Por Jesús Alejandro Aizpuru Zacarias
A 136 días de las elecciones de junio próximo, y ante la realidad violenta que se vive en gran parte del país, surge esta interrogante: ¿Será que las votaciones están riesgo? La cuestión va más allá de la celebración de los comicios, aunque existen estados de la república (tal es el caso de Aguascalientes) que viven un panorama distinto en materia de seguridad, existen regiones como la de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas que han sido azotadas por la violencia a un grado verdaderamente preocupante donde el estado de derecho no es lo que predomina.
El riesgo de llevar a cabo elecciones, no versa precisamente en la imposibilidad física para organizarlas (que de por sí genera dificultades), sino en la capacidad institucional para garantizar las condiciones mínimas de paz y seguridad, en las cuales impere el estado de derecho y el respeto por los derechos humanos, fomentando así, elecciones libres que arrojen una genuina expresión de la voluntad; es decir, los organismos rectores de los comicios deben garantizar una integridad electoral, y no por el contrario elecciones viciadas de origen que atentan contra la democracia y lo único que producen son gobiernos impuestos por caciques, por el crimen organizado, por el dinero del narco, pero no por la voluntad popular.
El buscar empeñarnos en llevar a cabo los comicios en esas regiones, sin tener en cuenta las condiciones mínimas que deben garantizarse para desarrollarlos en un ámbito verdaderamente democrático, solo empeoraría la situación que ya viven y que para nada es halagadora, la lógica sugiere que los gobiernos que emanen de los comicios en los cuales no se garantizó una integridad electoral, serán gobiernos fallidos, esto, porque se encuentran viciados de origen y por ende carecen de legitimidad por parte de los electores.
Es un deber institucional garantizar las condiciones mínimas para poder elegir a quienes nos gobiernan. Sería una irresponsabilidad por parte de las instituciones realizar los comicios sin contar con las condiciones mínimas de paz y seguridad que den certeza jurídica a la ciudadanía de que quien resulte electo fue en verdad electo por la voluntad popular y no por un grupo de delincuentes.
Ejemplos sobran de lo nocivo que ha sido para estados como Guerrero y Michoacán el no contar con los elementos necesarios para garantizar ese derecho fundamental, es por ello, que las instituciones, los partidos políticos y los ciudadanos debemos actuar con la responsabilidad debida y estar conscientes de que el solo hecho de llevar a cabo los comicios, no garantiza un ejercicio democrático, mucho menos una verdadera participación ciudadana, por el contrario, más que abonar al fortalecimiento institucional, fomentarían la ingobernabilidad de dichos estados.
Esperemos que los encargados de coordinar las elecciones, así como los actores que participaran activamente, tengan la madurez, pero sobre todo el compromiso, para tomar las decisiones que más abonen a recuperar el estado de derecho de esas regiones.
Por mi parte es todo, amable lector, como acostumbro, le agradezco el valor de su lectura, y lo espero una vez más la próxima semana.
