El sector productivo de Aguascalientes está muy atento a los acuerdos que se adopten luego de que no se ha logrado frenar el número de infectados y fallecimientos, aunque de antemano demanda que no sea el cierre de negocios “no esenciales” – que son casi todos -, ya que esto malograría los avances que se han alcanzado en lo que va del reinicio limitado.

Hay algunas voces que sugieren la suspensión general, dejando sólo lo indispensable, como única forma de frenar el poco interés colectivo de mantenerse en casa y salir a la calle únicamente para lo más indispensable. Por su parte, el gobernador Martín Orozco se resiste a que se vuelva a esos extremos, al considerar que tiene que haber un equilibrio entre el cuidado de la salud y el funcionamiento de las actividades generales, por lo que reitera la invitación a la comunidad para que sea razonable y ayude a que se mejoren las condiciones de vida.

La información que casi a diario se suministra sobre la ocupación de camas y ventiladores destinados a los enfermos del coronavirus señala que está cerca de llegar al tope, lo que agrava la situación del sector salud, que por esta razón debe destinar más recursos de todo índole para atender esta emergencia en detrimento de la atención que corresponde a pacientes de otras enfermedades.

Para Alberto Aldape Barrios, director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial (CIDE), “las empresas del mercado interno ya no aguantan otro paro general de actividades”, porque de aplicarse daría al traste con la ligera recuperación que se ha logrado, pronunciándose para que se mantengan las medidas de cuidado higiénico dentro de las empresas.

Asimismo, dijo que no es tiempo de cruzarse de brazos, por el contrario, hay que airear nuevas ideas que contribuyan a salir de la crisis, observando las condiciones del mercado nacional a internacional. Es importante tener presente, apuntó, que aún cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elevado a 4.3% la esperanza de crecimiento económico de México durante el presente año, el pronóstico se hace en función del mercado de Estados Unidos y en una vacuna anti-coronavirus que no se tiene de manera generalizada, por lo que hay que tener cuidado en lo que se dice.

Destacó que México comete un error al pretender sacar adelante su economía subordinada al mercado de EU, cuya economía cayó 5% en 2020, lo que podría recuperarse en el curso de este año; de forma paralela el mercado interno mexicano se frena porque hay un menor poder adquisitivo y en algunos casos no quieren gastar. El problema en el país es que no obstante que se tenga trabajo, el ingreso es menor a sus necesidades básicas, lo cual se refleja en casi la mitad de la población ocupada, en tanto hay un sector de consumidores que busca calidad y precios relacionado con productos saludables, lo que se observa en el perjuicio del mercado interno.

De cara a todas esas condiciones, el desafío que enfrentan los empresarios es una pronta adaptación a la demanda del mercado y localizar y examinar la información que tengan para la toma de decisiones, a la vez de integrar nuevos productos, servicios y tecnología, con lo que podrán resolver cualquier situación que se presente, mirando siempre por el fortalecimiento y ampliación de sus negocios.

IMPARABLES LOS DECESOS

La actualización mensual que se hace a la Lista Nominal de Electores (LNE) refleja la situación tan difícil por la que atraviesa la sociedad de Aguascalientes, al registrarse una baja de 1,800 nombres de quienes han fallecido, cuando lo normal era de 500 a 800 y que hoy crece debido a la pandemia que azota al país y al mundo entero.

Al mencionar que una de las funciones del Instituto Nacional de Electores (INE) es garantizar la transparencia, el vocal ejecutivo estatal de este organismo, Ignacio Ruelas Olvera, señaló que se hace la depuración de la LNE cada mes. Se tiene previsto que para las elecciones de junio próximo sean poco más de un millón de ciudadanos los que estarán convocados para votar, pero a raíz de la enfermedad del coronavirus se han acelerado las bajas que reporta el Registro Civil, lo que permite tener al día el registro de ciudadanos.

Con lo anterior se le da legalidad, certeza y confiabilidad al sufragio, de manera que los electores tengan la seguridad de que los candidatos que nominen sean los que efectivamente fueron votados por los que aparecen en la Lista Nominal.

En lo que resta para el 6 de junio seguirán los ajustes, por lo que seguramente habrá más eliminaciones de ciudadanos que fallezcan por diversas causas y que ojalá fueran las menos por el COVID-19, como reflejo de que se ha logrado reducir la pandemia.

De manera paralela, hay altas de los jóvenes que cumplen 18 años, lo que ha motivado que se entreguen alrededor de 10 mil nuevas credenciales, quienes podrán ejercer su derecho al voto por primera ocasión, lo que también obliga a hacer movimientos al alza en el padrón.

Un dato de suyo interesante que refirió el ingeniero Ruelas es el que se refiere a que el 52% de la población empadronada son mujeres y lógicamente el 48% restante hombres, lo que determina que si ellas se deciden a ir a votar podrían decidir el rumbo de la elección, lo que dicho sea de paso acabaría con la costumbre de que sólo la mitad del total de empadronados ejerza el voto.

En lo que se refiere a la elección de diputados federales, el funcionario dijo que está garantizada de acuerdo con el presupuesto con que cuenta el INE, luego de que el organismo hizo los ajustes necesarios ante la reducción de 875 millones de pesos que ordenó a su presupuesto la Cámara de Diputados, sin embargo para la consulta popular que se programa el uno de agosto, en la que se votará si se juzgan o no las decisiones de actores políticos del pasado, sigue pendiente de recursos, en lo que tendrá que ponerse en marcha un proceso parecido al que habrá en junio.

Eso lo tendrá que definir el organismo legislativo, debiendo tomar en cuenta que se convocará nuevamente a más de 90 millones de ciudadanos, quienes podrán definir si procede investigar las acciones que llevaron a cabo ex presidente de la República y diversos colaboradores.

NO A RESTAR UTILIDADES

Las organizaciones obreras están en contra de que se ponga un límite a un mes de salario la entrega de utilidades, al considerar que sería un retroceso a un derecho ganado. Ante la embestida patronal para modificar el esquema, exigen que se escuche la voz de las representaciones sindicales, que tienen sus propias conclusiones. Agrupaciones empresariales tienen varios años de proponer que se anule ese pago o que sea a criterio de los propios negocios, lo que de prosperar invalidaría el 10% que hasta la fecha se aporta, lo cual significa que del 100% de las utilidades que obtuvo la empresa en el año fiscal anterior entrega la décima parte a sus trabajadores, pero ellos buscan que sea un máximo de mes de salario o se aplique el esquema por productividad, esto es, lo que a su juicio ha producido el trabajador que sería una manera imprecisa o aleatoria para cumplir con esta obligación. Ciertamente, hay firmas que pagan una buena cantidad a su personal, que sería el caso del sector minero en donde hay compañías que llegan aportar entre 350 mil y 400 mil pesos a cada trabajador, lo cual depende de la producción y el precio del oro y la plata. También está el acerero, en donde se llega a pagar el equivalente a 8 meses de salario. En contrapartida hay las que tuvieron una mínima ganancia y entregan un bono de quince días de sueldo, lo que se hace una vez que se comprobó en la carátula del informe fiscal que, efectivamente, no hubo rentabilidad. Para estas fechas, se aceleran cada año las demandas de los empleadores para que se excluya o disminuya el PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades) y que no han logrado por la fuerte oposición de los sindicalizados.