El Congreso del Estado aprobó ayer reformas al Código Penal Estatal para regular las agravantes de diversos delitos de tipo sexual, cuando se cometen hacia víctimas menores y mayores de 15 años de edad.
La iniciativa presentada por las diputadas Karola Macías y Sanjuana Martínez Meléndez reforma los delitos de:
• atentados al pudor
• pornografía infantil o de incapaces
• estupro
• violación
• violación equiparada
En todos los casos habrá pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.
La sanción penal por el delito de atentados al pudor equiparado será de 6 meses a 3 años de prisión y de 25 a 250 días de multa. Si la víctima es mayor de 15 años, pero menor de 18 años de edad, al inculpado se le aplicará de un año con 6 meses a 3 años de prisión, de 50 a 200 días de multa.
Si la víctima es menor de 15 años de edad o por cualquier causa no puede resistir la conducta del sujeto activo, al responsable se le aplicarán de 3 a 6 años de prisión y de 100 a 500 días de multa.
Al responsable de pornografía infantil y de incapaces se le aplicarán de 7 a 14 años de prisión y de 300 a 700 días de multa; cuando la víctima sea menor de 15 años de edad o una persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o resistirlo, se le aplicarán de 8 a 15 años de prisión y de 350 a 750 días de multa.
Al responsable de violación se le aplicarán de 10 a 16 años de prisión y de 100 a 200 días de multa. Si la víctima es mayor de 15 años, pero menor de 18 años de edad, al responsable se le aplicarán de 12 a 18 años de prisión y de 150 a 200 días de multa.
Por otro lado, la LXV Legislatura local avaló adecuaciones a la Ley del Instituto de Servicios de Salud del Estado, a fin de contribuir a eliminar los aspectos discriminatorios que existen en las leyes, ya que en la actualidad en su mayoría contienen lenguaje que particulariza aspectos como el sexo y la edad, en perjuicio de los ciudadanos.
También en lo relativo a la prevención integral del suicidio, el deber de las autoridades de hacer recomendaciones a las instancias municipales para capacitar al personal de salud, de seguridad pública, protección civil y elementos de primer contacto ante emergencias, para detectar, atender, canalizar y dar seguimiento a personas con comportamiento suicida y a sus familiares.
