El regreso a clases de manera presencial ha generado tal confusión, que a dos semanas de que se cumpla la fecha prevista para hacerlo se desconoce si se hará realidad o habrá que seguir posponiendo ese paso. En los últimos días se han echado opiniones encontradas, algunas con fundamentos y otras que sólo buscan notoriedad.

Como se ha informado a través de El Heraldo, el gobernador Martín Orozco Sandoval considera que existen condiciones para que se reabran las escuelas, máxime que ha sido vacunado todo el personal del sector educativo y una parte de los padres, además de que habrá una vigilancia permanente para que en cada plantel se cumplan las disposiciones sanitarias.

Actualmente se lleva a cabo la reparación general de las instituciones, que al estar cerradas por espacio de 14 meses fueron atacadas por vándalos y ladrones, obligando a una erogación millonaria para que estén en condiciones de dar servicio a los alumnos del nivel básico.

El mandatario no quita el dedo del renglón de que el 7 de junio se reinicien las clases con las aulas, luego de que las autoridades federales determinaron que la entidad esté en semáforo verde, por lo que se trabaja en ese sentido, aunque si en algún momento se detecta que un alumno o docente ha sido infectado por el coronavirus se suspenderá de inmediato el procedimiento en el grado correspondiente.

El director general del Instituto de Educación (IEA), Ulises Reyes Esparza, indicó que el 31 de mayo y 1 de junio se llevarán a cabo jornadas de sanitización en los planteles de educación básica, para lo cual a través del consejo técnico escolar se capacitó a 12 mil profesores y profesoras y a padres de familia, con lo que se confía que el 7 de junio sea el reinicio de clases de manera directa.

Por su parte la Sección Uno del SNTE ha manifestado que está de acuerdo, aunque para ello debe existir la seguridad de que se podrán impartir las clases sin riesgo alguno para la salud de los educandos, del profesorado y personal de apoyo, por lo que llegado el momento habrá una atención especial.

El que se ha mostrado renuente es el diputado Mario Armando Valdez Herrera, que en su calidad de ex secretario general exige “menos discursos y más recursos” con lo que se pueda atender la rehabilitación de las escuelas que han sido semidestruidas y se requiere que desde ahora se dote a cada lugar de lo necesario para concretar el protocolo sanitario, principalmente gel antibacterial, agua y jabón. Según el legislador, “el 70% de los planteles de primarias y secundarias públicas no podrán abrir sus puertas el 7 de junio”, debido a que serán utilizadas como casillas electorales un día antes, por lo que “tendrán que pasar por lo menos dos días para sanitizarlos, de ahí que estos casos abrirán sus puertas hasta el día 9”.

La coordinadora de la Asociación Bienestar e Integración Familiar (Bifam), Claudia Mayordomo Fernández, considera que el 35% de la población escolar del municipio de Jesús María podría dejar de participar en el año lectivo, como reflejo de que la educación a distancia provocó que una parte dejara de estudiar para dedicarse a trabajar y otra está disperso, lo que se observa en mayor grado a nivel secundaria, por lo que habrá que esperar a que se reinicie las clases presenciales para determinar las acciones a seguir.

GUANTAZO A DIPUTADOS

Aunque ya tienen callo en eso de meter la pata, los miembros de la LXIV Legislatura de Aguascalientes han dejado constancia que están dispuestos a defender a capa y espada que les consideren como el peor grupo de cuantos han tenido la llamada “representación popular”.

Son varios los asuntos que les han sido corregidos, principalmente por el Poder Judicial de la Federación (PJF), que nuevamente los puso en ridículo al ratificar la continuación en su puesto de la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado (PJE), Gabriela Espinosa Castorena, luego de que se les antojó negarle ese derecho y que obligó a la funcionaria a recurrir al máximo tribunal del país para que definiera lo que en derecho correspondía.

Es un asunto que ocupó los titulares de El Heraldo, al establecerse la sinrazón de la actitud adoptada por la mayoría de los diputados y las diputadas, que con aire de perdonavidas rechazaron el propósito de la licenciada Gabriela Espinosa de seguir en la labor que ha desempeñado por más de 15 años en el PJE, de manera particular uno de los principales opositores a ese opción fue un legislador que en el actual proceso electoral hizo trampa para buscar la reelección en un distrito diferentes al que le correspondía y que fue obligado, por la autoridad electoral, a enmendar la plana, lo que deja constancia de la calidad moral de este individuo.

