Jesús Eduardo Martín Jáuregui

(¿Qué tal susto les saqué?.- La propuesta del presidente interino del llamado Movimiento de Renovación Nacional, nombre que tomó prestado del partido de Raúl Alfonsín en Argentina, de revisar los patrimonios personales, seguramente la hizo por instrucciones del Presidente de la República. Pensar lo contrario sería subestimar a ambos. Aunque sin duda sólo se trataba de un atento recordatorio de lo que un Presidente puede hacer.)

Los derechos fundamentales, conocidos mucho tiempo con el nombre de garantías individuales, son un catálogo mínimo de derechos que el gobierno está obligado a difundir, aplicar y proteger. Ahora, desde la modificación del artículo primero y la inclusión de los tratados internacionales como parte integrante de la Constitución tratándose de derechos humanos, el número de ellos se ha ampliado y su protección también, teóricamente ha crecido. Aceptemos que esto es nuevo, aunque la aplicación extensiva de los artículos 14 y 16 constitucionales tutelaba todo el orden legal, incluyendo los tratados suscritos por México. Más aún existía en la ley de Amparo, una figura que los jueces locales estaban obligados a aplicar como requisito para la procedencia luego del amparo directo: la reparación constitucional que se tramitaba como un incidente, con suspensión del principal, cuya materia era exclusivamente las violaciones constitucionales y que los jueces estábamos obligados a resolver sobre la marcha con estricto apego a la Constitución, a la jurisprudencia y a la legislación de Amparo.
Las nuevas tendencias del constitucionalismo distinguen entre principios y reglas y proponen procedimientos para discriminar la aplicación de unas y otras, en particular cuando parecieran entrar en contradicción, o al menos presentaran problemas de aplicación práctica que requiriese una elección o decisión complicada. Por poner un ejemplo, aunque no será tema de esta columneja, es el debate reciente suscitado por la publicación de una guía de bioética, con la intención de proporcionar elementos a los médicos tratantes de pacientes con coronavirus, cuando tuviesen que establecer un orden en su atención. La aparente propuesta de atender a quienes tuviesen más posibilidades de sobrevivencia provocó reacciones en las que se discutían principios no reglas. La vida de un viejo sabio y enfermo, no vale frente a la vida de un joven holgazán.
El asunto es analizar si bien someramente, en qué medida las medidas sanitarias dadas a conocer por el vocero del gobierno federal y al parecer determinadas por el Consejo de Salubridad General pueden plantearse como obligatorias e imponerse coercitivamente. El gobierno ha oscilado entre uno y otro extremo sin haber definido una posición. El presidente ha mostrado luego de una cadena de yerros, cierta prudencia aplicando la “sana distancia” dejando que sus funcionarios de segunda línea se disputen los reflectores, aplicando una estrategia de mitigación, no a la pandemia sino a la opinión ciudadana dando elementos distorsionados que operaron como datos para facilitar una percepción. El Presidente prefirió incluso no compartir el escenario y dejara para el trato de la pandemia un foro alterno que no desmereciera o distrajera la atención de la actividad presidencial.
En las diversas intervenciones de diferentes integrantes del gabinete se ha puesto de manifiesto también la falta de unidad, conociendo el autoritarismo del Presidente, las distintas y contradictorias posturas asumidas por los voceros, lo que se explicaría por ser diferentes personalidades, pero cuando la misma persona cambia de manera tan radical sus posturas queda solamente la convicción de que no hay una línea definida. Contrasta fuertemente la postura anunciada en alguna de las primeras transmisiones por Marcelo Ebrard que habló incluso de procesos penales, y la posición autoritaria de la Secretaría del Trabajo que hizo una amenaza similar para quienes no continuaran manteniendo su planta laboral, y desde luego la del gobierno de CdMx cuando la señora Sheimbaum aseguró que las empresas que disminuyeran sus plantillas no podrían seguir laborando en la capital; no digamos las del Dr. López Gatell que tiene la habilidad extraordinaria de recorrer toda una gama de posturas en un continuo que va de la “A” a la “Z”, aparentando que hay uniformidad en sus aseveraciones, como histrión tiene el reconocimiento de mucha gente, como científico calificado ha sido cuestionado por los más altos representantes del sector médico, incluyendo los del centro John Hopkins donde se formó, como político ha llevado hasta abyección su papel con la inolvidable frase de que el Presidente no contagiaba porque tenía la fuerza moral; todo ello contrasta fuertemente con las últimas posiciones asumidas por el Presidente en que distorsiona hábilmente el concepto de autoritarismo confundiéndolo con comportamiento al margen de la ley.
Todos los días el Ejército y la Guardia Nacional, no digamos los rescoldos de la policía federal, y las policías investigadoras y preventivas, violan abiertamente los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por comisión y por omisión. No sólo se viola el derecho al libre tránsito si el Ejército o la Guardia Nacional ponen retenes, sino también por omisión si no impide que la delincuencia los ponga. Todos los días se detienen ciudadanos con violación artera de sus derechos, todos los días se delinque amenazando las autoridades, dando a conocer información confidencial, azuzando el odio y asumiendo el papel de víctimas ante las críticas fundadas o no a las que todo ciudadano tiene derecho.
¿Por qué razón no se tomaron las medidas sanitarias oportunamente y sobre todo porque no se hicieron obligatorias en el marco que la propia constitución le confiere al Presidente? ¿Por qué el Presidente decidió achacar a un Consejo misterioso medidas que legalmente no tiene? ¿Por qué en plena pandemia decidió plantear al Congreso temas importantes que requerían mayor transparencia y socialización? ¿Por qué deja a los estados una aparente discrecionalidad cuando no ha descendido la curva de contagios y la salud pública es una cuestión nacional? Pero especialmente ¿Por qué ante tantas evidentes contradicciones la popularidad del Presidente no decrece? ¿Será como una epidemia?

(El mataperros.- Por allí dice un refrán que por un perro que maté ya me decían el mataperros. Por una resolución perfectamente calculada, premeditada, publicitada y difundida, a la Suprema Corte de Justicia ya la colocaron los nuevos intelectuales orgánicos en los cuernos de la luna como adalid de la división de poderes y de la constitucionalidad. Una golondrina no hace verano. Y ya desde la forma en que se ha ido modificando su integración ha mostrado sumisión al Presidente.)

bullidero.blogspot.com facebook jemartinj twitter @jemartinj