La Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo la reforma realizada por el Congreso del Estado e invalidó disposiciones del Código Penal estatal, donde se establecían supuestos de procedencia de la prisión preventiva oficiosa, dejando en claro que la atribución para legislar en materia procesal penal es exclusiva del Congreso de la Unión.
El efecto de la resolución dictada en la sesión remota del Tribunal Pleno, este lunes, es que no se podrá imponer prisión preventiva oficiosa, es decir, aquella que en automático y por el tipo de delito manda a la cárcel a las personas.
El resolutivo subraya que legislar en ese sentido invadió la competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia procesal penal.
Además, en el mismo expediente, invalidó las porciones normativas donde, al establecer las penalidades dolosas calificadas, se violaba el principio de taxatividad en material penal, el cual le impone al legislador el deber de emitir normas claras, precisas y exactas.
De acuerdo al comunicado emitido por la SCJN, los efectos de esta resolución se surtirán de manera retroactiva a la fecha de entrada en vigor de los preceptos inválidos, una vez que los puntos resolutivos de la sentencia sean notificadas al Congreso del Estado.
Asimismo, el pleno del máximo tribunal exhortó a los legisladores locales abstenerse de legislar nuevamente en materia procesal penal, pues sus atribuciones no alcanzan para ello.
Entre otros, los delitos incorporados a los supuestos de prisión preventiva oficiosa en la reforma al Artículo 75-A del Código Penal fueron robo calificado y abigeato calificado.