La sabiduría popular no se equivoca cuando señala que quien busca, encuentra, por lo que la respuesta terminante de los gobernadores a los ataques del Presidente de la República y de sus asistentes obligó a exigir respeto y que si existe alguna duda, inquietud o falta se la haga saber de frente y no utilizar el púlpito de Palacio Nacional.
El gobernador Martín Orozco Sandoval, al igual que todos sus colegas, asistió a la sesión del Consejo Nacional de Seguridad que tuvo lugar el pasado 18 de diciembre, efectuada un día después de que el mandatario nacional y su secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, presentaron un informe sobre este particular, en el que se exhibió a los ejecutivos estatales que no asisten a la totalidad de las reuniones matutinas de seguridad que tienen lugar en sus respectivas demarcaciones, lo que según su punto de vista ha sido la razón para que se tenga una mayor presencia de la delincuencia organizada y el crecimiento de crímenes culposos.
La réplica no se hizo esperar. Durante la sesión del Consejo de Seguridad los gobernadores reprocharon al gobierno federal de actuar de manera miserable y partidista en el combate a la inseguridad, al mismo tiempo exigieron hablar de la estrategia de seguridad, que se aplazó para principios de año.
El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Francisco Domínguez, demandó a nombre de sus compañeros que “no debe partidizarse ni ser mezquinos con la seguridad de todos los mexicanos. No hay espacio para el regateo ideológico en los tiempos que vive México”.
Previamente, en una reunión privada con Alfonso Durazo y los secretarios de la Defensa y Marina, los mandatarios de Chihuahua, Javier Corral; de Michoacán, Silvano Aureoles y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, reclamaron la exhibición de las inasistencias y ante el aumento de la tirantez se optó que los gobernadores sostendrán un encuentro el 13 de enero con los miembros del gabinete para revisar la estrategia de seguridad del gobierno federal.
No obstante el descontento, López Obrador mantuvo su posición sobre la necesidad de que los gobernadores no deleguen su responsabilidad en esta materia, al citar que “poner en el centro de la atención la demanda de seguridad significa atender el problema todos los días, tiene que haber perseverancia y como aquí se mencionó, atención directa de las más altas autoridades, no delegar la atención de los problemas de la inseguridad y la violencia, asumirlo nosotros”.
En el caso de Aguascalientes existe plena responsabilidad, precisó Orozco Sandoval, al subrayar los esfuerzos que se han implementado en el combate al crimen organizado, adicciones y delincuencia común, es el caso de las acciones que tienen lugar del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, al lograrse un aumento del 4%, al mismo tiempo los municipios de Aguascalientes, Calvillo, Jesús María y San Francisco de los Romo alcanzaron un aumento de acuerdo a su presupuesto.
En estas condiciones, la postura de la Conago, frente a las acciones que la Federación, que se han aplicado en materia de seguridad, se conserva invariable, en apego a los diseños de unidad nacional y congruencia que arroje resultados.
Sostuvo que bajo ninguna circunstancia regateará el apoyo que sea necesario para mantener la paz y tranquilidad en Aguascalientes y se declaró convencido que con empleos dignos, educación y desarrollo económico, además de capacitación constante a policías, se logrará el anhelo de concordia colectiva, para ello es indispensable “asumir la responsabilidad como gobierno, para que cada uno haga lo que le toca”.
Pues vaya que Andrés Manuel López Obrador consiguió agitar el avispero, aunque le salieron respondones los gobernadores que no están dispuestos a que los tomen como perilla de box para hacerlos responsables de lo que es una tarea de todos, principalmente de quien tiene el mando nacional.
OTRA VEZ CHÁVEZ
Es de sobra conocido aquello de que la gloria y el placer de los diputados dura tres años y la vergüenza toda la vida, versión que podría ser aplicada a Francisco Chávez Rangel, quien durante el sexenio 2010-2016 fue amo y señor, tanto que de director general de Educación pasó a ser candidato a presidente municipal y luego de su fracaso político regresó al gobierno del estado como jefe de asesores del Ejecutivo y más tarde recuperó la dirección del IEA, algo que ningún funcionario ha logrado en Aguascalientes.
Han pasado tres años de que salió del aparato oficial pero su nombre continúa presente, a raíz de las imputaciones que le hacen sobre diversos actos que tuvieron lugar durante su paso por el Instituto de Educación (IEA), por lo que se ha visto obligado a responder ante los jueces y principalmente a la opinión pública, que sigue de cerca el desenlace de esta novela.
Cuando empezaba a desaparecer todo rastro de él, por lo que se consideró que finalmente había logrado convencer a los magistrados de su inocencia, de pronto el Poder Judicial del Estado determinó el pasado 18 de diciembre vincularlo a proceso por “ejercicio indebido del servicio público”, cometido en agravio del IEA.
