Mientras que no cambien las reglas en el reparto del ingreso federal, estados y municipios seguirán dependiendo de ese suministro, porque con sus propios recursos difícilmente podrían llevar a cabo los programas que demandan los habitantes.

Es un asunto que lleva décadas en trámite sin que el Gobierno de la República ceda un ápice, aunque parte de la negativa la comparte la Cámara de Diputados, encargada de autorizar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

De lo que recauda la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 80% es para la administración federal, 16% a los estados y el 4% restante a los municipios, prorrateo que se ha tratado de modificar para que sea 60, 25 y 15 por ciento, respectivamente, aunque hay quienes plantean que sea 50, 25 y 25.

Con el arribo de la nueva administración nacional se ignora las condiciones que prevalecerán para 2019, por lo tanto las secretarías de finanzas locales están a la espera de conocer cómo será el manejo, lo que quiérase o no retrasa la confección de la cuenta pública que deben entregar al Congreso del Estado o a los respectivos cabildos.

De entrada el gobernador Martín Orozco Sandoval advirtió que Aguascalientes podría dejar de recibir cerca de 700 millones de pesos al año, lo cual por ahora es una posibilidad, ya que debe esperar a que el nuevo titular de Hacienda lo admita o lo niegue, además, que del gasto global se defina a cuánto asciende lo que se enviará durante el próximo período anual.

La Ley de Coordinación Fiscal debe cumplirse por el bien de las entidades, y en cuanto a los recursos extraordinarios dependen de la voluntad del gobierno federal, cuestión que actualmente está en puntos suspensivos.

Para los estados será complicado si se cierran las puertas de las Secretarías, como se ha mencionado desde hace dos meses, porque es a través del contacto directo con sus titulares como los gobernadores han conseguido apoyos para obras y servicios que se realizan con una participación bipartita, que fue el caso del colector de Casa Blanca, en donde la Comisión Nacional del Agua (CNA) aportó 100 millones de pesos y el estado 40 millones.

Orozco Sandoval reconoció que “en estos momentos no podemos adelantar nada en materia presupuestal, debemos esperar a diciembre para ver cómo se presenta el panorama, hay que estar conscientes de que en un par de meses las cosas serán diferentes, debemos acoplarnos para que Aguascalientes no salga perjudicado”.

Apuntó que existe confianza de que la Ley de Coordinación Fiscal se mantenga como hasta la fecha, que se respeten las fórmulas en la asignación de recursos, en este sentido, “si tenemos una buena recaudación, debemos recibir una  buena partida”, apuntó.

Lo que debe quedar claro es que la administración estatal no tendrá problemas para trabajar concertadamente con el próximo gobierno federal, porque tratándose de ideologías deben quedar aparte cuando se trata de servir a los ciudadanos. Por encima está el beneficio social y al que deben sujetarse los gobernantes, puntualizó Orozco Sandoval.

Para los aguascalentenses es muy importante que se tome en cuenta el grado de madurez que hay en el pago de obligaciones tributarias y la mejor muestra se tiene en el Seguro Social, donde patrones y trabajadores están entre los primeros lugares a nivel nacional en el cumplimiento, por lo que ojalá que a la mayor brevedad se defina cómo quedará la relación fiscal y así, de inmediato, ocuparse de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019 que aplicará el estado y a su vez que sea la pauta a seguir de los once ayuntamientos, que también aguardan informes.

MISMAS PROMESAS

Con el arribo de la nueva Legislatura se escucha toda clase de compromisos de sus integrantes, al ofrecer que ellos “sí honrarán” el cargo, que saben de la responsabilidad que asumen, que su único interés es servir a la sociedad por lo que no aceptarán ningún tipo de “línea” para aprobar o desechar una iniciativa o un dictamen, y ante todo, serán diputados de tiempo completo.

