La renuncia de Oscar Fidel González Mendívil a la Fiscalía de Aguascalientes forma parte de un acuerdo no escrito de cuatro administraciones estatales que asumieron el cargo en 2016, por lo que sigue el camino que emprendieron sus homólogos de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo.

Desde las campañas se filtró el malestar de varios candidatos en contra de los gobernadores en turno, por haber designado un fiscal o procurador a modo, lo que llegado el caso entorpecería las investigaciones que tuvieran lugar en caso de encontrar alguna anomalía.

Luego de que se conoció el resultado de las elecciones de junio pasado, González Mendívil se mantuvo en su dicho: que cumpliría la encomienda hasta febrero de 2018, período para el que fue electo por los diputados, sin embargo los rumores crecieron conforme se acercaba el mes de diciembre y a partir de que entró el nuevo gobierno se dio como un hecho que en cualquier momento desistiría, lo que finalmente anunció el lunes pasado al citar que el último día será el martes próximo.

Concluye así poco más de 17 meses al frente de la institución, luego de que el Congreso del Estado lo ratificó el 8 de julio de 2015 como titular de la Fiscalía, con lo que se dio entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General abrogándose la Ley Orgánica del Ministerio Público, consecuentemente desapareció la Procuraduría General.

De cualquier manera tenía encendida otra vela, al conocerse en su natal Sinaloa que el nuevo gobernador Quirino Ordaz Coppel lo integraría a su equipo, entidad en la que ya tuvo el mismo cargo en el sexenio de Juan Millán Lizárraga y que de concretarse le correspondería cumplir un procedimiento igual al que llevó a cabo aquí, de encabezar la Procuraduría para que luego se convirtiera en Fiscalía.

El regreso a Sinaloa no será en las mismas condiciones que estuvo, ya que actualmente hay una lucha muy intensa entre grupos delictivos de alto nivel que involucran a estados vecinos, por lo que tendrá que aplicar otras estrategias para cambiar el estado de cosas.

Aunque en la renuncia afirma que la coordinación de las instituciones de justicia y seguridad pública “garantiza la tranquilidad que prevalece en el estado”, la realidad es muy distinta ante la presencia de los cárteles del narcotráfico, lo que ha dado origen para que sigan los asesinatos de presuntos distribuidores de droga y narcomenudistas, lo mismo que el decomiso de paquetes a cargo de las fuerzas federales, muestra inequívoca que la venta y consumo crece y que Aguascalientes es parte del trasiego en las distintas modalidades de enervantes.

Es un puesto que por alguna razón atrae, pese a lo azaroso y resbaladizo que es, por lo que ya hay varios interesados en formar parte de la terna que presentará el mandatario estatal al Congreso, que por su parte debe validar al que considere el idóneo.

SALARIO EXIGUO

El salario que reciben los trabajadores no corresponde con la realidad económica, hecho que constituye una violación flagrante al Artículo 123 Constitucional y que se arrastra desde la promulgación de la Carta Magna, por lo que en gran medida explica el porqué la clase obrera no puede superar su condición

El Constituyente de Querétaro estableció en 1917 que “el salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador, será el que se considere suficiente, atendiendo las condiciones de cada región, para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia”.

En el texto vigente se dispone que el salario sea suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia “en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos”.

Para la Confederación de Trabajadores de México, en voz del secretario de Acción Política, Fernando Salgado Delgado, “el salario simplemente no nos alcanza”, por lo que “no hay más subsidio en México que el salario, cada trabajador subsidia porque no corresponde al esfuerzo y la calidad del trabajo, nunca como hoy se trabaja más horas, nunca como hoy desde que nació la Constitución se gana menos por más trabajo”.

Cada vez que el obrero exige mejor ingreso le recuerdan desde el gobierno y las empresas que “no están dadas las condiciones para elevar las percepciones”, por lo que debe ser solidario con la situación que prevalece y esperar mejores días, sin embargo han transcurrido 100 años sin que viva ese nuevo amanecer.

Son de las cuestiones que no tienen una explicación lógica, porque si la ley dispone una paga que vaya de acuerdo con el escenario económico y ésta no se da, los perjudicados pueden recurrir ante la justicia, sin embargo los sindicatos se encargan de evitar que las aguas se desborden.

Por su parte la Comisión Nacional de Salarios Mínimos debe vigilar que se cumpla al pie de la letra el enunciado pero no lo hace para cuidar la planta productiva, a pesar que en la misma participan representantes del sector obrero que en teoría deberían alentar mejores condiciones para sus compañeros.

Asimismo, las reformas que han tenido lugar a la Ley Federal del Trabajo sólo buscan elevar la productividad y las responsabilidades de los trabajadores, sin que a la par se asuma un compromiso que favorezca el nivel salarial, por lo que actualmente ni con dos salarios mínimos se puede atender adecuadamente las necesidades de la familia.

Esto lleva a otro escenario igual de sensible, como la deserción escolar, que se hace de manera temprana para que la o el joven contribuyan al sostenimiento del hogar, lo que propicia el encadenamiento de la pobreza ya que llegado el momento se casará y repetirá el mismo procedimiento.

De poco sirve que el Artículo Tercero Constitucional ordene la obligatoriedad de cursar hasta el bachillerato cuando en la casa no hay para sufragar los estudios, por lo que a lo más que se llega es a la secundaria, que en términos reales sirve para que desde su juventud sea uno más de los asalariados.

Por el bien del país debe haber un cambio que asegure superiores circunstancias de vida a los obreros, que además sirva para que crezca el circulante y a su vez eleve la producción, es una cadena de beneficios que solamente se logrará cuando los portadores del capital acepten que en ellos está la mudanza social.

RECLAMAN TAXISTAS

La disposición legal para que los vehículos de alquiler tengan un período máximo de servicio no es del agrado de este gremio, al considerar que hay unidades en buen estado físico y mecánico, por lo que resulta un despropósito que se les obligue a adquirir uno nuevo. En todo caso, afirman, se debe supervisar periódicamente en qué estado están y obligar al cambio sólo aquellos que representen un peligro para los usuarios. Además, exigen que el gobierno informe en qué situación jurídica están los vehículos particulares que se utilizan como taxis, puesto que a ellos no se les controla las unidades y tampoco el cobro que hacen, ni los choferes tienen que hacer un examen y obtener el gafete, que a ellos sí les exigen.