El Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado (IADPEA) es responsable de la tutela legal de 2 mil 762 niños, niñas y adolescentes, contando sólo con dos asesores legales para todos ellos.

Elizabeth Muñoz, directora del instituto, señaló que la función principal de estos tutores especiales es defender los derechos de los menores en juicios relacionados con custodia familiar, reconocimiento de paternidad, pérdida de patria potestad y adopción.

El trabajo de estos asesores es parte integral de la asesoría jurídica del IADPEA, particularmente en lo que respecta a procesos judiciales. El instituto tiene el deber de actuar como tutor legal en los juicios designados por los jueces, conforme a la legislación civil.

Sin embargo, la capacidad operativa del IADPEA es limitada. De los ocho asesores disponibles, sólo dos ejercen esta función crucial, atendiendo a un total de 2 mil 762 beneficiarios, una cifra que Muñoz considera «exorbitante».

En este contexto, Muñoz planea crear una unidad especializada en tutelas, que inicialmente contaría con tres asesores jurídicos adicionales. Este equipo se enfocaría exclusivamente en la representación legal de menores, con el objetivo de disminuir la carga de trabajo de los dos asesores actuales.

Muñoz espera que esta iniciativa reciba el apoyo económico necesario y subraya la importancia de visibilizar esta problemática para asegurar recursos adicionales. La propuesta de una unidad especializada representa un paso importante hacia la mejora en la representación y defensa de los derechos de menores en Aguascalientes.

Además, Muñoz destacó la desproporción entre la cantidad de defensores públicos y fiscales en el estado. Mientras el IADPEA cuenta con 34 defensores, hay aproximadamente 300 fiscales, lo que implica una carga de trabajo significativa para los defensores y una gran diferencia en la representación legal.

Esta situación no sólo afecta la eficiencia del IADPEA en su rol de defensa y asesoramiento de menores, sino que también pone en riesgo el bienestar y los derechos de un sector vulnerable de la sociedad.