En Aguascalientes, padres de familia que ejercen violencia, abuso, vida inadecuada para el sano desarrollo de menores, que abandonan a sus hijos o no son no aptos para cuidarlos, son los que más involucran a menores de edad en tribunales, informó el presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Manuel Ponce Sánchez.

Explicó que algunos expedientes se generan por los propios padres para pelear entre ellos la patria potestad, y en otras ocasiones luchan ambos por no perderla ante situación extremas donde los acusan de malas prácticas e incluso requieren la intervención de la autoridad asistencial.

En entrevista, indicó que al ser el tema de la patria potestad el principal en materia de atención familiar, el PJE ha especializado el Juzgado Quinto de lo Familiar en este tema y en asuntos en los que la Fiscalía o el DIF solicitan autorización para que menores de edad ingresen y permanezcan en Casa DIF.

La especialización de dicho juzgado, así como la celeridad en los procedimientos jurisdiccionales en el tema de adopción, son dos medidas que se han adoptado para actuar rápidamente en situaciones que afectan a menores, agregó.

“Y es que si no hay ahora preocupación y ocupación para que los niños se desarrollen adecuadamente, encuentren formas de crecimiento y de preparación como lo merecen, en el futuro tendremos serios conflictos de jóvenes ante la ley”.

En ese sentido, reconoció que en Aguascalientes afortunadamente los niños, niñas y adolescentes tienen acceso generalizado a la educación, cultura y esparcimiento.

No obstante, hay menores que requieren de protección institucional por encontrarse en situaciones particulares de abandono, maltrato o violencia, y las instituciones están obligadas a actuar en labores preventivas, de investigación en comisión de algún delito y de medidas cautelares o de sanción por parte del PJE.

En el caso particular, hay un delito muy recurrente que es el de atentados al pudor, donde desafortunadamente los agresores suelen ser los propios parientes cercanos y son asuntos que se canalizan a los jueces penales.

Para ello hay medidas oficiales para que los menores puedan intervenir en juicios, se cuenta con protocolos que han establecido organismos internacionales, otros la Suprema Corte y en la entidad hay un propio protocolo para que los menores puedan intervenir en asuntos de carácter judicial.

“El fenómeno requiere énfasis en la actuación que debemos tener las autoridades para proteger los derechos de los menores”, concluyó.