De entrada, en la sesión del jueves 20, reeditaron las mismas actitudes tercermundistas del Congreso de la Unión ante el reparto de las comisiones. Mientras que en la Cámara de Senadores y de Diputados los panistas denunciaron el “agandalle” de Morena y sus satélites para quedarse con las mejores rebanadas, en Aguascalientes fue Morena la que acusó al PAN de adjudicarse las principales comisiones.

Para su conocimiento, así ha sido siempre, el partido mayoritario se apropia de lo mejor, antes lo hizo el PRI, ahora es Morena a nivel nacional y aquí el PAN, por lo que “la historia vuelve a repetirse” como dijera el cancionero, es una y otra vez, consecuentemente no debería ser motivo de irritación, sino de aceptar una realidad que se presenta cada tres años.

Otro de los juramentos que se reciclan es que su principal misión es dejar en ceros el rezago legislativo, por lo que se abocarán a estudiar y darle salida a cada asunto, pero una vez en sus curules y con la pompa del nuevo cargo pronto se olvidan y se dedican a todo, menos para lo que fueron elegidos, por ello no extraña que existan acuerdos en comisiones que datan de 2008, que al no llegar al pleno se envía a la “congeladora” que por una parte se debe a abulia de las cuatro legislaturas anteriores, otra porque varias son una “papa caliente” y prefieren heredarlas, y otro motivo es que les vale tres cacahuates las críticas, ya que no hay nadie que supervise la eficiencia y productividad de su labor.

Lo que le debe quedar claro, y que ojalá lo tengan presente, es que la mayoría de los que les antecedieron volvieron a ser uno más del pueblo, a los que ya no hay quien les rinda pleitesía y en ocasiones reciben “cortones” de aquellos que se empecinaban por saludarlos o sentarse a su lado. En su mayoría dejaron de frecuentar los restaurantes y antros de moda y en el caso de los varones se dejan crecer la barba con la pretensión de pasar desapercibidos, aunque lo único que provocan es hacerse más visibles. Pocos, demasiado pocos, son los que acogen un saludo espontáneo de quien en algún momento fue atendido y pueden afirmar que fueron genuinos representantes populares.

Lo que hagan o dejen de hacer en la LXIV Legislatura dependerá del recuerdo que dejen y el trato que den a la ciudadanía. Para comprobarlo bastaría que hicieran un ejercicio muy sencillo, que pregunten en su distrito lo que hizo el diputado o diputada que lo antecedió y en un grupo de cinco personas que mencionen su nombre. Podrán evidenciar lo que les espera, conforme a como haya sido su comportamiento de aquí al 2021.

TRAS LA REVOCACIÓN

Por todos los medios buscan los mezcaleros de Oaxaca que se derogue el acuerdo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que otorgó a 44 municipios de los estados de Aguascalientes, México y Morelos la ampliación de la Denominación de Origen (DO), al considerar que ellos son los únicos que pueden explotar, comercialmente, esta bebida.

Encabezados por el mandatario oaxaqueño Alejandro Murat, estuvieron en Ixtepec con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para explicarle las razones que tienen para exigir la anulación y ahí acordaron una reunión  con los designados para encabezar las secretarías de Economía, Hacienda y Agricultura, en demanda de protección para la DO, un esquema especial fiscal y el desarrollo de plantaciones comerciales del maguey.

De manera paralela presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional en contra de la ampliación de la Denominación de Origen Mezcal, por lo que por distintas vías tienen confianza que alcanzarán sus fines.

Aunque están en su derecho de litigar sobre lo que se crean herederos universales, ¿Qué pasaría si un día de Puebla exigen que sólo ahí se haga el mole y los camotes, en Celaya las cajetas y en Paracho las guitarras acústicas?

ENFOQUES OPUESTOS

Lo que para unos el vaso está casi vacío, otros lo miran medio lleno, que se expresa según el ángulo en que se encuentre cada quien.

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que México está en bancarrota, “por lo que posiblemente no podamos cumplir todo lo que está demandado”, pero sí va a cumplir lo que ofreció en campaña.