Fue la magistrada especializada en el Sistema Penal Acusatorio quien ordenó continuar la audiencia que se inició el pasado 17 de septiembre, con la finalidad de discutir las medidas cautelares y plazo de cierre de la investigación que se fijará al ex titular de la educación en el estado.
De esta manera se atiende la impugnación que presentó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el día 29 del mismo mes en contra del acto de no vinculación. El delito de que se le acusa es por otorgar contrato de prestación de servicios profesionales remunerados, “sabiendo que no se prestaría el servicio para el que se nombra a los contratados o no se cumplirían los términos del contrato celebrado”, de igual manera “por ejecutar actos o incurrir en omisiones que produjeron daño o concedieron a alguien una ventaja indebida”.
Como ha sido característico, de inmediato el ex funcionario respondió el jueves que durante el tiempo en que ha estado bajo investigación se ha mantenido callado, sin embargo hay información que se ventila públicamente y que nada tiene que ver con la realidad, en lo que se refiere a los hechos, por lo que su defensa recurrirá a la justicia federal y se encargará de demostrar que no hizo algo indebido, lo que se le imputa de haber contratado un despacho de litigantes para defender una causa del IEA, tal como lo hace la actual administración para atender este caso.
Consideró preocupante que se le persiga por este y otros dos asuntos, porque “no he robado un peso, tampoco se me juzga por corrupción o peculado, sino el delito por el que se me acusa es por haber solicitado un despacho de abogados externos, cosa que es legal”.
La cuestión es que pocos de quienes estuvieron bajo sus órdenes meten las manos al fuego por él, y menos el profesorado, que no guarda algún recuerdo grato de su estancia en el IEA, por lo que si alguien encontró una pista y la hizo saber a la autoridad es por cobrarse algo que le hizo.
NO SATISFIZO
Pocas veces hay coincidencias en posiciones encontradas. Parece un sinsentido, pero en este caso no, porque el aumento al salario mínimo, de hasta el 20%, no podrá ser aplicado por todas las empresas ya que las condiciones económicas no son lo bonancible que se cree, mientras tanto los sindicatos consideran que la voluntad política fue retomada por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para lograr los consensos tripartitas y es coherente con la máxima del actual gobierno federal, de que “primero los pobres”, aunque falta mucho para alcanzar la estabilidad que requiere la vida de los obreros.
El temor que hay en el sector empresarial es que algunas empresas se vean presionadas a incrementar el 20% en salarios generales, lo que de cumplirse las llevaría a la quiebra en pocos meses, por lo que reiteran que el aumento debería de ser en función de la productividad “y no sea un balazo en la cabeza para la empresa”, sostuvo el máximo dirigente patronal de Aguascalientes, Pedro Gutiérrez Romo.
El ingreso mínimo pasa de 102.88 pesos a 123.22 pesos y será vigente a partir del próximo uno de enero, mientras que en la frontera norte de 176 actual será de 185 pesos, al mismo tiempo está la posibilidad de que en marzo próximo se presente otro incremento en base a la ley correspondiente, lo que es seguido muy de cerca por ambas partes, ya que más allá de la posición que cada quien tenga está la obligación de conservar la planta productiva, por lo que toda acción debe ir encaminada a fortalecer lo que se tiene y lo cual será posible si hay el discernimiento suficiente.
AGOBIO MUNDIAL
La prepotencia de los imperios económicos, encabezados por Estados Unidos y Rusia, dio al traste con la Cumbre Climática que tuvo lugar en Madrid, por lo que la humanidad perdió una valiosa oportunidad de reducir las emisiones que afectan cada vez más al planeta tierra.
Mientras la mayoría de los países hacen esfuerzos por restringir todo aquello que, está comprobado científicamente, perjudica los elementos que dan vida y provoca cambios drásticos en los ciclos naturales y al mismo tiempo afecta grandemente diversas regiones con sequías o inundaciones, líderes de varias naciones se niegan a participar al considerar que perjudicaría el desarrollo de sus industrias y por encima de todo anteponen razones políticas.
La Cumbre del Clima de la ONU (COP25) concluyó el pasado 15 de diciembre con una endeble convocatoria a los países a llevar a cabo esfuerzos más ambiciosos contra el cambio climático en 2020 para evitar que la temperatura suba a finales de siglo por encima de 1.5 grados.
La reunión no logró un acuerdo para regular los mercados de carbono, establecidos en el artículo 6 del Acuerdo de París, y ordenar el comercio de los derechos de emisión en un sistema único para todo el mundo, por lo que se pospuso para la próxima Conferencia, que se celebrará en Glasgow, Escocia.
