Benito Jiménez
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Con un cúmulo de denuncias penales en su contra, Jaime Bonilla, quien fuera Gobernador de Baja California (2019-2021) busca reincorporarse al Senado.
«Me dirijo a usted para hacerle conocer mi determinación de reincorporarme a partir de esta fecha a las actividades legislativas que me corresponden como Senador de la República electo para la LXIV y LXV Legislaturas del Congreso de la Unión», expuso en una carta enviada a la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, fechada el 25 de marzo.
Sin embargo, sobre el ex Mandatario morenista pesan una serie de acusaciones por lavado de dinero, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, falsedad y un peculado hasta por 12 mil millones, reportados durante su Administración estatal.
Una primera denuncia en contra de Bonilla y cinco colaboradores fue presentada el 1 de noviembre de 2021 ante la Fiscalía General de la República (FGR) por cobrar derechos de agua a presuntos deudores, para lo cual fue contratada una empresa privada que acumuló los recursos, al parecer de forma ilícita.
De acuerdo con la denuncia, en algunos casos la operación fue inversa: a las empresas les cortaron el servicio de agua y/o drenaje y, cuando el particular acudía al organismo operador para reclamar la causa del corte, se les exigía pagar un adeudo inexistente.
En los delitos están involucrados los ex funcionarios identificados como Salomón Faz Apodaca, Vicenta Espinoza Martínez, Sergio Antonio Rosete Weben, Juan Pablo Guerrero Mercado, Eliel Alejandro Vargas Pulido, entre otros, así como la empresa Fisamex y su apoderado Manuel García Soto.
Otra acusación que pesa sobre la Administración de Bonilla es por un contrato con una empresa fotovoltaica que proporcionaría electricidad al Acueducto Río Colorado-Tijuana y que al final no consiguió los permisos federales.
A inicios de marzo, el Gobierno de Baja California, encabezado por la morenista María del Pilar Ávila interpuso la denuncia ante la Fiscalía del estado por un peculado de casi 12 mil millones de pesos, por un fallido proyecto de energía de Next Energy, en Mexicali.
En esta queja figuran al menos siete ex funcionarios de áreas como la Secretaría de Hacienda, la Comisión de Energía y la Comisión Estatal del Agua, entre otras, así como seis entes privados.
Se presumen en el expediente delitos de abuso de autoridad, peculado, peculado impropio, uso ilícito de atribuciones y facultades, coalición de servidores públicos, así como ejercicio ilícito del servicio público y falsedad ante las autoridades.
La primera piedra del proyecto fue colocada por el 15 de junio de 2021, desde entonces no hay avance de obra, ni técnica ni física, en la obra en la que se invirtieron unos 12 mil millones de pesos.

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