En sentido contrario, empresarios, autoridades del gobierno y especialistas determinaron que aún cuando la economía nacional enfrenta grandes desafíos y rezagos que se tienen que resolver, “el país no está en bancarrota”.

En lo que fue el primer día de la nueva campaña, AMLO afirmó en Tepic, Nayarit, que recibirá un país en quiebra por falta de crecimiento económico de los últimos 30 años, de ahí que considere que “posiblemente, por las circunstancias, porque el país está atravesando una situación económica y social muy difícil, posiblemente por la situación de bancarrota en que se encuentra el país no podamos cumplir todo lo que está demandado, pero sí vamos a cumplir, que quede claro, todo, todo lo que ofrecimos en campaña”.

Dijo que son muchas las demandas que tienen los ciudadanos, y que no es ningún contrasentido aseverar que el país está en crisis y aún así anunciar apoyos a becas, pensiones y programas que prometió en meses pasados. “No me estoy quejando, es que aún con eso va a salir adelante el país, porque el pueblo quiere un cambio verdadero y la gente votó por eso, nada más que hay algunos que todavía no lo saben, ya les voy a notificar, les voy a mandar un telegrama, un correo, o un whatsapp, para decirles que ya cambió el país y la gente no quiere más de lo mismo”.

Se comprometió que pese a la situación en que recibirá el país “no habrá endeudamientos, ni aumento de impuestos”, pues su gobierno gastará lo que entre en la hacienda pública, además advirtió que si hay inflación o devaluación “no será por malos manejos del presidente, sino por la política económica del Banco de México (Banxico)”.

Frente a esa postura, miembros del sector privado, expertos y del gobierno rechazaron que México esté en el derrumbe económico. Claudio X. González Laporte, presidente del Consejo de Kimberly Clark y ex presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), estableció que los comentarios de López Obrador son para matizar que no cumplirá con todas las promesas de campaña porque no hay recursos suficientes. Expresó que “sin la confianza la inversión no se da” y esos comentarios no contribuyen al ambiente de certeza.

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que para los inversionistas la confianza es prioritaria para desarrollar proyectos y generar empleos, y que los principales problemas de México son la baja inversión en infraestructura, la corrupción y la inseguridad.

Para el investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, Aníbal Gutiérrez “no es bancarrota. Las finanzas públicas y el sector privado no están quebrados, México mantiene posibilidades de pago de deuda externa sin problema, entonces no puede calificarse de bancarrota. Más que eso es una insuficiencia de recursos públicos ante todo lo que se tiene que atender”.

El presidente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializada, Enrique Bohórquez, declaró que “no estamos en una economía boyante y no somos un país rico, estamos en desarrollo. Me parece extremo pensar que estamos en bancarrota.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a nombre del gobierno federal, afirmó que hay solidez en las finanzas públicas, que México tiene finanzas sanas, estabilidad anclada, una inflación que converge a la meta del Banco de México, con un sector financiero bien capitalizado y líquido, y que se debe seguir trabajando para mantenerlo. Los vientos en contra se han logrado enfrentar, como el choque de los precios del petróleo en 2016, “debido a los esfuerzos de estabilidad y de anclaje de las finanzas públicas y la política monetaria”.

El columnista de El Universal Salvador García Soto, en su colaboración del 18 de septiembre, cita que “hablar de una nación en ‘bancarrota’ remite más a una situación de crisis financiera extrema que él mismo (López Obrador) había negado días atrás”. Refiere que en la misma sintonía con AMLO están los líderes de Morena en el Congreso de la Unión, el senador Ricardo Monreal y el diputado Mario Delgado, “cuando hablan de ‘un país en grave riesgo y con algunas situaciones muy complicadas’ o de una ‘casa en ruinas y muy sucia, aunque la pinten de blanco”. Cuestiona el porqué del cambio en la visión de López Obrador, “porque hasta ahora había mantenido un discurso menos catastrófico y más esperanzador”.

