El secretario del Ayuntamiento, Jaime Beltrán Martínez, puso a disposición todo el apoyo al Congreso del Estado para sacar adelante la reforma legal para que pueda funcionar en los 11 municipios de Aguascalientes la nueva modalidad de Justicia Cívica, tal y como lo exige el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Hoy en día, admitió que la reforma está atorada porque algunos diputados consideran que esta medida no es justa, pues obligaría a todos los municipios a transformarse en sus Direcciones de Justicia Municipales, ciertamente implica presupuestos para capacitación y remodelación de sus instalaciones.

En el caso del Municipio de Aguascalientes, dijo que ese cambio legal debe concretarse para que la Justicia Cívica pueda aplicarse ya en esta cabecera, la cual ha concluido con la capacitación y las remodelaciones físicas para aplicar la modalidad oral en la justicia administrativa.

“La capital de Aguascalientes se encuentra atada de manos si los diputados locales no concretan esa reforma a las leyes locales y de esta manera la Justicia Cívica quede blindada jurídicamente y pueda ser aplicada sin mayores demoras”.

Jaime Beltrán Martínez indicó que la Justicia Cívica implica cambiar los espacios cívicos y que haya salas orales para la recepción de los infractores administrativos. Desde que se haga el arresto se llenará un formato electrónico para que se cumplan las etapas que se marcan en este modelo y cuando el detenido llegue ante el juez municipal, éste tendrá una ficha con la información correspondiente.

“El juez municipal cívico atenderá los casos de modo presencial ante el policía aprehensor y el detenido, es decir se hace una pequeña audiencia para allegarse de toda la información pertinente. Esto implica cambios de fondo de la manera de operar a la Dirección de Justicia en la actualidad”, sostuvo el secretario del Ayuntamiento.

Sin embargo, los municipios del interior sí enfrentan un rezago en esta materia y ahí se encuentra el problema para que el Congreso del Estado avance con la reforma jurídica que es obligada por el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, pero hay que apoyar a las cabeceras municipales para que puedan avanzar en este ámbito, puntualizó.