El documento final denominado “Chile-Madrid Tiempo de Actuar”, terminó dos días después de la jornada prevista para el cierre ante el atasco de las negociaciones, lo que convirtió a la capital española en la conferencia climática más larga de la historia.
La ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schemidt, señaló; “No estamos satisfechos (…), queríamos cerrar el artículo 6 para implementar un mercado de carbono robusto con integridad ambiental”. Originalmente la Cumbre tendría lugar en Chile y se trasladó a España ante la ola de disturbios sociales que han tenido lugar as últimas semanas en el país sudamericano contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera.
De casi 200 naciones participantes se logró únicamente el aval de 84 que se comprometieron a presentar para el año próximo Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), más duras para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
A favor de ese pacto firmaron Francia, Alemania, España y Reino Unido y se negaron a hacerlo Estados Unidos, India y Rusia, que juntos suman alrededor del 55 por ciento de las emisiones mundiales del GEI.
Frente al fracaso para hacer entender al total de la colectividad mundial de los daños que registra la tierra y las desgracias que produce en millones de seres, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró: “La comunidad internacional ha perdido una oportunidad importante de mostrar una mayor ambición en mitigación, adaptación y finanzas para afrontar la crisis climática”.
El propósito del acercamiento fue reducir los mercados de carbono, que son el espacio donde los países y las empresas privadas compran y venden bonos o créditos de carbono, que son permisos para contaminar donde se establece la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que pueden producir en un año. Estos bonos los reparten los gobiernos firmantes del Protocolo de Kioto, y la Unión Europea a los principales emisores del GEI, y por ley deben despedir una cuota igual o inferior al número de bonos que posean. En la Cumbre de Madrid se buscara regular este mercado para asegurar su transparencia y evitar trampas o contabilidades irregulares.
JALEO POR T-MEC
En medio de la información, confirmación y desmentidos de una cláusula que contiene el acuerdo comercial que firmó México y aprobó el Senado mexicano – sin haber leído las letras chiquitas -, una vez más el gobierno estadounidense impuso sus condiciones pese al nacionalismo que enarbola el gobierno lópezobradorista.
Todo un lío se armó tras conocerse que EU tendrá agregados laborales en su embajada en México, que presuntamente se encargarían de vigilar que las empresas cumplan el convenio y de no hacerlo habrá sanciones, lo que el subsecretario de Relaciones Exteriores y negociador del T-MEC, Jesús Seade, dijo que desconocía que fuera así, por lo que de inmediato se trasladó a Washington para conocer de primera mano si de última hora se agregó al documento una cláusula o un párrafo que estaba contemplado.
Durante la reunión que sostuvo Seade con Robert Lighthizer, representante comercial, el funcionario de EU aclaró que la figura de agregados laborales que contempla el proyecto es una práctica común, que no son inspectores y que cumplirían con las leyes mexicanas.
En un escrito que entregó Lighthizer destaca que “la administración incluyó lenguaje en la legislación de implementación del T-MEC, que autoriza hasta cinco agregados del Departamento de Trabajo para trabajar con sus contrapartes mexicanas. Este persona no será inspectores de trabajo y respetará todas las leyes mexicanas relevantes”.
La cuestión está en porqué no se mencionó o avisó a la representación mexicana que se incluiría a esos cinco agregados laborales y que sí se insertó en el documento, y aún más, antes de suscribirse ya se convocaba a interesados en trabajar en la embajada de EU en México como agregados laborales, que tendrán la función de promover los derechos de los trabajadores, mejorar las condiciones laborales, abordar la explotación laboral de niños y otras poblaciones vulnerables, y ayudar al gobierno estadounidense a comprender y responder a las condiciones cambiantes del mercado laboral en México.
El funcionario sostuvo que estas personas no serán “inspectores de trabajo” y cumplirán con todas las leyes mexicanas relevantes, con todo que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la iniciativa de EU para enviar agregados laborales surgió de manera clandestina y no se acordó en el T-MEC: “Ya en el caso de México se ratificó prácticamente por unanimidad (…), sin embargo es un proceso que depende más de una decisión de Estados Unidos, se envió una ley al Congreso para la supervisión de este Tratado que habla de que cada seis meses pueden venir inspectores, también habrá cinco inspectores, lo cual no se aprobó en el Tratado, esto sale de manera clandestina”, situación que consideró no afectará el nuevo tratado.
Pues México podrá argumentar su desacuerdo con esos agregados laborales, pero EU sabe como darle vuelta al asunto, al determinar que vigilará cómo se gasta 829 millones de dólares para implementar cambios legales laborales en México, por lo que el Comité Laboral Interagencial para Monitoreo y Cumplimiento de Estados Unidos, incluido en la Ley de Implementación del T-MEC que analiza el Congreso de EU, será la vigilancia del presupuesto dedicado por el gobierno mexicano para la aplicación de la reforma laboral.
