Hace un par de semanas, señalé en este mismo espacio las ideas centrales en las que deberían enfocarse las candidatas presidenciales para mejorar el Sistema Educativo Nacional (SEN). Con el avance de las campañas se vislumbraron las propuestas esenciales de ambas contendientes, quienes replicaron los cánones o estándares comunes como sus propuestas de modelo educativo: una educación basada en la ciencia, valores democráticos, etc.; con la diferencia de que Claudia Sheinbaum apuntó que incrementará las becas para el bienestar, pero en términos generales no aportaron ninguna propuesta en concreto. Este era el escenario más predecible, dado que las declaraciones de las candidatas y el debate público se ha concentrado en materia de seguridad y ver qué sexenio lo ha hecho peor. Si comparamos el debate público en materia educativa de este periodo electoral y el pasado podremos darnos cuenta de que existe una diferencia abismal, no solo en propuestas sino también en enfoques de política educativa ¿qué generó este distanciamiento en la opinión pública? ¿Cómo se puede cambiar esto?
La educación pública en México tiene diferentes stakeholders o grupos de interés. El primero y más polémico es el magisterio, quienes han sido el grupo por excelencia en entorpecer los avances concretos en materia de evaluación educativa (partiendo por el hecho de que ellos mismos no quieren ser evaluados), después están los padres de familia como “representantes” de las niñas, niños y adolescentes en la discusión pública, y finalmente los grupos de intereses económicos y sociedad civil. La agenda pública se rige bajo este mismo orden de prelación, así como también es igualmente proporcional en cuanto a su fuerza política y de control. Dicho en otras palabras, es más probable que se genere una reforma educativa por presión del sindicato (a favor de sus intereses, obviamente) que una modificación legislativa que parta del interés de las familias u otro sector inmerso. Es por lo anterior que figuras como Elba Esther Gordillo tuvieron mucho peso durante los dos sexenios panistas, ya que lograron capturar el sector educativo.
No fue hasta la reforma educativa de 2013 que se generó un cambio de roles y se colocó al centro de la agenda educativa a la formación de calidad de las y los estudiantes, impulsando la Ley General del Servicio Profesional Docente y los mecanismos de evaluación y permanencia; lo anterior sin el consenso del SNTE, quienes por obvias razones se encontraban en desacuerdo ¿Qué podemos recordar de la labor docente durante la administración de Enrique Peña Nieto? Maestras y maestros normalistas tomando las calles, ejerciendo presión mediática y política, ataques físicos y psicológicos en contra de docentes que sí accedían a realizar las evaluaciones y estudiantes sin profesores. Fue tan fuerte el impacto de la desarticulación del corporativismo sindical que actores políticos como Andrés Manuel López Obrador básicamente les ofrecieron el control del SEN a cambio de su apoyo electoral, lo cual evidentemente aconteció y a la fecha se habla de una cercanía pacífica de las y los maestros con el gobierno federal.
¿En qué se ha condicionado la paz? López Obrador, con la reforma de 2019, eliminó los sistemas de evaluación docente de la reforma de 2013 y le entregó al SNTE nuevamente el control de las plazas (con prácticas de nepotismo y corrupción que llevan décadas en el SEN) y basificaron a más de 800 mil docentes (mientras que, según cifras de Mexicanos Primero, 90 mil cobran sin dar clase). Los planes educativos actuales son una suerte de capricho ideológico del presidente y a contentillo de las y los maestros, lo cual evidentemente ocasionó una regresión en el aprendizaje de las y los estudiantes (quienes sufrirán las consecuencias de las pésimas decisiones en materia educativa de la 4T). Es importante precisar este contexto para dar respuesta a las dos inquietudes que propuse al inicio del texto.
En estas elecciones no veremos un debate enfocado en materia educativa porque a ninguna de las candidatas les importa colocar al centro del SEN a las niñas, niños y adolescentes. El neocorporativismo que instauraron López Obrador y el SNTE (cuyo titular, Alfonso Cepeda Salas, será Senador Plurinominal por Morena en la siguiente legislatura) delegó toda gestión educativa al magisterio y actualmente la política educativa se basa en repartir becas sin ningún tipo de condicionamiento. Este mecanismo de control “a billetazos” no ha tenido algún resultado positivo o significativo en el aprendizaje de las y los estudiantes, sino que sirven como un modelo de ampliación de la base electoral (tan es así que incluso traspasa las fronteras partidistas, aquí en Aguascalientes también se está replicando por parte de Gobierno del Estado y el IEA, a pesar de ser una administración panista). Las becas sin condicionamiento solamente le ayudan a quienes quieren ganar una elección.
Para lograr un cambio sostenido que mejore realmente la calidad educativa, la agenda pública y política debe concentrarse en el desarrollo de las y los estudiantes. Pero, mientras subsista este neocorporativismo sindical y el sector político siga optando por las políticas clientelares, no tendremos mejoras en muchos años más, así como también el proceso de deterioro del sistema público de educación seguirá avanzando.