El PJF ordenó al Congreso del Estado que publique un nuevo decreto, en el que se manifieste la ratificación en el cargo de la magistrada Espinosa Castorena, con lo que concluye el asunto que comenzó en octubre de 2020, cuando el Consejo de la Judicatura del Estado aprobó por unanimidad la continuación en su cargo, aprobación que por cierto también recibió de los representantes del Congreso acreditados ante dicho órgano.

EMPECINADOS

Con toda la formalidad posible los miembros de la Coparmex hicieron pública una cartita a los candidatos a diputados locales, en la que piden que quienes sean electos declaren públicamente que están dispuestos a combatir la corrupción y trabajar a favor de la transparencia.

Aunque en el escrito lo dirigen a “Todos los candidatos de elección popular”, lo que incluiría a los aspirantes a las once alcaldías y las tres diputaciones federales, porque ellos también son de “elección popular”, en el contenido de su esquelita se refieren únicamente a quienes pretenden convertirse en legisladores locales.

En once puntos definen lo que a su consideración deben cumplir los próximos diputados, documento que se hizo llegar a cada uno de manera digital en espera de que acepten la línea que les marcan y que una vez firmado harán que la acaten.

La Coparmex busca influir decisivamente en la próxima función parlamentaria, obligando a que se comprometa la LXV Legislatura a que se reformará la Ley de Asociaciones Público Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios del Estado y Municipios de Aguascalientes, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado y los Municipios.

Lo que puede echar por la borda ese propósito es que los diputados se deben a los partidos que representan ante el Parlamento, de manera que aun cuando ahora, apremiados por estar en la recta final de las campañas firmen el escrito, a la hora de que estén en la curul obedecerán las órdenes de quienes les dieron la oportunidad de estar becados por tres años.

SIN SOLUCIÓN

Encontrar un remedio definitivo al problema que enfrenta el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC) ha sido más difícil de lo que pensaba, por lo que ni el castigo a presuntos responsables de la situación que mantiene esta oficina ha sido suficiente para que se alcance ese propósito.

Las últimas semanas dejó de mencionarse el citado asunto, por lo que se conjeturó que había entrado en un proceso de reorganización, sin embargo la Secretaría de Desarrollo del Municipio de Aguascalientes (Sedum) lo replanteó, al asegurar que no ha podido cumplir con las metas de recaudación, correspondientes al primer cuatrimestre de 2021, en función que las empresas enfrentan obstáculos para llevar a cabo sus trámites ante el RPPC, lo que contiene sus proyectos.

La Sedum ha recaudado hasta ahora cerca de tres millones de pesos (mdp), cuando deberían de ser 4.5 mdp por concepto de constancias de alineamiento, de compatibilidad urbanística y de uso de suelo. La meta anual es de 9 mdp pero por el atraso a que obliga el Registro Público es factible que no se alcance.

Por lo que se refiere al número de trámites que comúnmente admite la Sedum, se ha recibido sólo la mitad y son por compatibilidad urbanística, alineamiento, uso de suelo, por divisiones y subdivisiones y traslado de dominio de predios.

Han transcurrido quince meses desde que –supuestamente- se dio el hackeo al RPPC y una de las dependencias afectadas ha sido la Sedum, al frenar las actividades que por ley debe cumplir, confinando los trámites y con ello se reduce la secuencia y el desarrollo administrativo de las empresas, por lo que se deja al margen a la Secretaría de Desarrollo Urbano.

Se calcula que el problema ha perjudicado al 50% de las operaciones relacionadas con los traslados de dominio y disposición de crédito, lo que provoca que los bancos actúen con extrema prudencia en materia de financiamiento, ya que no hay garantía ni certeza jurídica que ofrezca el RPPC.

Está claro que el mayor deterioro es a las empresas, y por ende a la Sedum, debido a que el Registro Público carece de antecedentes de los predios y que no haya eliminado gravámenes relacionados con créditos ya cubiertos, pero que siguen apareciendo, lo que provoca que se bloqueen las cuentas, de ahí que no se puede realizar ningún tipo de transacciones ni operaciones de compra-venta, causando un daño severo a quien trata de vender o de comprar.