HIERVE PUEBLA

Luego de mes y medio de las elecciones por la gubernatura de Puebla, en que se dio por ganadora a la candidata Marta Erika Alonso (PAN-PRD-MC), la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF o Trife), ordenó el pasado 19 de septiembre el recuento total de votos.

El traslado de los paquetes electorales a la Ciudad de México tendrá lugar este domingo y mañana se llevará a cabo el nuevo conteo, sufragios que se emitieron el 1 de julio en los 26 distritos que compone el estado, en 7 mil 174 casillas.

Con lo anterior se atendió la exigencia de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y ES), que tuvo como candidato a Miguel Barbosa, que una vez definido el resultado  por el Instituto Electoral de Puebla que dio como ganadora a Marta Erika Alonso, con una diferencia de 122 mil 36 votos, recurrió al Tribunal Electoral local en demanda del recuento de voto por voto, pero sus argumentos fueron desechados y como último recurso acudió al Tribunal federal, que falló a favor de que se abriera cada uno de los paquetes, lo que se hará mañana.

El magistrado ponente José Luis Vargas encontró entre varias anomalías la existencia de cifras ilegibles y documentación incompleta en los resultados de las casillas, así como inconsistencias entre el número de casillas ordenadas para recuento y las encontradas, por lo que resolvió que el Tribunal local actuó de manera “deficiente” y afectó los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad.

Desde el 4 de julio Morena exigió el recuento de voto por voto, sin embargo el 20 de septiembre Miguel Barbosa escribió en twitter: “El material electoral de la elección de gobernador que será objeto de nuevo cómputo en los 26 distritos electorales ha estado bajo custodia y control de los mismos pillos del Puebla_IEE y de los consejos distritales”, por lo que no confía en el nuevo resultado al suponer que “que habrá manipulación”, por lo que insiste en que se anule la elección.

La candidata panista y de la alianza Puebla al Frente, Marta Erika Alonso, señaló por la misma vía: “Estoy convencida que con esta resolución, se tendrá la plena y absoluta certeza del triunfo que obtuvimos para la gubernatura de Puebla”.

López Obrador declaró que aún cuando la elección de Puebla “ya está manchada, sobre todo por la compra de votos”, pero “es un paso adelante” la decisión del Tribunal de ordenar el recuento de votos y prometió respetar el fallo final del órgano electoral.

EN CAMPAÑA

Aunque el país está en “bancarrota”, López Obrador ratificó los multimillonarios apoyos a diversos grupos del país, con lo que dará paso a los compromisos que asumió en campaña y que ahora reiteró en la primera semana de la “gira de agradecimiento”.

En Tepic, Sin., anunció que comenzará un censo, casa por casa, para el bienestar en Nayarit, a fin de seleccionar a los beneficiarios de programas sociales. Detalló que en 2019 habrá un presupuesto de 5 mil 193 millones de pesos para nueve programas, y la construcción de las nuevas universidades en Acaponeta y Compostela  A los sinaloenses les prometió 20 mil 547 becas para jóvenes aprendices, que representará una inversión de 888 millones de pesos, y 20 mil 340 becas a estudiantes de nivel medio superior de familias de escasos recursos, con una inversión de 67 millones de pesos.

En Guadalajara, Jal., presentó un plan de inversión  global por 21 mil 179 millones de pesos para programas sociales, que beneficiará de manera directa a un millón 371 mil habitantes de Jalisco, lo que significa que en una primera etapa se dará atención al 60% de los hogares de la entidad, dando preferencia a los más humildes.

Para los jóvenes que no estudian ni trabajan (“ninis”), encuadrados en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, AMLO ofreció 110 mil millones de pesos que favorecerá a quienes estén entre los 18 y 29 años, con lo cual pretende contener, entre otros, la inseguridad y la delincuencia.