Conforme con un acta enviada al Congreso estadounidense, México se comprometió a destinar 829 millones de dólares de 2021 a 2023 y por años en 2021 utilizará 176 millones mdd, para 2022 serán 325 mdd y en 2023 de 328 millones de dólares.
El Comité Laboral Interagencial evaluará semestralmente si México está proporcionando los fondos adecuados para implementar y hacer cumplir la reforma laboral, “específicamente si México ha proporcionado fondos consistentes con los compromisos asumidos”.
Asimismo, vigilará si el país ha implementado los tribunales laborales, la entidad de registro y los centros de conciliación, de acuerdo con el cronograma establecido, mismo que dispone que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral inicie operaciones en 2021, un año después entrarán en funciones los Centros de Conciliación y los Tribunales Laborales locales y en 2023 lo harán el Centro y los Tribunales federales.
El documento del Congreso de EU determina que las revisiones laborales se centren en ocho sectores: automotriz, autopartes, aeroespacial, industria panificadora, electrónicos, call centers, minería y siderurgia.
En contraparte, en ningún parte del escrito se incluye que alguna secretaría, agencia o departamento mexicano pueda hacer algún tipo de vigilancia o inspección en Estados Unidos y Canadá para verificar que cumplan con lo convenido, sólo lo pueden hacer ambos países en México.
FRENÉTICO ACOSO
El gobierno mexicano, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aprovecha la caída del ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, ante la justicia de Estados Unidos, para actuar no sólo en contra de él sino de su esposa y otros familiares y de quienes fueron sus más cercanos colaboradores, además de empresas que supuestamente estuvieron relacionadas con este personaje durante su encargo.
Como es del conocimiento público, García Luna fue aprehendido el día 16 del presente mes en Texas para ser enviado a una corte de Nueva York, en donde tendrá que responder por presuntos vínculos con miembros del Cártel de Sinaloa.
En México se aprovecha esa circunstancia para indagar entre sus allegados y por lo pronto el inefable titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer que congeló 11 cuentas bancarias vinculadas con García Luna, entre ellas las de su esposa y una de su hermana, que según arguyó “aparecen en las operaciones con transferencias de recursos”.
Mencionó que también la UIF detectó una triangulación de recursos desde dependencias públicas a cuentas del ex funcionario, por lo que, sin mencionar mayores detalles, anunció que se presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que inicie una carpeta de investigación. “Hasta este momento estamos hablando que habíamos encontrado una transferencia por parte de dependencias públicas hacia una empresa y de ahí triangulación hacia cuentas del señor García Luna”,
El citado organismo indaga cómo fueron a parar recursos de la Secretaría de Gobernación (Segob), durante el sexenio de Felipe Calderón, a una empresa del ex jefe policíaco, por un total de dos mil millones de pesos, y de manera paralela se investiga a cinco ex funcionarios cercanos a García Luna, entre ellos Luis Cárdenas Palomino, quien se desempeñaba como titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal.
De igual manera a Facundo Rosas, ex comisionado de la Policía Federal; Javier Garza Palacios, ex coordinador de Seguridad Regional de la Secretaría de Seguridad, y Maribel Cervantes, titular de la División de Inteligencia de la misma Secretaría y actual secretaria de Seguridad del Estado de México.
Los citados pueden ser acusados de conflicto de interés, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, para ello, apuntó Santiago Nieto, “vamos a proporcionar la información a la Fiscalía General de la República y estamos también en coordinación con agencias norteamericanas para efecto de tener intercambio de información respecto a lo que sucede”.
Ha solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la entrega de información relacionada con García Luna y así determinar el monto total de 11 personas físicas y morales a las que se les hizo el congelamiento por su posible relación con el hoy detenido.
También investiga por orden presidencial a funcionarios de la actual administración federal que tengan presuntos vínculos con Genaro García, por lo que aún cuando no tengan alguna responsabilidad pueden ser indagados e incluso quedar cesantes.
En tanto, Manuel Espino Barrientos, actual “superdelegado” en Durango, demandó que el ex presidente Felipe Calderón sea investigado, al considerar que “Genaro García Luna fue el alter ego de Felipe Calderón durante su gobierno. Impensable que no supiera lo que hacía su secretario de Seguridad, se le advirtió”. Espino fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN cuando Calderón fue designado candidato a la Presidencia de la República y se le recuerda porque en plena campaña se fue a España a recorrer el camino de Santiago de Compostela; con el paso de los años renunció a su militancia panista y fracasó en su pretensión de fundar un partido y finalmente apareció en Morena, que lo tiene en la antesala de la gubernatura de su natal Durango.
