Priistas de primera línea están en un juego de vencidas, a pesar del poco tiempo que tienen para que su partido sea competitivo en las elecciones de 2018. Mientras que unos exigen la remoción de la nueva directiva del Comité Estatal, ésta respondió con la designación de sus colaboradores, con lo que da por sentado que están firmes en los cargos.

Por la importancia que entraña para la política local, lo que sucede en la finca de la avenida López Mateos y Cosío atrae el interés y más en los cuarteles de los otros organismos, que ven crecer sus posibilidades mientras los tricolores siguen enredados en conceptos excesivamente volátiles.

La elección del CDE es cosa juzgada para el Comité Ejecutivo Nacional, no obstante un grupo de militantes solicitó que se reponga el proceso por considerar que no se cumplió con lo estipulado en los estatutos, dándole un mes de plazo para que responda a su petición, sin precisar cuál será su reacción en caso de que sea rechazada o los ignoren.

Son figuras que ocupan cargos de relevancia nacional y local, tanto en la administración pública como en la representación popular, por lo que tienen un peso político que de seguir atrás de la línea puede ser fatal para la intención que hay en el Revolucionario Institucional de recuperar espacios.

La situación en que se encuentra el partido obligaría a sus integrantes a que hicieran a un lado sus resentimientos, para juntos tratar de cambiar el estado de cosas. Aunque se ha mencionado en varias ocasiones es necesario reiterar que el PRI ha perdido las dos senadurías de mayoría en las elecciones de 2000, 2006 y 2012 y en la de diputados federales no ganó ninguno de los tres distritos en 2012, consecuentemente ha tenido que conformarse con tener participación en las dos cámaras del Congreso de la Unión mediante la representación proporcional o plurinominales.

En estas condiciones, lo obligado sería trabajar intensamente para rescatar algunos de esos escaños, pero lejos de eso siguen con teléfono descompuesto, dispuestos a dar la batalla aún a costa de que los candidatos se queden a la vera del camino.

Por el tono que tiene la exigencia se nota que no hay contacto con el CDE, y a su vez que éste no ha logrado impulsar una reunión para buscar coincidencias que permita disminuir la tensión, también está clara la ausencia del delegado general del CEN, obligado a encontrar una salida y no esperar que venga algún enviado a hacer lo que estatutariamente le corresponde a él.

Mientras sigue la disputa acerba, que básicamente es por las candidaturas, los militantes no cuentan. No lo fueron para la elección del Comité Estatal ni los invitaron a respaldar la demanda de los inconformes. Todo ha sido a nivel de cúpulas, aún cuando lo que hacen unos y otros es en su nombre.

Las baterías se enfocan hacia la primera fórmula “plurinominal” del Senado y la que está reservada en la Cámara de Diputados, por considerar que es en donde tienen mayor chance, lo que en términos ciertos es dar por descontado que volverán a perder las de mayoría, cuando por un simple orgullo deberían de ser un objetivo esencial.

Asimismo, considerar que el PRI local tiene asegurado los espacios de la elección de representación proporcional es olvidarse que a nivel nacional los adversarios vienen empujando fuerte, por lo que de continuar las disputas pueden irse hasta el tercer lugar de las preferencias colectivas, algo que no ha sucedido en toda su historia pero que hoy lo asfalta el propio PRI.

DUPLICAR UN DERECHO

Llama la atención la iniciativa que presentó el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, para que se obligue a los partidos a incluir en sus candidatos a personas con discapacidad, puesto que es un derecho constitucional que tienen como ciudadanos, sin importar si tienen algún impedimento físico.

La propuesta pretende reformar la Ley General de Partidos Políticos, para que “se promuevan y protejan los derechos políticos de este grupo de población, de acuerdo con la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, de la cual México es parte.

En el planteamiento que presentó, la diputada Claudia Anaya Mota subraya que “desde 2010 representantes del PAN, PRI, PT, Verde Ecologista y Nueva Alianza firmaron el Acuerdo Nacional por los Derechos Políticos de las Personas con Discapacidad, para cumplir y hacer cumplir los postulados de la convención, la realidad es que para ellos dicho pacto es letra muerta”.

El propósito de la legisladora federal es que ningún ciudadano debe ser discriminado en el ejercicio de sus derechos políticos, por lo que el cambio normativo busca que todas las fuerzas políticas estén obligadas a facilitar la participación de este sector en las actividades propias de la militancia y al mismo tiempo garantizar el derecho a votar y ser votados.

La Constitución General de la República, en su Artículo 35, establece que son prerrogativas del ciudadano “votar en las elecciones populares; poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley; y asociarse para tratar los asuntos políticos del país”, además el Artículo 36 menciona que son obligaciones de los ciudadanos de la República, entre otras, “votar en las elecciones populares en el distrito electoral que le corresponda; desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los Estados, que en ningún caso serán gratuitos, y desempeñar los cargos de concejales del municipio donde resida, las funciones electorales y las de Gran Jurado”.

Bajo este marco, la Carta Magna no hace distinción de lo que es el ciudadano, por lo que sin excepción alguna, hombres y mujeres de 18 años o más, tienen esa calidad y pueden ejercer sus derechos cívicos, políticos y electorales y cumplir las obligaciones que correspondan en estas materias.

Por su parte, el artículo 2 de la Ley General de Partidos Políticos expresa que son derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos, en relación a los partidos políticos, asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país; afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, y votar y ser votado para los cargos de elección popular.

En sus Documentos Básicos, el PRI proclama que busca, “a través del ejercicio de la libertad, la democracia, la justicia social y la tolerancia, el México incluyente en que cada mexicano y mexicana pueda reconocerse como parte de la nación (…), a la vez impulsamos un concepto de nación que implique la realización y el desarrollo de la ciudadanía” y está en contra de cualquier acción que impida la inclusión de todos los mexicanos y mexicanas en tareas públicas y en la justa aspiración a cumplir la realización de sus anhelos.

Por lo descrito, más que reformas o “parches” a la ley, únicamente se requiere es que no sólo el PRI sino todos los partidos hagan partícipes en tareas sustantivas a las personas con alguna discapacidad, que tienen los mismos derechos y obligaciones de los demás ciudadanos.

PERSONAS DE TALLA BAJA

Este 25 de octubre se conmemora el Día Mundial de las Personas de Talla Baja, por lo que un lector de este Diario pide que se hagan algunos cambios en el mobiliario urbano y en los servicios que se ofrecen en lugares públicos. Ricardo Ruiz de la Serna, como se identificó vía telefónica, dijo que a sus 38 años de edad ha pasado momentos desagradables por no poder subir o bajar bien las gradas de una oficina, o llegar a un segundo piso, ya que están planteadas para personas estándares, por lo que propone espacios adecuados para ellos, como sería rampas, lo mismo que elevadores en edificios y oficinas de dos o más pisos. También que en los sanitarios se coloquen mingitorios y lavabos apropiados, entre otras adecuaciones para que este sector de la sociedad pueda desempeñarse sin problema alguno. Ojalá que se tome en cuenta las propuestas y otras y haga efectiva su inserción en las actividades comunes.