RODRIGO AVALOS ARIZMENDI

Sin duda que causó sorpresa lo dicho por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cuando pidió paciencia luego de lo que sucedió con los fiscales que estuvieron en la llamada “Audiencia Inicial” en la que compareció Javier Duarte acusado del delito grave de asociación delictuosa y el delito no grave de uso de recursos de procedencia ilícita ante el juez federal en el Reclusorio Norte. Obviamente que lo anterior ha desatado una cantidad enorme de críticas. Osorio Chong salió al paso y dijo que había que tener fe en la institución, que no es por unos cuantos hombres o algunos fiscales que hayan mostrado cierta novatez o descuido en tratar de analizar las carpetas del caso. “Y que no es por ellos que se va a juzgar a toda una institución de hombres y de mujeres de servicio y de bien en México”. Lo anterior es a lo que nos ha conminado el Secretario de Gobernación y creo que tiene mucha razón en defender la institucionalidad de la Procuraduría General de la República, pero también tendríamos que apegarnos a esa función permanente que tiene el Ministerio Público Federal y simplemente recordar, porque vale la pena hacerlo ahora, cuantos han sido los casos en los cuales la Procuraduría, institucionalmente defendible, a equivocado el tino de sus investigaciones y ha elaborado expedientes de manera realmente lamentable. No sabemos si exista otra institución en la administración pública mexicana, que haya recurrido en algún momento de su historia al lenguaje de la brujería para inculpar a una persona de homicidio, como ocurrió cuando era Procurador Lozano Gracia y se contrataron los servicios de una vidente, “La Paca”, para que enseñara un cráneo apócrifo y para que dijera que en determinado lugar habían matado a un señor, pero luego resultó que ese cráneo era de otra persona y lo habían ido a “sembrar” ahí. Y no podemos olvidarnos del paso por la Procuraduría General de la República de la señora Maricela Morales y el gran ridículo absoluto que se hizo con el “michoacanazo”.

La Procuraduría merece confianza pero también merece memoria y lo que vimos en este caso en donde el Juez Gerardo Moreno les tiene que decir a los fiscales que llevan la primera audiencia en un caso tan sonado y tan atendido por la opinión pública, como es el caso de Javier Duarte, frente a cuyos despojos del patrimonio veracruzano Alí Baba y los otros cuarenta se habrían quedado chiquitos, pues simplemente que los números no les cuadran y que lo que ellos presentaron por un volumen gigantesco terminó reducido a una cantidad realmente manejable a la cual no nos podíamos referir de manera despectiva como cifra menor, porque son bastantes millones de pesos los que se ponen en esos expedientes ya de manera casi probada, que fueron desviados o que fueron mal aplicados por la administración de Duarte. Pero lo que estamos viendo es que si en un caso en el que hay tanta atención mediática y tanto interés público la Procuraduría no se esmera y manda a sus mejores funcionarios, abogados y fiscales, difícilmente podrá llevarse el mérito de haber conducido una investigación no como la demandan las redes sociales, o la demanda del linchamiento de Javier Duarte, sino como lo demanda la ley, que es la que debe conducir uno por uno todos los pasos del Ministerio Público para lograr que se haga una investigación exacta, minuciosa, detallada, precisa, que permita acusar sólidamente a Javier Duarte, e impedir que se escape por alguno de los rincones y de las rendijas que pueda encontrar en la ley, sobre todo si esas rendijas se plantean y se presentan por la mala actuación de los servidores públicos encargados de armar un caso solido, indestructible.

En este caso lo que brinca es que las autoridades tuvieron para integrar un expediente sólido 276 días, a partir del momento en el que se dio la fuga impune del que fue gobernador de Veracruz, que anduvo a salto de mata hasta que llegó a Guatemala en donde fue capturado y luego todo el espectáculo películesco de su captura y confinamiento en una prisión dentro de un cuartel militar, custodiada por elementos de la policía guatemalteca, pero finalmente dentro de un cuartel. Para todo esto pasaron 276 días.

