El voto abrumador de los ciudadanos expresado el 2 de junio permite varias lecturas. Una de ellas es que la oposición en este país ha dejado de tener ofertas políticas atractivas para la población, que ha rechazado volver al pasado mediante el proceso electoral. Una segunda lectura se centra en las perspectivas de la población sobre su futuro inmediato. Sin embargo, existe una tercera lectura de la cual hablaremos al final de estas líneas y que resultará crucial para la supervivencia del régimen.

Cansados de excesos y desencantos cometidos por la clase política de antaño, los ciudadanos fueron contundentes al negar la posibilidad de una vuelta al pasado. El modelo de un partido único de Estado se agotó desde el año 2000; la alternancia es ya una realidad cotidiana para las nuevas generaciones de mexicanos, pero el multipartidismo muy probablemente esté en vías de extinción. La oposición ya no tiene nada que decir ni ofrecer en este momento histórico; le corresponde ahora, a la oposición –o lo que queda de ella- hacer una profunda reflexión autocrítica sobre sus excesos políticos.

La ciudadanía, al darle los votos necesarios al partido del presidente de la república para obtener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, casi control total de la Cámara de Senadores y 27 entidades federativas, ha mirado hacia el futuro. Confía en que las políticas implementadas hasta ahora se traduzcan en un mejor bienestar en la vida diaria. Sin embargo, los recientes acontecimientos sugieren que el resultado del macro poder político que tendrá la virtual presidente electa y su partido podría representar una amenaza para la vida democrática e institucional del país.

Una vez conocido que los resultados del Programa de Resultados Preliminares eran irreversibles, se anunció lo inminente: se insistiría en votar la reforma constitucional (propuesta en febrero de este año y rechazada por la Cámara de Diputados), para reformar el sistema judicial mexicano a fin de que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular y directo.

En este mismo espacio hemos planteado una y otra vez lo contraproducente de la medida para la vida democrática del país. Así lo escribimos en «La última de las fantasías»: «Lleva muchos años y recursos formar a jueces y magistrados. Años de lecturas incesantes de expedientes, de conocimiento teórico, de actualización de criterios jurídicos y de reformas a los textos normativos, de desarrollo de capacidades de dirección y gestión de recursos y personal. Existe un gran andamiaje de consejos de la judicatura, escuelas judiciales e institutos de capacitación que garantizan la vanguardia en el conocimiento jurídico y la designación de las personas mejor preparadas para los puestos de impartición de justicia. Se plantea ahora que todo eso se cambie por campañas y voto popular. Esta última fantasía de elegir jueces y magistrados mediante voto popular pone de manifiesto algo terrible: el desconocimiento de la naturaleza y función del Poder Judicial Federal».

Pero la iniciativa de reforma no solo se refiere a ministros, jueces y magistrados federales. El artículo octavo transitorio de la iniciativa de reforma establece que las entidades federativas tendrán un plazo de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto correspondiente para realizar las adecuaciones a sus constituciones. Esto coincide con la primera página de la exposición de motivos de la iniciativa, que anticipa: «La presente iniciativa tiene por objeto reformar el sistema judicial mexicano».

No es una reforma exclusiva para la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Poder Judicial Federal, sino para todos los poderes judiciales del país. Esto subraya la magnitud de la propuesta. Todos los jueces del país serán elegidos por voto popular y directo. Pero, ¿cuál ha sido el diagnóstico para proponer algo así? La iniciativa no contempla ningún estudio sobre ningún poder judicial de ninguna entidad federativa. Todo el análisis se centra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación. Aquí comienza el sesgo. Se nos habla de los excesivos sueldos de los Ministros (de los que no goza ningún juez ni magistrado a nivel estatal) y se nos explica que, de un total de 53,737 trabajadores del Poder Judicial Federal, 2,377 (equivalente al 4.4%) perciben salarios superiores al del Presidente de la República. Pero, ¿esa es la realidad del sistema judicial mexicano? ¿El 4.4% del Poder Judicial Federal, dada su remuneración, justifica renovar todo el sistema judicial mexicano?

Desde nuestra perspectiva, eso es solo el pretexto. Es revelador que la iniciativa insista en destacar aspectos –a su parecer nocivos- de la figura jurídica de la suspensión en la ejecución de las leyes que se analizan en el procedimiento de declaración de inconstitucionalidad. Para el régimen, es indispensable que no exista ese contrapeso en la puesta en marcha de sus iniciativas de ley, por lo tanto, la iniciativa propone eliminar esa facultad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces se revela el verdadero sentido de la iniciativa: el control político.

Esta pretensión de control político queda plenamente de manifiesto con la esencia de la iniciativa: el voto popular y directo de ministros, magistrados y jueces federales y estatales. El procedimiento sería el siguiente: El Poder Ejecutivo Federal propondrá 10 nombres, la Cámara de Diputados otros diez nombres y la Suprema Corte de Justicia otros diez nombres más para confeccionar una lista que deberá ser revisada y avalada por el Senado. La lista definitiva se turnará al órgano encargado de realizar la votación. Los ciudadanos serán convocados a votar a ministros de entre los nombres de la lista definitiva. Para jueces y magistrados federales, la lista será de dos nombres por plaza que se deba ocupar.

Es evidente que la pretendida vocación democrática de la iniciativa es en realidad una fachada. ¿Cuál sería la razón para impedir que un abogado que cumpla los requisitos constitucionales y legales para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez o magistrado se inscriba directamente en una lista de elegibles ante el órgano electoral y pueda ser votado por los ciudadanos? ¿Por qué deben los ciudadanos elegir de entre una lista propuesta a medida por los poderes políticos? La respuesta es siniestra: porque de lo contrario no habría manera de controlarlos.

Lo que durante años exigió el actual titular del Ejecutivo Federal se ha convertido en su peor pesadilla. Un sistema judicial mexicano robusto, maduro, autónomo, profesional e independiente tanto a nivel federal como estatal se alza frente a él y no se somete. Y eso es el único pecado político que jamás se puede perdonar en el sistema político mexicano. Ya lo señalábamos en «Objetivo: la Corte»: «Resulta un tanto extraño que el diagnóstico que durante tantos años se hizo (acertadamente, por cierto) sobre la necesidad de un Poder Judicial Federal autónomo e independiente sea hoy la principal queja de la clase política. Pero es terriblemente kafkiano que las propuestas dirigidas hacia el máximo tribunal de justicia se conviertan en una especie de ‘eterno retorno’, como hablaba Nietzsche».

La tercera lectura de las elecciones del 2 de junio le corresponde hacerla a la Cuarta Transformación. Creer que se les ha dado un cheque en blanco por parte de la población para reinventar el país a su antojo es una lectura equivocada. La confianza que el país ha depositado en ellos tiene como eje preservar lo que funciona y superar las inercias. El voto que se les dio no es un salvoconducto para secuestrar la toga de jueces y magistrados que, día a día, han contribuido desde sus resoluciones en sus respectivas trincheras a fortalecer a México con una democracia sólida, sustentada en el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Cuando se apruebe esa reforma, estaremos presenciando el inicio del fin de la Cuarta Transformación, porque tal como lo sabemos, quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y el pueblo de México ya ha visto esta película. Ningún régimen se sostiene cuando les da la espalda a las personas.