Por: Dra. Ednna Milvia Segovia Miranda

Los crímenes de lesa humanidad son considerados crímenes internacionales, guardan una estrecha relación con graves violaciones a derechos humanos y los hallazgos de fosas clandestinas en nuestro país ha sido una de las muestras más claras de esta crisis.

Desde el punto de vista forense y penal, es importante tener una correcta conceptualización respecto a qué es lo que se está entendiendo como fosa clandestina, para poder estar en posibilidad de estimar la magnitud de este fenómeno violento. Desde un enfoque transdisciplinar y atendiendo a nuestro contexto nacional, se ha construido una definición de “fosa clandestina” (al no existir una definición formal ni un estándar claro) como “cualquier sitio en el cual se enterraron, arrojaron o colocaron uno o más cadáveres, osamenta y/o restos humanos, de manera ilegal, con el propósito de ocultar el paradero de una o más personas, dificultar o imposibilitar su localización y/o identificación, destruir evidencia, o bien, entre otras cosas, evitar que las autoridades puedan investigar o sancionar las razones y/o las modalidades de tales actos”. Por lo que, no se debe confundir el término de “fosas clandestinas” con el de “fosas comunes”, ya que estas últimas “son lugares legales, como el caso de los panteones, en los cuales las autoridades inhuman (entierran) cuerpos humanos de manera colectiva no individualizada, esto es, sin sepultura propia, sea que se conozca o no su identidad en vida”. Por otro lado, la Comisión Nacional de Búsqueda, en su Proyecto de Protocolo Homologado de Búsqueda, ha introducido otro concepto que es el de “contexto de hallazgo de restos humanos”, que es un “sitio donde ilegalmente han sido depositados, degradados, ocultados o transportados restos humanos no arqueológicos, siendo las propias fosas clandestinas uno de estos sitios pero también los pozos artesianos, las cavernas, los tiros de minas, los cuerpos de agua, los basureros, los inmuebles habitacionales y los sistemas de drenaje”.

Ha sido a través de las brigadas de búsqueda ciudadana, donde los deudos han tenido que convertirse en activistas, en verdaderos “forenses ciudadanos”, que, con pico y pala, con sus propias manos han recorrido campos y montañas para encontrarse frente a frente con la muerte en la peor de sus expresiones, logrando visibilizar los hallazgos de decenas de entierros clandestinos, pero también la indiferencia de los poderes políticos hacia su dolor común. Todas las personas que sufren la desaparición de un ser querido sufren una situación aguda de estrés y aquellas que permanecen tiempo sin localizarles se sitúan, además, frente a un duro reto emocional: una persistente incertidumbre sobre el estado de su ser querido.

Se tiene la idea que cuando una persona desaparecida es recuperada con vida, todo ha acabado, que ya no tienen justificación para el dolor, pero no es así, ya que por el tiempo transcurrido los familiares tuvieron que gestionar su vida, su patrimonio y sus responsabilidades con el sufrimiento a cuestas, y casi sin vitalidad todos los involucrados requerirán de apoyo especializado para intentar recuperar sus vidas; por el contrario, cuando el desaparecido no ha sido encontrado con vida, sino cadáver, la situación es dura. Se trata del final de toda esperanza, de todo esfuerzo, de todo sentido de búsqueda, de enfrentar el verdadero proceso de duelo, de lograr la adaptación a una vida en la que la persona querida ya nunca estará presente. Ambos calvarios continúan siendo hechos recurrentes y extendidos dentro de la mayoría de las entidades del país.

Las fosas, comunes o clandestinas, ensordecen con su silencio; nos refrendan la impotencia, la amenaza y el sufrimiento: los cadáveres encimados unos con otros, la repetición de huesos fragmentados, cabezas cercenadas; son sitios donde se echa por tierra la impunidad y a los ojos de nuestra razón, sitios de la doliente normalización de la violencia en México.

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