Salvador Rodríguez López

La organización, operación y fines que persigue el empresariado es totalmente distinta a los que tiene el sector público, ya que mientras los hombres y mujeres de negocios buscan contratar y conservar el capital humano por largo tiempo, en el medio gubernamental es lo opuesto, por lo que cada tres o seis años hay nuevos jefes en cada área, que por más conocimientos que tengan tardan en adaptarse a su nueva condición y ponerla en orden, lo que quiéranlo o no repercute en la atención y los servicios que reciben los ciudadanos.

Una regla no escrita se inscribe en las universidades, al recomendarle a los recién egresados que busquen una oportunidad de empleo en una empresa, donde laboralmente pueden crecer y permanecer, además de los ascensos que obtengan les permitirá poner en práctica sus conocimientos con la seguridad que de ellos depende alcanzar la cúspide.

Lo opuesto sucede en el área gubernamental, en que los titulares de las dependencias y quienes cubren otros espacios de dirección no están seguros de permanecer el trienio o sexenio, al estar supeditados a lo que disponga el gobernador o el presidente municipal y en el caso de las dependencias federales de los delegados e inclusive de los propios secretarios de Estado.

En muy contadas ocasiones hay continuidad en alguna área pese al buen desempeño que hayan alcanzado, o su permanencia estriba en las relaciones que tenga con el nuevo titular, sin embargo la continuación está rodeada de asechanzas y que en ocasiones hace difícil prolongar, o de plano hacer caso omiso a los dimes y diretes y siguen hasta donde sea posible.

Tan es inestable trabajar para el gobierno que el secretario estatal de Administración, Juan Francisco Larios Esparza, informó que alrededor de 2 mil servidores públicos serán liquidados antes del 30 de septiembre, entre personal de primer nivel, directores y jefes de departamento, para que la nueva administración cubra los espacios con su propia gente, aclarando que podría haber algunos que continúen pero hasta la fecha no hay nada concreto.

En el desglose que hizo destaca que son 500 puestos directivos que serán reemplazados y otros 1,500 que corresponden a jefes de departamento, para quienes se les tiene reservado una liquidación que equivale a tres meses de salario y la fracción correspondiente a aguinaldo, vacaciones y otros alcances previstos en la ley.

El asunto no termina con la salida de unos y la llegada de otros, sino que por una costumbre inveterada estos últimos lo hacen acompañados de un séquito, entre amigos, conocidos, recomendados y los que hicieron “talacha” durante la reciente campaña política, además llevan su “detalle” y a algunos de sus familiares, al chofer, dos o más asistentes y varios ayudantes, por lo que los empleados de base, que en principio son inamovibles, son presionados para que renuncien o los ponen a disposición del departamento de personal, que es la antesala de la calle, por consiguiente de dos mil plazas vacantes que considera Larios Esparza podrían crecer en más del 50%.

Los experiencia, conocimientos y capacitación que hayan adquirido se van al resumidero y con la recién estrenada administración comienza el ciclo laboral, algo que no se vive en la esfera privada, donde hay empleados de todos los niveles que llegan a jubilarse en la misma firma, de ahí lo importante que los jóvenes que recién se gradúan fijen sus propósitos en una empresa, aún cuando el Gobierno les seduzca por el salario que puedan obtener, pero desconocen en qué momento quedarán desempleados y si llegan al final de la gestión el siguiente paso es recibir una liquidación que apenas servirá para un suspiro.

¿Y LAS COMISIONES DE DD.HH.?

Demasiadas interrogaciones surgieron a raíz del reportaje que presentó la revista Newsweek y que en parte fue reproducido en este espacio, enfocado sobre la negativa de las autoridades del Registro Civil de entregar el acta de nacimiento de los recién nacidos cuyos padres migrantes carecen de papeles.

El Artículo 30 de la Constitución Política destaca que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización y son mexicanos por nacimiento “los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres” y se “reputan como mexicanos por nacimiento los que nazcan en la República de padres extranjeros, si dentro del año siguiente a su mayor edad manifiestan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, que optan por la nacionalidad mexicana y comprueban ante aquella que han residido en el país los últimos seis años anteriores a dicha manifestación”.

El mismo Artículo 30 señala que son mexicanos por naturalización “los hijos que de padres extranjeros nazcan en el país, si optan por la nacionalidad mexicana en los términos que indica el inciso anterior, sin haber tenido la residencia que se expresa en el mismo. Los que hubieran residido en el país cinco años consecutivos, tengan modo honesto de vivir y obtengan carta de naturalización de la Secretaría de Relaciones. Los indolatinos que se avecinen en la República y manifiesten su deseo de adquirir la nacionalidad mexicana”. De cada uno de los requisitos citados la ley determinará la manera de comprobar lo que en ellos se exige.

Consecuentemente, los funcionarios y servidores públicos de cualquier nivel tienen la obligación de someterse a lo dispuesto en la Carta Magna, por lo que negarse a entregar el acta de nacimiento de los recién nacidos es una violación a los más elementales derechos que le asisten a ellos y a sus padres, aún cuando éstos por su calidad de migrantes carezcan de documentación que acredite su nacionalidad.

Si el niño o niña nace en un hospital local no hace falta papeleo para reconocer que la recién parturienta es la madre, que es más que suficiente para extender el citado documento y en caso de que se dude del hombre que dice ser el padre para ello está la prueba del ADN, que es más que suficiente para acreditarlo.

Ante la serie de incidentes que han vivido los progenitores para que les entreguen el acta de nacimiento es necesaria la intervención, de las comisiones nacional y local de Derechos Humanos, de las cámaras de diputados federal y estatal y del Senado y de organizaciones civiles. Tiene que haber un trabajo mancomunado y con el compromiso de cada uno de lograr que se cumpla lo que dispone la norma que rige al país, lo que ojalá se haga sin mayor dilación bajo el supremo interés que se haga justicia.

JUAN NÁJERA CASTAÑEDA

Pese al laconismo público con que se expresa el sentimiento ante la pérdida física de un familiar o conocido, deja un recuerdo en aquellos que trataron o conocieron al finado. Mediante un comunicado, el pasado 17 de julio, el notario Arturo Guadalupe Orenday González dio a conocer el fallecimiento del licenciado Juan Nájera Castañeda, al que califica como “eminente abogado y gran amigo”. Además de su actividad profesional, en que era considerado como uno de los mejores jurisconsultos de la región, también incursionó en la actividad empresarial al crear un parque industrial, le gustaba generar o participar en asuntos polémicos y de los que por regla general salía airoso al ser un estudioso de los temas y si le quedaba algo de tiempo se reunía con los amigos. Fue hermano del actual abogado Cutberto Nájera y del fallecido líder ferrocarrilero Pedro Nájera y tío del licenciado Miguel Ángel Nájera Herrera, además fungió como asesor de diversas empresas desde su arribo hasta la consolidación, situaciones que le permitían tener un panorama muy amplio sobre la vida local y nacional. En una colaboración que hizo el notario Jesús Eduardo Martín Jáuregui en BI Noticias, con fecha del 12 de julio de 2021, destaca: “Autorizada la concesión (de Veolia), un grupo de ciudadanos, entiendo, asesorados por el licenciado Juan Nájera Castañeda, promovieron un amparo que llegó a las más altas instancias judiciales, resolviendo el Poder Judicial de la Federación que concesionar el servicio de agua no era inconstitucional, lo que dio un respiro a la concesionaria ya que no podía cuestionarse su legalidad”, lo que deja de manifiesto que el hoy desaparecido ocupó espacios en la vida pública donde otros no se animaron a entrar.