La ampliación del catálogo de delitos graves a nivel constitucional que se discute en el Congreso de la Unión es un retroceso a la impartición de justicia en el país y no disminuirá delincuencia, señaló Luis Eloy Morales Brand.
El jefe del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, sostuvo que no sólo va contra la esencia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, sino que lo conducirá al colapso y además seguirá protegiendo a los funcionarios públicos que cometan ilícitos.
“Se trata de una reforma Constitucional que por el control que tiene ahora Morena en el Congreso Federal y en un número importante de congresos locales, seguramente será aprobada, no obstante que tendrá consecuencias adversas para la justicia en el país”.
En entrevista, el catedrático consideró que plantear sanciones carcelarias de oficio para acciones de corrupción, además de huachicol y robo agravado, genera bonos entre la población, cuya aspiración es que todo el que falte al orden social esté en la cárcel.
“Sin embargo, es una reforma contradictoria porque no abona nada el Sistema Acusatorio, falta al principio de presunción de inocencia que es eje fundamental de éste y obstaculizará otra línea prioritaria del nuevo modelo como lo es la reparación del daño”.
Y es que quien ya está en la cárcel no negocia cómo reparar el daño y el que se queda por responsabilidad comprobada, mucho menos porque además no tiene forma de hacer algo para cubrir los daños causados a la víctima.
En ese sentido, Morales Brand reiteró que además la prisión preventiva se aplicará a ciudadanos que roben “un shampoo, un kilo de aguacates o un tapón vehicular”, pero no a los funcionarios públicos que desvían recursos porque siguen teniendo fuero, como sucede en la actualidad.
“La peor parte, es que la comisión de delitos no disminuirá porque endurecer penas no es el camino para hacerlo, sin embargo, las autoridades apuestan a ello para atender deseos ciudadanos y justificar que no están atacando el origen de la incidencia delictiva”.
Además del hacinamiento carcelario, la reforma provocará una carga de trabajo enorme para fiscalías, defensorías y poderes judiciales estatales, que de por sí ya están saturados, con el riesgo de que suceda lo que en Colombia y Chile.
“Allá colapsaron los sistemas de justicia a falta de recursos para atender en oralidad a tantas personas privadas de su libertad, sin posibilidad de negociar procesos alternativos y llevados a juicios para los que no hay recursos humanos suficientes y con los que se cuenta, han llegado incluso a ponerse en huelga ante el cúmulo de trabajo que deben desahogar”.