Lo anterior lleva a que se paralicen los procedimientos de adquisición de viviendas, compra-venta de terrenos y que el Ayuntamiento, a través de la Sedum, deje de expedir constancias de alineamiento y de compatibilidad urbanística, lo mismo que por uso de suelo y lo concerniente al traslado de dominio y al uso de suelo, divisiones y subdivisiones.

Hace unas semanas que se dijo que todo estaba solucionado, sin embargo no bastó con el enésimo cambio de mando en el RPPC para que volviera a ser el organismo de garantía que fue en tiempos pasados y que por lo señalado en la Sedum la solución se reduce a simples declaraciones.

CONTRACCIÓN AUTOMOTRIZ

Las condiciones en que opera la industria automotriz a nivel mundial están lejos de ser las óptimas, lo que se debe a que no se ha logrado nivelar el abasto de componentes electrónicos procedentes de Asia, que en el caso de las armadoras que hay en Aguascalientes y de las empresas de autopartes obligan a que continúen los paros técnicos como una medida de protección.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz y Metalmecánica, Rogelio Padilla de León, reconoció que seguirá la suspensión de labores en días fijados por las compañías, tal como ha sucedido a lo largo del presente año, por lo que en junio se mantendrá esta situación y es casi seguro que también en julio.

Durante mayo fueron 7 días hábiles que en varias líneas de producción se dejó de laborar y existía la confianza que a partir de junio habría una solución al asunto de los componentes, pero no se ha logrado que los fabricantes asiáticos se pongan al día, hecho que perjudica enormemente a todo el sector internacional al limitar la producción de vehículos, justo ahora en que empieza a haber una luz al final del túnel tras el año 2020 perdido por la pandemia.

Es una situación sumamente difícil, apuntó el dirigente, porque “no se puede tener una estabilidad ni hacer una proyección a dos semanas. Se está haciendo prácticamente por semana y a veces en la misma semana se modifica y esto se debe a esta inconsistencia en la llegada de los componentes como por la contracción en los mercados”.

Dijo que se confía cerrar la producción del mes de mayo a un 75% de la capacidad instalada, lo cual es un porcentaje que permite que al menos el personal esté ocupado, restando los días que fueron obligados a descansar, pero que asegura que a la fecha no tenga que haber una reducción en la plantilla, que es la mayor preocupación del Sindicato, algo que “estamos salvando hasta ahora y eso es una gran ventaja, por lo que se pueden llevar a cabo algunas actividades si hay días de paro, lo que de seguir así persistiremos con el esquema que se ha negociado con las empresas”.

Vaya dilema el que se vive en la principal rama empleadora de Aguascalientes, que obliga a estar muy atentos a su desempeño, ya que de las condiciones en que esté depende en gran medida la actividad económica de la ciudad y el estado, por lo que ojalá pronto se solucione el problema de los componentes para que retome su nivel de producción.

INSISTEN

A cuatro días de que concluyan las campañas hay algunos candidatos que mantienen el ofrecimiento de días venturosos para la sociedad, lo que naturalmente no pasa de ser un engaño, porque se comprometen a resolver asuntos que no son competencia del Ayuntamiento ni de la diputación, sin embargo habrá quien se enganche y una vez que transcurra la elección se harán los olvidadizos.

Uno de ellos reitera en sus promocionales que habrá “borrón y cuenta nueva” a los deudores del agua potable, actitud que impulsa a que más personas dejen de pagar el servicio y llegado el caso les condonen el cargo, sin embargo –bajo el supuesto de que ganara quien así lo promete-, no está en el Ayuntamiento cancelar débitos que tengan particulares con empresas privadas, es tanto como si se promete a un abarrotero que le anularán el adeudo que tenga con un refresquera o una cervecera. Son asuntos en los que no tiene nada que ver la autoridad, sea del nivel que sea.

Otro partido promete que si el ciudadano vota por sus siglas y tiene problemas para conseguir empleo, automáticamente ya lo tiene, más no dice dónde ni cómo lo va a conseguir. Es difícil que un empresario acepte darle trabajo a quien su única carta de presentación es afirmar que votó por ese partido, lo que no le será fácil demostrarlo, pero al igual que con el caso del agua potable habrá quienes crean que pueden hacerse realidad esas promesas.

Además, para que se cumplan los compromisos que hoy asumen los candidatos deberán transcurrir al menos cuatro meses después de la elección y una vez que tomen posesión pasará un tiempo de adaptación en su nueva responsabilidad, de manera que si me viste no me acuerdo, será la respuesta que reciban los seducidos.