RENÉ URRUTIA DE LA VEGA

 Las últimas cifras con que se cuenta arrojan que el índice de impunidad en México es de 94.8% a nivel nacional.

“En su versión literal, impunidad significa ausencia de castigo”[1], para ser más acordes con la terminología jurídica, la impunidad es ausencia de consecuencias penales conforme a la norma vigente, lo cual es verdaderamente un problema de fondo si consideramos que el orden jurídico existe con la finalidad de mantener un orden en la convivencia en cualquier comunidad, de donde se desprende que, al no darse el cumplimiento de la norma y generarse espacios tan amplios de impunidad, no existe orden. Podemos decir que “cuando esto ocurre, la noción misma de justicia, sustento esencial de la convivencia democrática, se ve profundamente distorsionada”[2] evidenciando el terrible daño que la impunidad causa directamente a la justicia en una comunidad que, con una justicia lacerada por el infame fenómeno de la impunidad en niveles como el que ahora experimentamos, se convierte en un espacio prácticamente inhabitable.

De acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2020 (IGI 2020) México aparece en el lugar número 60 de 69 países evaluados, considerando que, “lo que el estudio refleja, es la fragilidad de las instituciones de justicia en nuestro país, la falta de capacidades y sus problemas de funcionamiento”[3] y es precisamente en este punto en donde debemos centrar nuestra atención al hablar de impunidad, en la fragilidad de nuestras instituciones.

Este enorme tema de la impunidad se presenta en forma grave ante la ausencia de un adecuado funcionamiento del Sistema de Justicia Penal, algo en lo que hemos insistido férreamente desde hace muchos años y sobre lo que se han generado múltiples análisis durante las últimas décadas y que cada vez cobra mayor actualidad. Lo que hace falta en nuestro país no es que se sigan generando nuevas leyes y seguir cambiando las leyes existentes con una visión únicamente de populismo penal pretendiendo que, por ese solo hecho, la realidad en materia de justicia pudiera cambiar en la forma y medida que se requiere, por el contrario, lo que verdaderamente es una necesidad apremiante y cada vez más urgente es que las leyes existentes –tanto las leyes sustantivas como las normas adjetivas o procesales–se apliquen propiciando una operación del Sistema Penal que genere progresivamente resultados en la investigación de las conductas antisociales previstas como delitos, así como en la impartición de justicia y en la ejecución penal, que son las etapas principales por las que transita el Sistema de Justicia.

A seis años de que entró en vigor de manera general en México un nuevo sistema de justicia penal de corte eminentemente acusatorio, en el que aplican principios fundamentales que podrían, de ser aplicados correctamente, generar condiciones de verdadera mejora en el proceso penal ampliamente dicho y, en consecuencia, en el retroceso de los índices de impunidad, tal parece que no hemos aprendido mucho y tampoco hemos despertado de la pesadilla de la contrarreforma penal y del berrinche generado por la falsa idea de que sin cárcel no hay justicia[4] y seguimos enfrascados en una falacia que no nos permite ver la oportunidad que tenemos frente a nosotros si nos enfocamos en hacer las cosas bien y en aplicar la norma existente, con todo lo que ello implica.

La coordinación y articulación efectiva entre las instituciones de seguridad y justicia son uno de los puntos clave fundamentales para revertir los índices de impunidad, el fortalecimiento institucional en lo individual y como sistema de justicia de las Policías (municipales y estatal, en el plano local), del Ministerio Público y sus órganos auxiliares (Policía de Investigación, Servicios Periciales o Forenses y Analistas de Información), de la Defensoría, de los Asesores Jurídicos de Víctimas, del Poder Judicial (Jueces de Control y de Ejecución Penal) y del Sistema Penitenciario, por mencionar sólo las entidades principales, sin dejar de considerar que dentro de cada una de estas instituciones se albergan funciones fundamentales en la operación del Sistema Acusatorio que tampoco han logrado funcionar como se requiere para un funcionamiento eficaz del sistema, como lo son los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en Materia Penal(MASC), las Unidades encargadas de la Supervisión de las Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional del Proceso (UMECA) y las Unidades Facultadas para el Procesamiento del Lugar de los Hechos, entre otras.

Los altos índices de impunidad (que se agravan potencialmente si, además, consideramos el enorme tema de la cifra negra) evidencian la carencia de un verdadero Estado de Derecho en el que debería prevalecer el fortalecimiento de las instituciones y el cumplimiento de la norma,donde la nota de avance se genere a partir de esquemas virtuosos y estrategias basadas en una política criminológica para que se impida que los protagonistas sean las personas y se propicie que ese protagonismo se sitúe en las instituciones en sí mismas y como partes en de un sistema.

rurrutiav@urrutiaconsulting.com.mx

[1]Wilder Tyler. “La Problemática de la impunidad y su tratamiento en las Naciones Unidas – Notas para la reflexión –“. Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Nueva York, 1997.

[2]Idem.

[3]https://theglobalamericans.org/2021/01/mexico-en-la-medicion-de-la-impunidad-del-indice-global-de-impunidad-2020/.

[4]https://www.heraldo.mx/puede-haber-justicia-sin-carcel-fiscal/ “Puede haber justicia sin cárcel: Fiscal”. El Heraldo de Aguascalientes. 16 de junio de 2017.

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