El senador de la República, Miguel Romo Medina, anticipó que en el próximo periodo extraordinario del mes de julio se podría estar aprobando una nueva Ley para tipificar como delito grave e incrementar hasta 30 años las sanciones, de privación de la libertad para aquellas personas que ejercen el huachicoleo o el robo de hidrocarburos.

No obstante, aclaró que actualmente se trabaja con los coordinadores parlamentarios de las cámaras de Senadores y de Diputados para concretar un periodo extraordinario para abordar tres o cuatro temas centrales para el país.

El primero de ellos es la Ley de Seguridad Interior, que es una norma que sustentará la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado y en la seguridad pública en las entidades y municipios.

Otro asunto que preocupa es concluir la iniciativa de ley orientada al robo de hidrocarburos, donde se combatirá la acción de los huachicoleros, ya que aquí existen dos iniciativas de ley, una se orienta a reformas al Código Penal Federal que consiste en incrementar y establecer sanciones más severas en la privación de la libertad.

También existe la iniciativa de una ley ex profeso o especial en esta materia, donde se establecen varios tipos delictivos, no se limita a los robos de hidrocarburos, sino que abarca los atentados o los daños a la infraestructura vinculada con todo el sector energéticos, hidrocarburos, unidades estratégicas, vehículos, transportación, almacenamiento y otros muchos temas asociados.

Ambas iniciativas invariablemente deberán integrarse en una sola y se determinará un dictamen que establezca si opta por una ley especial o se reforma el Código Penal Federal.

Otros dos temas que se encuentran en acuerdos, estudios y análisis se refieren a la determinación sobre el fiscal anticorrupción, que es una ausencia fundamental dentro de la plataforma que integra el Sistema Nacional Anticorrupción y que ya debe ser resuelta.

Por último, el senador de la República señaló que también se deberá definir la transformación y la nominación del fiscal general de Justicia de la República.