Cuando vimos el lunes pasado, en esa “Audiencia Inicial”, así se llama técnicamente, como se plantearon por parte de los ministerios públicos de la PGR, cifras confusas, deshilvanado todo, técnicamente deficiente, inmediatamente se suscita inevitablemente la suspicacia: “Esto es un arreglo”, “Ya estaba pactada la entrega”, lo cual no es cierto o por lo menos no se ha aprobado que sea cierto, pero esto provoca que el propio Secretario Osorio Chong salga al quite y diga las cosas como él las está viendo.

Evidentemente no se ha probado una negligencia voluntaria de nadie, ni podría probarse. Sería muy difícil que se llegara a ese punto. Pero lo que sí se vio es que hay un abogado defensor muy hábil, de colmillo retorcido, pero ese abogado defensor no está sometido al escrutinio público, porque es un señor que está ejerciendo su profesión y está sirviéndole a su cliente, y usando todo lo que puede y va a meter un sinfín de recursos porque la misma ley le permite recurrir a todas las argucias y a todo lo que él quiera. Para eso es abogado, para defender e interceder y beneficiar a su cliente. Pero la responsabilidad social es del Ministerio Público. La responsabilidad política es de la Procuraduría General de la República.

Actualmente venimos de un caso muy estrepitoso de la PGR, cuando el propio gobierno rechazó la versión de un caso fundamental para la evolución en México del prestigio de la PGR, que fue el caso de Iguala. El Ministerio Público y el Procurador condujeron una investigación exhaustiva de un caso y ese caso se les cayó tanto que fue necesario quitar al Procurador y descreer de su verdad histórica.

El caso de Duarte es sin duda el caso más escandaloso, en términos de corrupción de una autoridad, del sexenio. Y no solo es el caso Duarte donde hay pendientes en ese sentido de escándalos de corrupción. Hay encarcelados en México cinco ex gobernadores: Javier Duarte, Mario Villanueva que está en el penal de Morelos, a donde probablemente vaya a dar Duarte, este centro de atención psicológica para las personas que tienen una deficiencia mental; está el caso de Andrés Granier a quién le podrían dar arresto domiciliario; esta Jesús Reyna quién fuera gobernador interino del Estado de Michoacán y está el asunto de Guillermo Padrés, ex gobernador del Sonora. También tenemos a Tomás Yarrington que está capturado en Florencia, Italia, y a punto de ser extraditado a los E.U., y también tendrá que comparecer en México. Está también el caso de Roberto Borge, detenido en una cárcel de Panamá. Él está también por enfrentar cargos en México, con un proceso de extradición que está por empezar. Están prófugos César Duarte quién fue gobernador del Estado de Chihuahua y Jorge Torres quién fue gobernador interino del Estado de Coahuila y sobre quien también hay delitos que perseguir. Están siendo investigados Humberto Moreira que fue gobernador de Coahuila; Eugenio Hernández, que fue gobernador de Tamaulipas y que también está acusado por las autoridades de E.U, por delitos de narcotráfico. Están sujetos a proceso Flavino Ríos, que fue el gobernador que sustituyo unos cuantos días a Javier Duarte y está también Rodrigo Medina ex gobernador de Nuevo León, quien estuvo unas horas en la prisión y salió y va y viene, entra y sale y atiende su proceso en libertad. Y están siendo investigados también Gabino Cue, que fue gobernador en el Estado de Oaxaca por parte de la alianza PRD-PAN,  y también Fidel Herrera, gobernador priísta de Veracruz antes de Javier Duarte.

La anterior es la razón por la cual se tienen que hacer las cosas con todo profesionalismo, con toda eficiencia en el proceso de Javier Duarte, y no dejar ningún espacio para la suspicacia de que pueda haber un arreglo y que se están presentando las cosas de manera deficiente para que el caso se caiga y la condena sea muy pequeña y éste hombre salga en libertad en muy poco tiempo. Aquí lo que le preocupa al supremo gobierno es reavivar la sospecha de que la entrega fue pactada y poner en evidencia la debilidad institucionalidad, y la única manera de que eso no ocurra es haciendo las cosas visiblemente bien, notablemente con el profesionalismo que debe tener una institución añosa y con algunos grandes momentos y no darle la razón a un ex Procurador que el día que se fue después del horror que vio cuando estaba adentro, salió diciendo: “Aquí todo está podrido”, se llamaba Jorge Carpizo.