Cuando hablamos sobre los libros de texto gratuitos que entrega la Secretaría de Educación Pública, surgen diferentes opiniones dentro de la discusión pública a través de medios de comunicación, sin embargo, los aspectos fundamentales y valiosos que deberían abordarse en los debates, quedan desplazados de forma casi intencional por argumentos originados por la coyuntura política, o peor aún, por pensamientos y lugares comunes alimentados por el desprecio hacia diversos sectores de la población o por la ignorancia sobre el sistema educativo mexicano. Y sí, como se puede advertir de la introducción de este texto, vamos a abordar la polémica en torno a las modificaciones a los libros de texto, las opiniones muy desafortunadas que han efectuado los medios de “oposición”, así como la ineptidud de la actual gestión educativa a nivel federal en aterrizar cambios necesarios y urgentes en los materiales educativos que se envían a las y los alumnos de todo el país.

El periodista Carlos Loret de Mola, en su portal Latinus, expone un análisis muy pobre sobre el prototipo que se pretende implementar en los libros de texto para las y los estudiantes del primer año de primaria, en el cual destaca la supuesta “normalización” de palabras con terminación “s” como “dijistes”, o bien, frases como “sube para arriba”, etc.; lo que plantea Loret es que el Gobierno Federal fomenta un uso incorrecto del lenguaje desde los primeros grados de escolaridad, así como también el impulso de las asambleas como medio de exigencia a las autoridades. Más allá de generar una crítica constructiva a esta propuesta, lo único que se puede advertir de sus manifestaciones es un completo desconocimiento de la educación en México, los regionalismos y las funciones primordiales del lenguaje (que es, a final de cuentas, la transmisión de un mensaje o información). Adrián Chávez, escritor y traductor originario del Estado de México, compartió en sus redes sociales un análisis sobre la nota de Latinus, resaltando que, derivado del contenido original del prototipo, el objetivo de colocar dichas palabras en los libros de texto es con la finalidad de combatir los estigmas que existen en el uso del lenguaje, así como también explicar la finalidad del lenguaje en sí mismo y no efectuar dicho proceso mediante una “normativización”. Considero que esta última crítica es la más acertada, ya que el uso de regionalismos en nuestro país no debe ser denostado o estigmatizado por parte de las instituciones públicas, sobre todo porque México es un país sumamente diverso, heterogéneo y multicultural.

Creer que el uso del lenguaje debe ir siempre encaminado a este tipo de reglas, es síntoma de un profundo desconocimiento de nuestro país y sus comunidades alejadas de las ciudades. La oposición (medios y figuras políticas) deben adentrarse más hacia las cuestiones realmente trascendentales sobre el tema, dirigir el análisis, por ejemplo, a la mala organización de la dirección de materiales educativos de la SEP, encabezada por Marx Arriaga, dado que no cuentan (a pesar de que dicho titular afirma que sí) con un cronograma fijo para la entrega de los nuevos libros de texto, así como la polémica en torno al uso de materiales educativos elaborados por particulares (se pretende hacer una regulación más estricta en torno al uso de dichos contenidos, lo cual abordaremos en otra ocasión); y también sobre el manejo de la política educativa en el país, la falta de resultados positivos en cuanto al combate de la brecha educativa, la poca efectividad del uso de transacciones no condicionadas (becas del bienestar) y un largo etcétera que integra la agenda pública en el ámbito educativo. Lo único que se obtiene de estas discusiones tergiversadas son puntos de vista discriminantes y que pueden tener consecuencias gravosas para la vida de millones de mexicanas y mexicanos en todo el país; lo anterior no es una exageración, tan sólo hay que recordar cómo el año pasado, un estudiante de origen otomí fue quemado vivo en una escuela en Querétaro a raíz de la burla y el acoso escolar por parte de estudiantes de su mismo plantel, quienes iniciaron dichos ataques por la manera de hablar de su compañero.

Si como oposición realmente deseamos mejorar el sistema educativo mexicano, debemos dimensionar las condiciones en las que viven todas y todos los estudiantes, impulsar medidas inclusivas y construir puentes de colaboración, no difundir mensajes intolerantes con tal de polemizar y afectar a los adversarios políticos. Por ello, quisiera cerrar con una reflexión de Jaime Torres Bodet extraída de sus memorias, a quien en su primer periodo como secretario de Educación Pública, el presidente Manuel Ávila Camacho le solicitó proponer cambios en el sector educativo para buscar la unidad nacional:

“Una escuela digna de unir a todos los mexicanos. Sí, agregaba yo, y digna de unirlos en el progreso, en la democracia, en la justicia social, en la libertad de pensar, de escribir, de creer… pero no en la subordinación a una secta política o religiosa (o religiosa y, también, política) […]”.