligándolos a pintar y desmalezar espacios públicos.

Los autores de esta brillantísima idea fueron los miembros del Cabildo de Aguascalientes, que en sesión virtual determinaron sancionar a los indisciplinados, que al ser atrapados dos o más veces por la Policía Municipal ya no estarán recluidos en las celdas sino que saldrán a la vía pública a cumplir las tareas que ordenen los jueces de barandilla.

Hasta los años 70 del siglo pasado era común advertir a los “presos” que barrían las calles, que eran los que carecían de dinero para pagar la multa y los cuales fueron detenidos la víspera por alcoholismo, faltas a la moral, pendencieros o por un robo de poca monta, etc. Había personas que no ocultaban la vergüenza de ser exhibidos, mientras que otros ya tenían “callo” y hasta cantaban mientras movían la escoba, al mismo tiempo que asechaban a los policías encargados de vigilarlos para al menor descuido echarse a correr, por lo que si eran atrapados el castigo ya no era en las calles, sino que debían asear varios días las letrinas de lo separos.

Esto se terminó ante las constantes denuncias de diversos grupos sociales, que consideraban un atentado a los derechos de las personas, lo que hoy se conocen como derechos humanos, sin embargo a los actuales regidores y síndicos se le antojó revivir esa práctica, lo que obligará a la alcaldesa interina Juana López a vigilar que se cumpla en todos sus términos.

Para darle formalidad, el cuerpo edilicio reformó los artículos 326 y 356 del Código Municipal, al igual que el artículo 8 del Reglamento de Servicio Comunitario y modificó el artículo 150 del Reglamento de Movilidad del Municipio. De esta manera se les da facultades a los jueces municipales para tomar en cuenta la reincidencia al momento de fijar sanciones a los habitantes que cometan continuas faltas administrativas, que deberán ser reparadas con servicio comunitario como labores de limpieza, desmalezado, pintura, jardinería y las tareas de rehabilitación de bienes y espacios públicos.

Según los ediles, la pretensión es “sensibilizar a la ciudadanía y evitar conductas que dañen el ambiente urbano y social, como disturbios, tirar escombro en sitios no permitidos y otras que perjudiquen la infraestructura de nuestra ciudad, entre otras estipuladas en el Código Municipal”.

Cumplida esa tarea, ahora falta conocer el punto de vista de los defensores de los derechos humanos, que es factible se hayan enterado de las nuevas normas a través de los medios, que como se señala estaban erradicadas desde hace casi medio siglo y se reimplantan en plena era en que hay una exigencia porque se respete la equidad social.

CALIDAD DE VIDA

Resaltar lo positivo de la vida es una obligación de los medios informativos, que demuestran con ello que así como hay situaciones contradictorias hay otras que le dan vigencia a un futuro distinto para los aguascalentenses en lo particular y mexicanos en lo general. Es el caso de la operación que tuvo lugar en el Hospital General de Zona Número 3 (HGZ-3) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de una niña de cuatro años, que presentaba una condición de carácter epiléptico, situación que no podía ser controlada, sin embargo, resultó exitosa pese a lo difícil para alcanzar los fines propuestos. El método neuroquirúrgico a que se sometió a la menor es poco frecuente por la complejidad que entraña y que se denomina “hemisferectomía funcional”, procedimiento en el que se debe desconectar la mitad del cerebro, quedando en coma inducido. La intervención tuvo una duración de 10 horas, en la que participaron especialistas de distintas ramas y un grupo de enfermeras y de otras áreas afines, que con su esfuerzo cooperaron para que la pequeña tenga nuevas posibilidades de recuperarse, que aún cuando será tardado su restablecimiento hay buenas noticias, ya que empieza a hablar y obedece órdenes, lo que para los médicos es un buen síntoma. Todo el trabajo se hizo con personal local, ya sin la intervención de extranjeros, por lo que es factible que vuelvan a llevarse a cabo otras acciones similares en beneficio de los afiliados y sus dependientes.